Juan Avello, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC): "Hay que dejar a la Justicia fuera del debate político para proteger la democracia"

Juan Avello Formoso (Oviedo, 1975) se ha convertido en el nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en un momento crucial para la Justicia en el Archipiélago. Tras una trayectoria marcada por su labor como juez decano en Las Palmas, el magistrado afronta una etapa definida por la altísima litigiosidad de las Islas, la exigencia de nuevas infraestructuras judiciales y la necesidad de un Pacto por la Justicia que equipare la inversión en este sector con pilares básicos como la Sanidad o la Educación.

Toma posesión como presidente del TSJC en un contexto de cambio, marcado por una reforma que ha sido designada como la mayor transformación de la justicia en décadas.

Los Tribunales de Instancia son una reforma muy profunda e importante, porque sobre todo implica cambiar la mentalidad de todas las personas que trabajamos en esto tras siglos haciendo lo mismo. En Canarias, la implementación ha sido modelo y el trabajo de la comunidad autónoma, extraordinario en cuanto a organización y distribución de personal. Basado en mi experiencia previa como presidente del Tribunal de Instancia de Las Palmas, el proceso está siendo razonable y satisfactoriamente bueno.

Meses atrás, como juez decano, firmó un escrito en el que advertía que no estaban preparados para la última fase de la reforma. ¿Han atendido a sus reclamaciones?

Uno nunca está preparado para estas cosas; los plazos fueron exigentes, cortos y a coste cero, con muy poca inversión. Sin embargo, mirando en retrospectiva, si hubiéramos tenido un año más, el resultado habría sido similar. Se cumplieron los plazos y hubo flexibilidad para adaptarnos poco a poco. Aunque algunas comunidades pidieron prórrogas, su situación no fue especialmente mejor que en otros sitios. En Canarias se optó por cumplir y auguro que en año y medio la nueva forma de trabajar estará totalmente implementada y normalizada, como ocurrió con la Ley de Enjuiciamiento Civil del 2000 o la grabación de juicios. Es una forma lógica y razonable de trabajar y yo creo y considero que va a funcionar.

¿Las prisas han jugado una mala pasada para llevar a cabo este cambio?

Las prisas nunca son buenas consejeras y culturalmente tendemos a dejar las cosas para el final. Pero mirar atrás no soluciona nada; hay que mirar adelante y aprender de los errores. Estamos mejor que otras comunidades que aún no han empezado o no creen en el sistema.

¿Cuál es el principal reto que le espera por delante en esta nueva etapa?

El fundamental es afrontar la excesiva litigiosidad. A nivel personal, mi primer objetivo es conocer los juzgados de todo el territorio. Hasta ahora conocía a los 60 compañeros de Las Palmas, pero ahora mi prioridad es ir a Santa Cruz de Tenerife y visitar todos los partidos judiciales de la comunidad para tomar decisiones informadas. Mi compromiso es con los ciudadanos y los operadores jurídicos, manteniendo siempre la puerta abierta para resolver problemas.

Sobre la alta litigiosidad, el TSJC en las memorias anuales la achaca al modelo turístico. ¿Comparte este análisis?

Las causas son complejas. Recibimos millones de turistas. La población flotante incide, ya que generan litigios pero no cuentan en el cálculo de la media de habitantes, aunque no es la única explicación. En Canarias también hay un alto número de despidos y divorcios, áreas donde los turistas no influyen. Otros factores son la técnica legislativa y el tipo de actividad económica; en zonas industriales como el País Vasco o Navarra hay menos litigios porque los contratos suelen estar más especializados o se acude menos a la Justicia.

¿Qué medidas propone para reducir esta litigiosidad?

Cuando un barco tiene una vía de agua y está a punto de hundirse, son dos las medidas que se pueden adoptar. Una, sacar más agua de la que entra; dos, evitar que entre más agua. Canarias, además de ser durante seis años el territorio con mayor índice de litigiosidad, también fue el territorio donde los jueces resolvimos más procedimientos. Los jueces de Canarias están haciendo un sobresfuerzo sacando más trabajo del que físicamente es recomendable y resolviendo más procedimientos que en cualquier otro sitio, por lo que poco más se puede pedir en ese aspecto. Es imprescindible la creación de nuevas plazas; estaremos atentos para que el Ministerio cumpla con los compromisos de nuevas plazas para las Islas. También es vital la unificación de criterios, el uso de medios alternativos de resolución de conflictos y adelantar las conformidades en el ámbito penal para evitar juicios innecesarios.

El Ministerio anunció 33 nuevas plazas de jueces y fiscales. ¿Son suficientes?

Siempre son insuficientes. Estamos satisfechos de que se atiendan parcialmente las solicitudes, pero la Sala de Gobierno emitió un informe con necesidades mayores que no fueron cubiertas íntegramente.

El alto volumen de pleitos ha supuesto un colapso. ¿Dónde es imprescindible aplicar refuerzos?

El término colapso no me gusta mucho porque partimos y damos por supuesto que es un término peyorativo. Hay zonas en las que el índice de trabajo es mayor y habrá que adoptar medidas específicas. La jurisdicción social es prioritaria; no podemos permitir esperas de dos años para personas que dependen de una prestación para vivir. También hay que hacer hincapié en Tenerife y el sur de Tenerife, reforzando plantillas y creando equipos volantes de funcionarios. La jurisdicción contencioso-administrativa también requiere atención; necesitamos mecanismos predictivos para anticiparnos a las cargas de trabajo. En cuanto veamos los primeros síntomas o signos de que hay mucho trabajo, poder reaccionar.

¿Es equitativa la situación entre ambas provincias en cuanto a sedes judiciales?

En Santa Cruz de Tenerife hay una cuestión pendiente. Tener instalaciones adecuadas es vital para que el sistema funcione bien. En Las Palmas tenemos, a mi juicio, el mejor edificio judicial de España, y debemos conseguir lo mismo en Tenerife y Puerto del Rosario (Fuerteventura), donde actualmente hay tres sedes, lo cual no es práctico para los servicios comunes.

¿Hay fecha para la Ciudad de la Justicia de Santa Cruz de Tenerife?

Sería un imprudente si yo diese una fecha ahora. Yo lo que sí sé y de lo que estoy convencido es que la predisposición es la mejor de las mejores, no dudo del trabajo que se está haciendo. No es fácil, pero las cosas difíciles cuando se consiguen son las que más satisfacción dan. Entonces estoy seguro de que los problemas que haya con buena voluntad se solventarán y podremos disfrutar también de un edificio que es lo que se merece la ciudad y el partido judicial de Santa Cruz de Tenerife y es lo que se merecen, en definitiva, los ciudadanos de Tenerife.

¿Existe disparidad en las resoluciones judiciales? ¿Cómo propone unificar criterios?

La unificación de criterios consiste en reunir a los jueces para acercar posturas y que supuestos iguales reciban la misma respuesta jurídica, evitando que los ciudadanos presenten demandas para ver si tienen suerte. Es un instrumento muy poderoso que ya usamos en el Tribunal de Instancia. Ahora, con más razón, con unos servicios comunes, es decir, con un grupo de funcionarios que trabajan para distintas plazas judiciales, esa unificación de criterios no sólo en cuanto al fondo sino en cuanto a la concreta forma de tramitación o de trabajo, resulta, si cabe, más importante para que funcione todo mucho mejor.

¿Cómo se pueden reducir los tiempos de espera?

Es matemática básica: si hay 5.000 asuntos y 5 personas, tocan a 1.000 por persona; no se pueden hacer milagros. Es necesaria la creación de más plazas y fomentar que, si hay acuerdos, se manifiesten cuanto antes para liberar espacio para otros procedimientos.

¿En qué consiste su propuesta de un Pacto por la Justicia en Canarias?

Se trata de cambiar la forma de relacionarnos con la comunidad autónoma, superando el concepto de administración prestacional para asumir el de una administración con competencias en Justicia. Debemos convencer a los responsables públicos de que invertir en Justicia es tan importante como invertir en Educación o Sanidad. La Justicia favorece la seguridad jurídica, el progreso económico y la libertad; si una empresa cobra a tiempo o un desahucio se resuelve rápido, toda la sociedad progresa. Hay que hacer labor de convencimiento. Estamos todos en el mismo barco. Cuando los jueces pedimos algo no estamos pidiendo para nosotros, no estamos pidiendo algo superfluo. Cuando pedimos algo es que de verdad creemos que hace falta para el objetivo común que tenemos, que es el mejor servicio al ciudadano.

¿Nota predisposición por parte de la Administración de Justicia para llevar a cabo las medidas que se ha propuesto?

Mi experiencia como decano en el Partido Judicial de Las Palmas ha sido extraordinaria y sé que la disposición de los responsables de la comunidad autónoma es la mejor. ¿Habrá problemas? Seguro, pero los solucionaremos. Nadie dijo que esto fuera fácil; hay que tener empatía y entender que, así como dictar una sentencia es complejo, resolver temas administrativos para un edificio público también lo es. Confío plenamente en que la relación será buena y la disposición es extraordinaria.

En un contexto de polarización política, ¿cómo se puede reforzar la confianza en el Poder Judicial?

Es un tema que me preocupa como ciudadano y por la responsabilidad que tengo. El Estado de Derecho, la democracia en la que vivimos, no es algo dado, algo que esté garantizado tenerlo siempre. Hay que defenderlo y hay que protegerlo. Los ciudadanos, los abogados, los procuradores, los jueces..., a todos nos corresponde y tenemos todos la obligación de defenderlo. En nuestro entorno hay países que tenían una democracia y se ha ido deteriorando. Hay que proteger a las instituciones. El Poder Judicial es muy importante para el mantenimiento y la defensa del Estado de Derecho. Yo, personalmente, creo que una de las maneras para defenderlo es evitar la polarización y dejar al margen la Justicia de los debates políticos. Cuando un juez resuelve algo, lo resuelve con plena independencia, plena imparcialidad, con sometimiento exclusivo a la ley y al ordenamiento jurídico. Y si se equivoca, la parte puede recurrir, o si a su juicio no es acertada la resolución, se recurre. Entonces la Audiencia o el Tribunal Supremo, corregirá y resolverá. Pero todo en el marco del Estado de Derecho y en el juego normal de una democracia.

¿Le preocupa que los debates públicos deterioren la imagen de la Justicia?

Por supuesto que me preocupa, porque yo creo que es importante. Que las cosas funcionen bien no suele ser noticia. La Justicia, los procedimientos relativos que todos tenemos en mente sobre corrupción o partidos políticos son un porcentaje ínfimo de lo que día a día se hace en la Justicia. Yo creo que es muy interesante separar y que los responsables públicos tengan la responsabilidad suficiente para saber que la degradación o la rebaja de los niveles de democracia nos afectan a todos de forma directa o indirecta. Hay que defender la independencia judicial con firmeza y explicar la importancia que tiene para el Estado de derecho.

¿Qué continuidad dará al trabajo de su antecesor?

Soy una persona prudente y lo primero es despachar el día a día. Reconozco el trabajo extraordinario de mi predecesor y seguiré esa línea hasta tener una visión general para tomar nuevas decisiones. Mi compromiso inicial es trabajar con humildad y prudencia en beneficio de todos.

La jurisdicción contencioso-administrativa sufre presión por recursos de extranjería. ¿Qué medidas se tomarán?

Se van a tomar medidas de refuerzo. Cuando el volumen supera lo humanamente posible, los refuerzos son necesarios, como ya ocurrió en el pasado con las cláusulas suelo en el ámbito civil.

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