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Política territorial

Canarias denuncia que el Estado ignora sus alegaciones sobre el reto demográfico

El Gobierno autonómico critica que el Ministerio deje fuera sus propuestas sobre la singularidad insular y ultraperiférica en la estrategia de reto demográfico

Agricultor trabajando en Buenavista del Norte, un territorio de la Tenerife vaciada.

Agricultor trabajando en Buenavista del Norte, un territorio de la Tenerife vaciada. / Andrés Gutiérrez Taberne / ELD

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J. Plasencia

Santa Cruz de Tenerife

Aunque las relaciones entre el Gobierno de Canarias y el Ejecutivo central atraviesan uno de sus momentos de mayor sintonía institucional, esa buena relación no ha evitado un nuevo choque en materia territorial. El Ejecutivo autonómico acusa al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de haber ignorado las alegaciones presentadas por Canarias a la II Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico, pese a que el propio documento reconoce la condición insular y ultraperiférica del Archipiélago.

El Ejecutivo sostiene que, aunque el documento reconoce que el reto demográfico requiere una aproximación diferenciada según las características de cada territorio, ese planteamiento no se traslada después a las medidas previstas para Canarias.

La comunidad autónoma asegura que esta estrategia, que ha sido elaborada para todo el territorio nacional, se centra casi de forma exclusiva en la España vaciada y "hace caso omiso a las particularidades y la realidad que presenta el territorio insular", explica el director general de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial, Onán Cruz. Además, reclama que no prosperaron ninguna de las iniciativas planteadas durante el trámite al texto definitivo y que tampoco recibió una respuesta formal por parte del Ministerio. "Ninguna de nuestras propuestas al respecto han sido tenidas en cuenta", expone.

Una estrategia que deja fuera la realidad canaria

La principal reclamación del Gobierno canario pasaba por ampliar el concepto de reto demográfico. Mientras la estrategia estatal centra prácticamente todas sus medidas en la pérdida de población de los municipios rurales, Canarias defendía que el crecimiento demográfico también genera importantes desequilibrios territoriales que requieren políticas específicas.

"Lo que quisimos fue ampliar el concepto del reto demográfico", explica Cruz. "Aquí también es el crecimiento de la población, la presión turística, la llegada de trabajadores extranjeros, estudiantes o nuevos residentes, que hacen que los servicios, la vivienda y las infraestructuras queden tensionados e influyan en la vida de los canarios".

El Ejecutivo autonómico sostiene que ambas realidades conviven en las Islas. Por un lado, existen municipios de menos de 10.000 habitantes que continúan perdiendo población y necesitan medidas para fijar residentes y mantener servicios. Pero, al mismo tiempo, otros territorios soportan un fuerte incremento demográfico derivado del turismo, la movilidad laboral y el crecimiento de la población, una situación que ejerce una creciente presión sobre el territorio.

La intención de Canarias era que esa doble realidad quedara recogida en la estrategia nacional para que sirviera de base a las futuras políticas estatales de cohesión territorial. Además de reconocer expresamente los municipios sometidos a una elevada presión poblacional, el Gobierno regional planteó reforzar la conectividad, descentralizar servicios públicos y favorecer actuaciones que permitieran equilibrar el desarrollo entre las distintas zonas del Archipiélago.

Sin embargo, según Cruz, el Ministerio actualmente no les ha dado una respuesta formal, únicamente incorporó una referencia a que Canarias dispone de una estrategia propia de reto demográfico. "Lo que sí recibimos fue la siguiente fase de la tramitación de la estrategia, donde lo único que hacen aludir a que Canarias tiene una estrategia propia de reto demográfico para Canarias", reclama.

El temor es quedarse fuera de futuras ayudas

Para el Gobierno de Canarias, el principal problema no es únicamente que sus propuestas hayan quedado fuera del documento, sino las consecuencias que esa decisión puede tener cuando el Estado desarrolle futuras políticas o convoque líneas de financiación vinculadas al reto demográfico.

El Ejecutivo sostiene que limitar el reto demográfico a la despoblación dejaría fuera a parte del Archipiélago.

Cruz advierte de que, si las ayudas estatales se diseñan siguiendo exclusivamente los criterios recogidos en la estrategia nacional, solo podrán acogerse los municipios que respondan al modelo tradicional de despoblación, dejando fuera aquellos territorios donde el principal desafío es precisamente el contrario: una elevada presión poblacional.

"Imagínese que el Estado saca una línea de financiación para municipios reto demográfico. Si la estrategia solo habla de municipios despoblados, nosotros solo podríamos aplicar esos beneficios a una parte del Archipiélago", explica.

El responsable autonómico sostiene que esa situación impediría destinar recursos estatales a zonas que actualmente afrontan graves problemas de acceso a la vivienda, movilidad o saturación de servicios públicos como consecuencia del crecimiento demográfico. Cita como ejemplo el fuerte incremento poblacional registrado en Fuerteventura y Lanzarote, donde, asegura, el desarrollo de infraestructuras y equipamientos públicos no ha podido seguir el ritmo del aumento de residentes y de la actividad turística.

También recuerda que esa dualidad se reproduce dentro de las propias islas capitalinas. Mientras municipios del norte y las medianías continúan perdiendo población, los sures turísticos y los entornos metropolitanos concentran buena parte del crecimiento y de las tensiones sobre el territorio.

Por ello, el Ejecutivo autonómico insiste en que el reto demográfico no puede limitarse a combatir la despoblación, sino que debe incorporar también la gestión del crecimiento poblacional allí donde amenaza la cohesión territorial. Solo así, concluye Cruz, Canarias podrá acceder en igualdad de condiciones a las futuras políticas estatales destinadas a afrontar los desafíos demográficos.

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