La transparencia del sector público canario alcanza su mejor nota histórica con un 8,87

El sector público canario ha alcanzado en 2025 su mejor resultado desde que comenzaron las evaluaciones de transparencia. La nota media de los portales de las 414 entidades públicas obligadas a cumplir la Ley de Transparencia se sitúa en un 8,87, frente al 8,44 registrado en la convocatoria anterior, lo que consolida la evolución positiva del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa. Sin embargo, el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias advierte de que la mejora de las calificaciones no ha resuelto uno de los principales problemas del sistema, la falta de respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública.

El Equipo de Evaluación y Control de la Transparencia ha concluido la evaluación correspondiente a 2025 de los portales de transparencia de las administraciones y entidades sujetas a la Ley 12/2014, de transparencia y de acceso a la información pública. El análisis examina el grado de cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, es decir, la información que las administraciones deben publicar de forma obligatoria en sus páginas web. Entre las entidades evaluadas figuran el Gobierno de Canarias, los cabildos, los ayuntamientos, las mancomunidades, las universidades y su sector público dependiente, además de las corporaciones de derecho público.

De las 414 entidades convocadas, 383 (92,5%) participaron en el proceso de evaluación, mientras que 31 (7,5%) incumplieron esta obligación. Además, 275 entidades presentaron alegaciones durante el procedimiento de evaluación, un dato que el Comisionado interpreta como una muestra del elevado grado de participación y colaboración con el proceso de revisión.

148 entidades obtuvieron la máxima calificación, frente a las 90 de la convocatoria anterior, mientras que el 95,3% de las administraciones superó la evaluación.

En cuanto a los resultados, 365 entidades (95,3%) superaron la evaluación y únicamente 18 (4,7%) no alcanzaron la puntuación mínima exigida. También aumenta de forma significativa el número de administraciones que obtienen la máxima calificación: 148 entidades lograron un 10, frente a las 90 que alcanzaron esa puntuación en la evaluación anterior.

Mejora en todos los sectores

La evolución positiva se refleja en todos los ámbitos analizados. La Administración Pública de la Comunidad Autónoma mejora su nota media de 8,85 a 9,10, mientras que el Portal de Transparencia del Gobierno de Canarias obtiene una puntuación de 9,17, superior al 9,02 registrado en la evaluación anterior.

Los cabildos insulares elevan su nota media de 8,87 a 8,92; los ayuntamientos protagonizan uno de los mayores avances, al pasar de 8,12 a 8,71; las universidades y su sector público dependiente mejoran de 8,90 a 9,23; las mancomunidades registran el incremento más destacado, de 7,72 a 9,39; y las corporaciones de derecho público avanzan de 8,43 a 8,99. Asimismo, el número de entidades participantes aumenta hasta 383, frente a las 377 de la convocatoria anterior, manteniéndose el porcentaje de cumplimiento por encima del 92 %.

Para el Comisionado de Transparencia, estos resultados confirman la consolidación de una cultura de la transparencia en las administraciones públicas canarias y ponen de manifiesto la utilidad del sistema de evaluación para impulsar la mejora continua, detectar ámbitos de progreso y reforzar la rendición de cuentas ante la ciudadanía.

El acceso a la información, la asignatura pendiente

Pese a la mejora de las calificaciones y al mayor cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, el Comisionado recuerda que la principal asignatura pendiente continúa siendo el derecho de acceso a la información pública. La institución subraya que garantizar este derecho no consiste únicamente en publicar información en los portales de transparencia, sino también en responder dentro de plazo a las solicitudes que presenta la ciudadanía.

"La falta de respuesta sigue siendo uno de los principales obstáculos para hacer efectivo este derecho", señala la comisionada, que considera que reducir el silencio administrativo constituye uno de los retos prioritarios para avanzar hacia una administración más transparente, abierta y responsable. En este sentido, insiste en que el fortalecimiento del sistema de transparencia pasa tanto por mantener la mejora en la publicidad activa como por asegurar una respuesta ágil y efectiva a las solicitudes de acceso a la información pública.

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