‘Citizen Vigilante’

Citizen Vigilante es un thriller de acción de 89 minutos, escrito, dirigido y producido por Uwe Boll, protagonizado por Armie Hammer, Costas Mandylor y Désirée Giorgetti, rodado en Croacia y coproducción germano-croata. Se ha lanzado al público en 2026. La sinopsis oficial habla de un estadounidense adinerado, funcionario demócrata, residente en Croacia, que comienza a perseguir y ejecutar a criminales y violadores inmigrantes y autoridades corruptas, y se convierte simultáneamente en prófugo y héroe popular de las redes sociales.

La película fue ofrecida gratuitamente durante aproximadamente 48 horas en X, después de la controversia alemana, y Elon Musk la compartió o amplificó desde su propia cuenta, lo que produjo una propagación extraordinaria. Diversos medios hablan de millones de reproducciones, aunque no existe una auditoría pública. En Rotten Tomatoes presentaba aproximadamente un 10 % de aprobación crítica, y un 91-93 % de aprobación del público. Esta divergencia es uno de los mejores datos periodísticos de la película, pues estamos ante una diferencia de gustos y también ante una auténtica guerra cultural de calificaciones, donde los críticos la consideran torpe, incendiaria o propagandística, mientras una parte muy movilizada del público la interpreta como expresión de algo que el cine convencional se niega a contar.

Inicialmente, la FSK alemana le negó una clasificación, lo que dificultaba enormemente su comercialización ordinaria, y entonces Boll presentó la decisión como una prohibición y como censura política. El 6 de julio de 2026, la FSK ha terminado concediéndole la calificación «solo para mayores de 18 años» para su exhibición cinematográfica, negándole la clasificación ordinaria para el mercado doméstico. La supuesta censura produjo un efecto Streisand y cuanto más se dificultó su circulación, mayor fue el deseo de verla.

El problema de Europa consiste en que sus Estados han sido incapaces de integrar a los inmigrantes. El no marcar límites sobre todo a las entradas ilegales (pues las legales son de interés en estados jurídicamente bien curtidos), contiene ya una trampa, pues supone que toda inmigración es integrable, cualquiera que sea su volumen, su procedencia cultural, su disposición a adaptarse y la velocidad con la que transforma la sociedad receptora. Pero existen límites sociológicos y, por ejemplo, una comunidad de diez propietarios puede incorporar a un nuevo vecino, explicarle sus normas y admitir algunas diferencias en sus costumbres, pero no puede exigirse que reciba de pronto a tres personas que desprecian esas normas, intimidan a los residentes y convierten los espacios comunes en territorio propio. En ese caso, reclamar a los vecinos un esfuerzo adicional de integración equivale a responsabilizar a las víctimas de la conducta de quienes han irrumpido en la comunidad.

Una sociedad puede asimilar individuos y grupos reducidos con relativa facilidad, pero cuando la inmigración se concentra territorialmente, conserva instituciones propias y mantiene un flujo continuo de nuevos integrantes, la asimilación puede detenerse, y aparecen entonces enclaves culturales que no funcionan como estaciones provisionales hacia la incorporación, sino como sociedades alternativas instaladas dentro de la sociedad nacional.

Otro factor es jurídico, pues Europa no solo ha debilitado la exigencia de integración, sino que en ocasiones ha vuelto sospechosa la resistencia de la población autóctona, y bajo conceptos deliberadamente imprecisos, como odio o creación de alarma, se han desarrollado mecanismos que permiten vigilar, investigar o castigar expresiones que no constituyen amenazas ni incitación directa a la violencia. En el Reino Unido, datos obtenidos por The Times señalaron que durante 2023 se produjeron 12.183 detenciones bajo dos normas sobre comunicaciones maliciosas u ofensivas. Esa cifra comprende mensajes enviados por distintos medios y conductas de gravedad desigual; no equivale exactamente a 12.183 ciudadanos encarcelados por criticar la inmigración en redes sociales, pero sí es cierto y significativo que mientras las detenciones superaban las doce mil, las condenas eran 1.119. La enorme distancia entre intervención policial y condena plantea una cuestión inquietante sobre el empleo de la detención como mecanismo intimidatorio, incluso cuando finalmente no se acredita el delito.

Se configura así una inversión de la función protectora del Estado, y en vez de garantizar prioritariamente la seguridad, la libertad y la continuidad cultural de la sociedad que lo sostiene, el aparato público puede terminar disciplinando a esa sociedad para evitar que manifieste su descontento. El Estado se convierte en enemigo y esclavista de sus ciudadanos.

Los delitos de odio se han convertido en una especie de estado de excepción lingüístico. El efecto político es explosivo, y el ciudadano observa que se le pide prudencia al hablar, paciencia ante el deterioro de su barrio y comprensión hacia quienes no muestran ninguna voluntad equivalente de comprenderlo a él, y sea esa percepción totalmente exacta o solo parcialmente cierta, basta con que se extienda para destruir la confianza en el Estado. Y es ahí que aparece la figura del vigilante de la película que traemos a colación acá, Citizen Vigilante. La película y su éxito surgen porque una parte de la población comienza a pensar que el Estado ha roto el contrato social.

Una democracia que no puede decidir cuántas personas recibe, a quiénes recibe, bajo qué condiciones y durante cuánto tiempo conserva su derecho a permanecer, ha dejado de gobernar.

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