Canarias atiende a 1.659 personas en contextos de prostitución y explotación: el 91% son mujeres

Canarias concentró durante 2025 el 16% de todas las personas atendidas en España por la organización In Género, una entidad especializada en la defensa de los derechos humanos y en el acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad. En total, sus profesionales prestaron apoyo a 1.659 personas en las Islas, según los datos recogidos con motivo del Día Mundial contra la Trata de Personas, que se conmemora cada 30 de julio.

El perfil que dibujan las cifras es mayoritariamente femenino. El 91,14% de las personas atendidas en Canarias fueron mujeres cis, mientras que el resto corresponde a hombres y personas con otras identidades de género. La información recopilada durante las intervenciones revela, además, que el 18,34% presentaba una situación de explotación sexual identificada, aunque la detección de estos casos resulta especialmente compleja por el miedo, la dependencia económica y el control ejercido por terceras personas.

La irregularidad administrativa aumenta la vulnerabilidad

Uno de los principales factores de riesgo es la situación documental. El 41,43% de las personas atendidas se encontraba en situación administrativa irregular, mientras que otro 14,12% había iniciado algún procedimiento de regularización. En conjunto, más de la mitad afrontaba dificultades relacionadas con la obtención de permisos de residencia o trabajo.

La falta de documentación limita el acceso a un empleo regulado, una vivienda y determinados recursos públicos. También puede generar temor a contactar con las autoridades, incluso cuando existen indicios de explotación. Las víctimas pueden llegar a creer que denunciar provocará su expulsión del país o la apertura de un expediente sancionador, aunque la legislación contempla medidas específicas de protección, periodos de reflexión y autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales.

La vulnerabilidad se agrava durante los primeros meses después de la llegada. El 50,90% de las personas atendidas llevaba menos de un año en España, una etapa en la que suelen desconocer el funcionamiento de las instituciones, sus derechos y los recursos disponibles. Esta falta de información puede ser aprovechada por redes o personas que prometen trabajo, alojamiento o ayuda para viajar y que después imponen deudas y condiciones abusivas.

Los pisos concentran la mayoría de las intervenciones

La mayor parte de las personas atendidas en Canarias ejercía la prostitución en espacios privados. En concreto, el 64,10% lo hacía en pisos, frente a otros entornos como clubes, calles u hoteles. Esta circunstancia dificulta el contacto de las organizaciones sociales con quienes podrían encontrarse en una situación de explotación.

A diferencia de los locales abiertos al público, los pisos pueden cambiar con frecuencia de dirección y funcionar sin elementos visibles desde el exterior. En algunos casos, las personas viven en el mismo lugar en el que trabajan, permanecen bajo vigilancia o dependen de terceros para desplazarse, hablar con clientes y gestionar el dinero.

Entre las señales de alerta figuran el miedo o la ansiedad constante, no disponer de documentación propia, carecer de control sobre el teléfono móvil o los ingresos y ofrecer un relato aparentemente aprendido. También resulta relevante que otra persona responda por ellas, negocie los servicios o controle sus movimientos.

Casi nueve de cada diez mantienen a sus familias

La dependencia económica no se limita al territorio canario. El 89,55% de las personas atendidas mantiene económicamente a entre uno y veinte familiares, generalmente residentes en sus países de origen. Esta responsabilidad constituye uno de los mayores obstáculos para abandonar situaciones de explotación o condiciones laborales abusivas.

La necesidad de enviar dinero para pagar alimentos, alquileres, tratamientos médicos o estudios puede llevar a aceptar circunstancias que, en otro contexto, resultarían inasumibles. Los explotadores también pueden utilizar esa dependencia para ejercer presión, amenazar a los familiares o aumentar de manera artificial las deudas vinculadas al viaje y al alojamiento.

El informe advierte de que la pobreza, la necesidad extrema, el engaño y la dependencia económica impiden considerar válido el consentimiento. Una persona puede haber aceptado inicialmente viajar o ejercer la prostitución, pero continúa siendo víctima cuando las condiciones reales son distintas a las prometidas o cuando no dispone de una alternativa real para marcharse.

Colombia y Venezuela, principales países de origen

La mayoría de las personas atendidas procede de América Latina. Colombia representa el 59% de los casos registrados en Canarias, seguida de Venezuela, con un 22,5%, y Brasil, con un 3,3%. La edad más habitual se sitúa entre los 23 y los 42 años, franja en la que se concentra el 73,44% de las atenciones. Otro 7,65% tenía menos de 22 años.

Los datos desmontan también la idea de que la explotación afecta únicamente a personas sin formación. El 87,26% cuenta con estudios secundarios o superiores, lo que muestra que el nivel educativo no impide caer en redes de engaño, endeudamiento o abuso de vulnerabilidad.

In Género trabaja en Canarias desde 2024, con sede en Telde y una unidad móvil que permite acercarse a los lugares donde se encuentran las personas atendidas. Sus equipos están integrados por profesionales del trabajo social, la psicología, el derecho y la mediación intercultural.

La entidad recuerda que la trata no requiere necesariamente cruzar una frontera. El delito puede incluir la captación, el traslado o el alojamiento de una persona mediante engaño, amenazas o abuso de necesidad con el objetivo de explotarla sexual o laboralmente, obligarla a mendigar, imponerle un matrimonio o extraerle órganos.

Las cifras de 2025 muestran una realidad poco visible en Canarias: personas jóvenes, con formación y fuertes responsabilidades familiares, pero expuestas a la irregularidad administrativa, el aislamiento y la explotación en espacios privados. La detección temprana y el acceso a protección jurídica, social y psicológica resultan fundamentales para que puedan recuperar su autonomía.

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