Candelaria Delgado, consejera de Bienestar Social de Canarias: «Si pudiéramos poner 150 euros mensuales a cada pensión no contributiva, solucionaríamos la pobreza de 42.000 familias»

Existe actualmente una fuerte polémica con la Ley ELA porque las ayudas parecen no llegar si la familia no contrata la asistencia previamente. ¿Cómo se va a resolver esta situación para que no sea un obstáculo insalvable para los enfermos?

Puedo dar una primicia: hemos reconocido, resuelto y ya están de alta en nómina los dos primeros usuarios con este grado III+ de dependencia. Lo que estamos haciendo es buscar la manera de ayudar a las familias para que ese desembolso no tengan que hacerlo antes, sino que podamos resolverles la ayuda y realizar un abono anticipado. Estamos mirando todas las opciones, porque es verdad que la normativa estatal es clarísima: para poder resolver el grado y el Programa Individual de Atención (PIA) de cualquier prestación del sistema de la dependencia, necesitamos que la persona nos presente el contrato, la factura o la entidad con la que haya contratado ese servicio antes.

Pero ese requisito supone un muro económico para muchas familias...

Exacto. Ante una situación de una ayuda a domicilio normal, a lo mejor, no es tanto dinero, pero cuando hablamos de presupuestos que pueden llegar a los 5.000 o 10.000 euros para personas que ahora mismo están siendo cuidadas por familiares y no tienen a nadie contratado, es inasumible. Estamos viendo si nosotros podemos adelantar la parte autonómica, porque la parte del Estado no la recibimos hasta que presentamos las facturas.

Cuando hablamos de presupuestos que pueden llegar a los 5.000 o 10.000 euros para personas que ahora mismo están siendo cuidadas por familiares y no tienen a nadie contratado, es inasumible.

Candelaria Delgado

— Consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias

¿Qué ha pasado con los fondos que el Estado prometió específicamente para este fin?

El año pasado el Estado hizo una aportación a las comunidades autónomas que tuvimos que devolver casi íntegra porque nos la dieron en diciembre para ejecutarla solo ese año. Nosotros aprobamos el procedimiento normativo para la Ley ELA en mayo, tras el decreto estatal, y este año el Estado no nos ha dicho todavía si nos va a dar dinero. No sabemos si la ampliación del dinero de hasta el 50% que se ha llevado al Congreso incluirá la Ley ELA. Mientras tanto, acompañamos a las familias para que puedan contratar servicios y dilatar un poco el pago hasta que nosotros abonemos la ayuda.

El Gobierno anunció un refuerzo de 237 millones de euros para el nivel mínimo de dependencia en Canarias. ¿Cuándo se va a materializar y será suficiente?

Esa cifra de 237 millones es algo que ha salido en prensa, pero no nos la han comunicado oficialmente. Estamos pendientes de que el Estado nos informe tras el trámite de convalidación en el Congreso. Del nivel acordado nos correspondían 38 millones y, con el incremento del presupuesto, nos corresponden 44 millones. Lo que hay que dejar claro es que el coste del nivel mínimo el año pasado para Canarias fue de 400 millones de euros, y el Estado solo nos aportó 150 millones. Por ley deberían darnos el 50%, pero solo recibimos el 27%.

¿Es la falta de personal sanitario y especializado el motivo real de las listas de espera?

Hay dos cuestiones. Una es que hay pocas entidades o empresas acreditadas para prestar los servicios. El decreto de acreditación vigente en Canarias era tan complicado que casi era como presentarse a la NASA por lo farragoso de los requisitos. Hemos agilizado procesos y estamos en la fase final de un nuevo decreto de acreditación que simplificará administrativamente el acceso, lo que permitirá que haya más empresas y que las familias encuentren el servicio rápido. Acabamos también de reforzar el sistema de inspección y control de calidad de los servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) con la adjudicación del servicio de apoyo a las labores inspectoras de los centros y la puesta en marcha de otro destinado a supervisar la calidad de las prestaciones que reciben las personas en situación de dependencia.

¿Y respecto a la formación de nuevos trabajadores para un sector tan demandante?

En nuestra estrategia sociosanitaria incluimos convenios con Educación, Universidades y el Servicio Canario de Empleo para poner más Formación Profesional y nuevas titulaciones adaptadas. Queremos cualificar a personal para este sector y, además, en el último trimestre del año queremos sentar a patronal y sindicatos para impulsar un convenio colectivo del sector sociosanitario en Canarias, que no existe. Eso permitiría mejoras salariales y laborales, apoyadas también por el hecho de que en el convenio con los cabildos (2025-2028) hemos subido el coste plaza de los servicios.

Canarias ha acelerado en dependencia y reconocido más de 54.000 prestaciones esta legislatura. Aún así, la estadística marca 314 días de espera media, superando por mucho los 180 días legales. ¿Cómo se explica esto si se están atendiendo más prestaciones que nunca?

Hay que matizar: los tiempos de la ley son 180 días y en los expedientes nuevos ya estamos resolviendo en 152 días. Lo que ocurre es que el Estado hace la media de todos los expedientes, incluyendo los antiguos. En ocasiones nos encontramos con la dificultad de que es imposible contactar con la persona por cambios de domicilio o teléfono no comunicados.

Los tiempos de la ley son 180 días y en los expedientes nuevos ya estamos resolviendo en 152 días.

Candelaria Delgado

— Consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias

¿Qué se hace administrativamente con esos expedientes que ensucian la estadística?

Tenemos que hacer tres comunicaciones certificadas y, si no hay respuesta, publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC). Tras un mes desde la publicación, se da por desistida la solicitud. En este año hemos estado haciendo esa limpieza de expedientes antiguos. Una vez que quitemos esa interferencia de casos donde no hay comunicación fehaciente, la media bajará drásticamente porque en los activos estamos ya por debajo de los seis meses de ley.

El nuevo plan de infraestructuras sociosanitarias prevé 5.000 plazas para 2026-2032. ¿Cómo garantizan su cumplimiento?

El problema es que en la legislatura pasada solo se ejecutó el 30% del plan anterior. Nosotros estamos garantizando la financiación a través del Fedecam y permitiendo la colaboración público-privada desde el inicio: que una empresa privada ejecute la obra y después nosotros concertemos las plazas. Al ser un plan a seis años con viabilidad económica garantizada, será de obligado cumplimiento para el próximo Gobierno.

¿Cuál es el protocolo para las urgencias sociales, como personas mayores que reciben el alta hospitalaria pero no pueden volver a casa?

Hemos establecido un protocolo de urgencia sociosanitaria para altas hospitalarias de personas sin red de apoyo o que no puedan volver a los hogares. Se agiliza su entrada en centros sociosanitarios revisando caso por caso, pero sin que sea una puerta de atrás al sistema de dependencia. Lo fundamental siempre será adecuar el domicilio si es posible para que la persona siga en su entorno.

Lo fundamental siempre será adecuar el domicilio si es posible para que la persona siga en su entorno.

Candelaria Delgado

— Consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias

¿Qué balance hace del servicio de teleasistencia?

Ha sido un crecimiento exponencial. Hemos pasado de 4.000 usuarios a 15.000 en tan solo ocho meses.

Hablemos de violencia contra la mujer. ¿Son suficientes los cinco centros de crisis de violencia sexual actuales para las siete Islas?

Atendemos a todas las mujeres de Canarias las 24 horas, los 365 días del año. Aunque los centros físicos están en cinco Islas, los equipos de Tenerife y La Palma se desplazan a La Gomera y El Hierro si es necesario. Además, hemos reforzado el 112 con ocho profesionales más, llegando a 14 técnicas para emergencias de violencia de género.

Ante el repunte de crímenes o agresiones machistas y de violencia vicaria, ¿qué medidas concretas se están impulsando?

Estamos trabajando con el Estado en modificar normativas para que la retirada de la patria potestad sea automática si el padre es un maltratador; porque si es un maltratador, no puede ser un buen padre, como marca el proyecto de ley de violencia vicaria . También estamos lanzando guías para detectar la violencia vicaria, y que denuncie quien lo detecte, sea quien sea, y campañas de autoprotección, como algo tan básico como cambiar la cerradura tras una separación. Un cambio fundamental en el que se está trabajando es que, aunque la mujer retire la denuncia, se continuará de oficio para que los juzgados puedan mantener las medidas de protección. Hay que combatir el negacionismo, y ser tajantes, violencia de género existe.

Ha habido críticas por el nombramiento de la directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI), Ana Padrón, por su supuesta falta de experiencia y sustitución de su madre en el cargo.

Un cargo público es un gestor. De nada me vale tener un currículo académico inmenso si después las mujeres están esperando tres años por las ayudas a las víctimas de violencia de género, como ocurría cuando llegamos. El ICI tiene personal técnico altamente cualificado que lleva 30 años allí; la directora debe marcar las directrices para cumplir los objetivos y liderar la gestión. Yo la considero capacitada para ejercer esa función. Hay que juzgarla por sus resultados y darle, como a todo Gobierno, los 100 días de margen.

El ICI tiene personal técnico altamente cualificado que lleva 30 años allí; la directora debe marcar las directrices para cumplir los objetivos y liderar la gestión. Hay que juzgarla por sus resultados y darle, como a todo gobierno, los 100 días de margen.

Candelaria Delgado

— Consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias

¿Es la pobreza la gran asignatura pendiente de Canarias?

La pobreza es la asignatura pendiente de Canarias y yo creo que es una de las más importantes. Es una realidad transversal y para erradicarla hay que mejorar los salarios, el acceso a la vivienda y fortalecer el escudo social. Estamos trabajando en un espacio de datos para tener una radiografía real de las familias, porque a veces alguien no tiene trabajo porque cuida a un dependiente que no tiene reconocida la ayuda. Actualmente la Renta Canaria de Ciudadanía llega a unas 13.000 personas, pero no son siempre las mismas; entran y salen del sistema según encuentran empleo o se les resuelve el Ingreso Mínimo Vital (IMV) estatal

Sin embargo, hay un colectivo especialmente vulnerable: el de los pensionistas con prestaciones no contributivas. ¿Tienen margen para mejorar su situación?

Esa es mi gran asignatura pendiente. Las pensiones no contributivas son las más bajas de todo el sistema. Nosotros queríamos desde el minuto uno hacer lo que dice la Ley de Renta Canaria de Ciudadanía y poner un complemento mensual, pero la Ley estatal de la Seguridad Social me lo impide. Llevo solicitando esa reforma a nivel estatal desde el primer día y todavía no la tengo. Si nosotros pudiéramos ponerles 150 o 200 euros mensuales a cada pensión no contributiva, en vez de los 400 anuales, solucionaríamos la pobreza de 42.000 familias en Canarias, que se dice pronto; hablamos de unas 300.000 personas beneficiadas. Pero claro, si cuando quiero establecer un complemento el Estado no me deja hacerlo porque hay que modificar su ley y no lo han hecho..., pues estoy atada de pies y manos. Es frustrante tener superávit y que el Estado nos obligue a gastarlo en deuda en lugar de en estas familias.

Pasamos a migración. ¿Tiene Canarias recursos para gestionar el triaje de menores tras las tensiones con el Estado por las competencias en frontera?

No, porque el triaje en frontera no es nuestra competencia, es competencia estatal. El delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, nos hizo un requerimiento amenazando con llevarnos a los tribunales si no respondíamos en 15 días. Le manifesté mi enfado a la ministra porque somos la única comunidad que ha recibido un requerimiento así tras el Pacto Europeo de Migración. Yo no me voy a meter en la casa de nadie a arreglar sus problemas.

Siguen reclamando 100 millones de euros. ¿Por qué, si ha bajado la presión en los centros?

No pedimos más fondos, pedimos lo prometido. El año pasado nos dieron 100 millones, pero tenían truco: 50 eran de 2023 y 50 eran un adelanto de 2024. El coste real de la atención sanitaria, social y educativa de estos menores supera los 100 millones anuales. Hemos llevado al Supremo al Estado por el coste de la asunción de estos menores y por la tutela de los menores asilados.

¿Cómo va a afrontar Canarias el fin de la contingencia migratoria?

Canarias sigue en contingencia porque tenemos 2.800 menores y el tope para salir son unos 2.300. El sistema es muy volátil: hoy estás por debajo y mañana llega una patera con 50 menores y vuelves a la emergencia en dos minutos. Estamos negociando con el Ministerio establecer una horquilla estable para salir de la contingencia, especialmente ahora que viene el periodo de calmas de septiembre a noviembre.

Para terminar, ¿qué balance hace de su gestión hasta ahora?

Yo creo que hemos logrado cambios normativos muy importantes en materia de discapacidad y dependencia que nos han permitido simplificar el procedimiento administrativo y que la ciudadanía acceda antes a sus derechos. Hemos actualizado el precio plaza de recursos que llevaban 20 años sin tocarse, poniéndolo a gasto real para que las entidades puedan mejorar salarios. Sin embargo, yo creo que hay que hablar sin ser triunfalistas, porque no lo podemos ser y menos en un área como esta de Bienestar Social. En este departamento trabajas con el dolor, con la vulnerabilidad y con las carencias de la gente, por lo que el triunfalismo no cabe. Lo que sí creo es que hemos creado la base, la estructura sólida que nos permite seguir creciendo y avanzando.

Se refiere entonces a un trabajo de consolidación...

Exacto. Como digo yo, esto no es empezar la casa por el tejado; hemos empezado la casa por unas estructuras y unos cimientos bien sólidos que nos van a permitir que todo lo que hagamos a partir de ahora sea crecimiento y reducción potencial de las listas de espera. Es un trabajo que vamos haciendo pasito a pasito, sin triunfalismo, pero con la seguridad de que estamos terminando herramientas como el expediente único Tindaya para que una mujer maltratada no tenga que ir repitiendo su vida por cada administración. Al final, el objetivo es que las personas más vulnerables en Canarias accedan de verdad a sus derechos y que la Administración deje de ser un obstáculo para convertirse en su apoyo.

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