Canarias prevé multas de hasta dos millones de euros por dañar su biodiversidad

Canarias está más cerca de contar por primera vez con una ley específica de biodiversidad y patrimonio natural. El Gobierno autonómico ultima la tramitación del anteproyecto de la futura Ley de Biodiversidad y Recursos Naturales, una norma con la que pretende actualizar el marco jurídico autonómico, adaptarlo a la legislación estatal y europea y dotar al Archipiélago de una regulación propia para la conservación de sus hábitats, ecosistemas y especies.

Canarias concentra cerca del 40% de la biodiversidad de España y cuenta con miles de especies exclusivas

La iniciativa pretende cubrir un vacío normativo en una comunidad autónoma que concentra cerca del 40% de la biodiversidad de España y miles de especies exclusivas. Para el director general de Espacios Naturales y Biodiversidad, Miguel Ángel Morcuende, disponer de una norma propia permitirá adaptar la gestión ambiental a las particularidades de las Islas. "Lo mejor es tener una ley autonómica", sostiene, al considerar que la legislación estatal fija un marco general, pero no responde con el mismo nivel de detalle a la realidad de un territorio insular con una biodiversidad única.

Esto se debe a que Canarias era una de las comunidades autónomas que aún no disponía de una ley propia en esta materia. "Es una ley que coloca a la comunidad autónoma en el punto que le corresponde, homologándola con la Ley estatal de Patrimonio Natural y Biodiversidad, pero adaptándola a las particularidades de Canarias, que es un punto caliente de biodiversidad mundial", afirma Morcuende.

Nuevas herramientas para proteger la biodiversidad

El Banco Genómico conservará muestras e información genética de las especies silvestres y nativas de las Islas

Entre las principales novedades de la ley figura la creación del Banco Genómico de la Biodiversidad Canaria, que actuará como registro oficial genético y genómico de las especies silvestres y nativas del Archipiélago. El sistema almacenará muestras biológicas e información molecular georreferenciada con el objetivo de facilitar la investigación científica y mejorar las estrategias de conservación.

La ley también pondrá en marcha el Sistema de Seguimiento y Evaluación de Especies Silvestres Protegidas y Amenazadas (SEGA), que realizará un control periódico sobre el estado de conservación de la flora y la fauna protegidas. Las especies catalogadas en peligro de extinción deberán revisarse al menos cada tres años, mientras que el resto será objeto de evaluaciones periódicas para conocer su evolución y adaptar las medidas de protección cuando sea necesario.

Otro de los instrumentos que incorpora el texto es la Base de Datos de Especies Exóticas Invasoras de Canarias (EXOS), concebida para centralizar la información sobre la distribución de estas especies, su capacidad de expansión y las actuaciones de control o erradicación desarrolladas por las administraciones. También recogerá la aparición de nuevos focos para facilitar una respuesta temprana frente a una de las principales amenazas para los ecosistemas insulares.

La futura norma también refuerza la protección del medio marino, uno de los ámbitos que el Gobierno considera menos desarrollado hasta ahora en la legislación autonómica. El anteproyecto incorpora medidas específicas para conservar los ecosistemas costeros, las áreas marinas protegidas y las salinas tradicionales, además de regular la protección de la fauna marina frente a las colisiones con embarcaciones, el acceso a los recursos genéticos marinos y la creación de nuevas redes de observación y seguimiento científico. De esta manera, Morcuende defiende que la conservación de la biodiversidad canaria no puede limitarse al territorio terrestre. "Canarias es un punto caliente de biodiversidad mundial", recuerda, una singularidad que, a su juicio, obliga a proteger de forma conjunta los ecosistemas tanto terrestres como marinos y a basar las decisiones en el conocimiento científico.

Sanciones de hasta 2 millones de euros

El anteproyecto también endurece el régimen sancionador. Las infracciones muy graves podrán castigarse con multas de hasta dos millones de euros, mientras que las graves alcanzarán los 200.000 euros. Entre las conductas más castigadas figuran la destrucción de hábitats protegidos, la introducción de especies invasoras o los daños de especial relevancia sobre el patrimonio natural. A las sanciones económicas podrán sumarse medidas como la retirada de subvenciones, la suspensión de autorizaciones o el cierre temporal de instalaciones.

El texto inicia ahora su periodo de información pública antes de continuar la tramitación administrativa y llegar al Parlamento de Canarias. Si sale adelante, el Archipiélago contará por primera vez con una ley específica para ordenar la protección de una biodiversidad considerada una de las más singulares del planeta.

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