Sanidad niega el colapso en las Urgencias de Gran Canaria y anuncia obras de urgencia frente a la crisis de las ambulancias

La gestión sanitaria en el Archipiélago atraviesa una jornada de contrastes parlamentarios entre las inversiones en infraestructuras y el descontento laboral. La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, ha defendido este jueves que los hospitales Doctor Negrín e Insular, en Gran Canaria, no sufren un «colapso», sino episodios puntuales de «tensión asistencial». Para la titular del área, un colapso implicaría la parálisis del servicio, algo que asegura no ocurre en unos centros que el Servicio Canario de la Salud (SCS) «identifica, mide y afronta».

Esta presión técnica tiene cifras concretas: las urgencias del Doctor Negrín ya atienden a 100.000 pacientes anuales, un incremento del 8% en solo dos ejercicios. Por su parte, el Hospital Insular ha registrado una subida de la demanda del 2,6%, alcanzando picos de ocupación del 97%. Monzón vincula este escenario al envejecimiento poblacional y al incremento de la cronicidad.

Inyección de fondos y ladrillo

Para revertir esta saturación, el Ejecutivo ha puesto en marcha un plan de choque. Las obras de ampliación del Negrín, con un presupuesto de 790.000 euros, añadirán 552 metros cuadrados y casi medio centenar de puestos asistenciales nuevos antes de 2025. Mucho más ambiciosa es la hoja de ruta para el Hospital Insular: este mes se licita por seis millones de euros el proyecto para su ampliación en terrenos anexos.

Además, se prevé la creación de una tercera sala de transición con 30 camas y una unidad de alta resolución para el segundo semestre de 2026. En el plano humano, Sanidad ha incorporado ya a 72 profesionales para reforzar estos puntos críticos. Sin embargo, desde la oposición, el diputado de Vox Nicasio Galván ha sugerido cambiar el término oficial por el de «congestión», advirtiendo de que, pese a tener el mayor presupuesto de la historia, los problemas organizativos persisten.

El «basta ya» de las ambulancias

Frente al discurso de inversión de la Consejería, el sector del transporte sanitario ha mostrado su cara más amarga en el Parlamento. Enrique Espi, responsable de ambulancias de CCOO Canarias, ha acusado al Gobierno de intervenir «de forma negativa» en el conflicto laboral, priorizando a las empresas frente a los trabajadores. Según el representante sindical, el colectivo arrastra una pérdida de poder adquisitivo del 25%, con nóminas que en ocasiones ni siquiera alcanzan el salario mínimo interprofesional.

«Los técnicos en emergencias sanitarias hemos dicho basta», aseveró Espi, que denunció que la precariedad obliga a realizar jornadas interminables o buscar un segundo empleo. El sindicato alerta de una posible fuga de profesionales y critica la «ineficaz» vigilancia de la Administración sobre las contratas. Según el representante, a las empresas «les sale rentable incumplir» las condiciones del contrato ante la ausencia de multas.

Las denuncias van más allá de lo salarial. CCOO ha expuesto la existencia de unidades con cerca de un millón de kilómetros y mantenimientos deficientes. Incluso señalan que se están pagando con fondos públicos servicios con menos personal del estipulado. Pedro Costeras, de CCOO, recordó que, tras la huelga de la anterior legislatura, se prometió un estudio de internalización que sigue «en un cajón».

Estrategia para las islas no capitalinas

Mientras se apagan los fuegos en las áreas metropolitanas, Sanidad intenta blindar la atención en las islas periféricas. Esther Monzón anunció un incremento del 44% en los planes para desplazar especialistas, pasando de 39 el año pasado a 56 en el actual periodo. El objetivo es que el traslado interinsular sea solo para procesos de alta complejidad, apoyándose en la telemedicina y mejores equipos locales.

Los resultados de esta descentralización ya se notan. En El Hierro, la nueva resonancia magnética evitará unos 800 viajes fuera de la Isla. En La Gomera, los refuerzos permitieron realizar más de 9.000 consultas en el primer semestre, evitando que 4.083 personas tuvieran que desplazarse para someterse a pruebas diagnósticas. No obstante, desde ASG, el diputado Jesús Ramos ha urgido a revisar periódicamente las ayudas por desplazamiento ante el creciente encarecimiento de la vida.

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