Canarias avisa de que no dispone de medios para designar a los defensores de menores

Ni recursos humanos ni medios materiales. Canarias asegura que no dispone de la capacidad necesaria para designar a los representantes de los menores migrantes no acompañados, una figura prevista en el Pacto Europeo de Migración y Asilo para asistir a estos jóvenes durante la fase de triaje, el primer procedimiento de identificación y evaluación tras su llegada, y que ahora el Estado le exige nombrar. En torno a este representante se ha abierto un nuevo choque institucional entre administraciones. Mientras la Delegación del Gobierno en Canarias ha dado un ultimátum a la Comunidad Autónoma y le ha presionado con un plazo de 15 días para designarlo si quiere evitar actuaciones, el Ejecutivo regional insiste en que se trata de una competencia exclusiva del Estado y rechaza de manera contundete el requerimiento.

"El triaje es competencia de la Administración General del Estado, que es quien tiene las competencias en materia de fronteras", defiende la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, quien además reprocha a la Delegación del Gobierno la falta de coordinación entre ambas administraciones. En este ámbito también hay un cruce de versiones. El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, aseguró este viernes que llevaban "diez días solicitando una reunión de coordinación" con el Ejecutivo autonómico para abordar los aspectos clave de la medida, pero el Gobierno canario sostiene que la primera invitación formal para sentarse a dialogar llegó, precisamente, a través del requerimiento que recibió este jueves y que causó una "profunda perplejidad".

En medio del choque entre administraciones siguen acumulándose las incógnitas. ¿Qué formación deberá tener la persona encargada de ejercer la representación de los menores en frontera? ¿Quién asumirá el coste de esa figura? ¿Será obligatorio aceptar el nombramiento? ¿Durante cuánto tiempo deberá mantenerse esa representación? Son preguntas que, por ahora, siguen sin una respuesta clara y el pacto europeo deja buena parte de su desarrollo en manos de los Estados miembros.

"El triaje es competencia del Estado, que es quien tiene las competencias en materia de fronteras"

Sin información del pacto

Una de las principales críticas de las comunidades autónomas es la falta de concreción del Pacto Europeo de Migración y Asilo. La normativa incorpora la figura del representante de los menores migrantes no acompañados como la principal novedad en materia de infancia, pero no delimita con claridad qué administración debe asumir esa responsabilidad. "Introduce la figura del defensor de menores, pero no entra en el reparto de competencias", explica la directora general de Protección a la Infancia y las Familias, Sandra Rodríguez, quiern recuerda, además, que la fase de triaje se desarrolla en un ámbito "supraautonómico", por lo que considera que su gestión corresponde al Estado, al tratarse del responsable de las fronteras exteriores.

El Ejecutivo canario también rebate uno de los principales argumentos del Estado para atribuirle esta responsabilidad: que las competencias en materia de protección de menores corresponden a la Comunidad Autónoma. "Nuestra competencia es la acogida y la protección cuando asumimos la tutela, no en la frontera", zanja Rodríguez.

Por ahora, todas las incógnitas siguen abiertas. Ambas administraciones aseguran mantener la voluntad de diálogo, aunque el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, sostiene que «ya no está en la responsabilidad de la Delegación que haya o no un defensor del menor en esos centros». Mientras continúa el cruce de competencias, la realidad es que los menores migrantes no acompañados que llegan a las costas canarias siguen sin contar con el representante que prevé el Pacto Europeo de Migración y Asilo durante la fase de triaje. Una ausencia que evidencia que la aplicación del nuevo reglamento europeo sigue sin resolverse sobre el terreno y que explica el requerimiento remitido por la Delegación del Gobierno a la Comunidad Autónoma.

Próxima reunión

El calendario ya tiene marcada la próxima cita entre Canarias y el Estado. Será el 26 de agosto, cuando ya habrá expirado el plazo de 15 días concedido por la Delegación del Gobierno para que la Comunidad Autónoma designe a los representantes de los menores. En ese encuentro está previsto abordar los asuntos que quedaron pendientes tras la suspensión, por falta de quórum, de la Conferencia Sectorial de Migración celebrada este jueves.

En cuanto al requerimiento, Anselmo Pestana avanzó que la intención del Estado es extenderlo al resto de territorios con presión migratoria como Baleares o las ciudades de Ceuta y Melilla: "Seguramente en las próximas fechas se hará también en el resto de comunidades autónomas fronterizas que reciben presión migratoria y a las que llegan menores extranjeros no acompañados". Una novedad de la que el Gobierno de Canarias asegura no tener constancia. El Ejecutivo autonómico sostiene que el Ministerio de Migraciones nunca le había trasladado esa intención.

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