Las universidades públicas canarias se plantan contra la infrafinanciación: la mitad del presupuesto establecido por la LOSU y 15 millones de desfase en 2027

Las universidades públicas de Canarias se plantan sobre un tema que ha sido recurrente durante los últimos años: la financiación insuficiente por parte de la Comunidad Autónoma. Los rectores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Lluís Serra, y de la Universidad de La Laguna (ULL), Francisco Javier García, han comparecido durante la mañana del jueves para analizar la propuesta de partida presupuestaria correspondiente al periodo 2027-2030: contempla un presupuesto total de la mitad establecido por la Ley Orgánica del Sistema de Universidades (LOSU) y un desfase de 15 millones de euros para el año 2027.

Sendas instituciones educativas han desgranado los problemas que encuentran en una propuesta de plan presupuestario que, según ellos, se ha elaborado bajo una perspectiva unilateral que ha dado un fruto insuficiente y "decepcionante". En esa línea, destacan la existencia de unas penalizaciones, sin precedentes según su experiencia, de hasta un 2,5% de la financiación básica por el incumplimiento de ciertos indicadores, como la presencia de un menor número de alumnado por aula de lo establecido por un marcador.

El Gobierno de Canarias parece evaluar sus universidades por cómo cuadran sus cuentas, en vez de por el beneficio que da a Canarias a través del conocimiento

Lluís Serra

— Rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

En comparación con la financiación complementaria en base a objetivos, que tiene como máximo un 1%, consideran injusto que el potencial de pérdida doble al de la ganancia. Bajo su criterio, se trata de un modelo que termina por evaluar a las universidades basándose "en cómo cuadran sus cuentas", en lugar de valorar su contribución socioeconómica al Archipiélago, y argumentan que no se pueden plantear penalizaciones cuando ni siquiera se garantiza la suficiencia financiera básica para operar con independencia.

De igual manera, la ULPGC y la ULL critican que la financiación base contradice lo establecido por la LOSU, que sitúa la aportación que debe hacer la Comunidad Autónoma en un 1% de su PIB para el año 2030, lo que equivaldría a unos 600 millones de euros. Sin embargo, la financiación total que se contempla para ambas universidades en dicho año, es algo superior a los 320 millones, algo más de la mitad de lo establecido por dicha ley.

Las universidades públicas canarias no compiten por un trato excepcional: piden un trato suficiente para cumplir las funciones que la sociedad les encomienda

Francisco Javier García

— Rector de la Universidad de La Laguna

Por otro lado, y como ya adelantó la Consejería de Universidades, el documento no incorpora los fondos de carácter extraordinario y singular, debido a que "no cuentan con una cuantía cerrada". A ese respecto, la posición de las instituciones educativas canarias es que consideran "un defecto profundo" no abordar ni cuantificar la financiación estructural singular, debido a que la LOSU reconoce explícitamente la insularidad como el primer elemento de singularidad que debe recibir una dotación específica y consideran incomprensible que no se incluya dada la especificidad canaria.

Además, las instituciones públicas parten de una situación de desfase presupuestario que se verá acrecentada en el periodo 2027-2030. Para el año que viene, la partida de financiación de la Comunidad Autónoma contempla un desfase en las cuentas de algo más de 3 millones de euros para paliar los gastos referentes a los complementos retributivos estatales de un 1,6% y el 0,5% del Índice de Precios de Consumo (IPC). Sin embargo, argumentan que no contempla el incremento retributivo que los acuerdos del estado contemplan para el año 2027, que según estiman rondará el 4,7%: en ese caso, se añadirían algo más de 11 millones a la cifra y situaría el desfase en unos 15 millones de euros. De forma global, la propuesta ofrece 286,9 millones de euros dedicados para gastos generales, pero las universidades requerirían de 290,4 millones sólo para cubrir los incrementos salariales legales de 2026 y 2027.

Pérdidas en la capacidad de gasto

Las universidades públicas canarias se encuentran en una situación de insuficiencia financiera en la que arrastran, desde el periodo 2022-2026, una pérdida acumulada de capacidad de gasto que cifran sobre los 25 millones de euros. Si bien la Consejería de Universidades plantea un instrumento para paliar la infrafinanciación del periodo anterior, las instituciones educativas critican que el Ejecutivo autonómico solo reconoce 9,7 millones en su propuesta, una cuanticuantíae diferencia en 15,3 millones de la que manejan las universidades. En esa línea, denuncian que tanto la ULL como la ULPGC reciben un 5% menos de financiación autonómica por estudiante que la media nacional, a pesar de que la Comunidad Autonómica tiene una financiación por habitante que es superior al resto de España.

Los rectores advierten que, de mantenerse esta propuesta, las universidades se verán condenadas a vivir "con respiración asistida", en palabras de García, una situación que imposibilitará la implantación de nuevas titulaciones destinadas a solventar las necesidades de las Islas, la ampliación de aquellos grados que cuenten con alta demanda —obligando a los jóvenes a estudiar fuera para seguir su vocación—, la renovación de unas infraestructuras que acumulan décadas de uso y que conlleva el riesgo de una "sangría de talento" al no poder ofrecer suficientes plazas de investigación y doctorado. En esa línea, aseveran que el modelo propuesto parece elegir "la renta sobre el talento".

Aumento de la inversión universitaria

Esta situación llega tras el anuncio por parte de la Consejería de Universidades de que la financiación se vería incrementada en más de 45 millones en cuatro años, con un crecimiento anual de entre el 3,5% y el 4%, al que habría que sumar las partidas de becas y ayudas al estudio. En total, la partida presupuestaria se incrementaría hasta llegar a los 326 millones de euros en 2030 frente a los 281 que reciben actualmente. Además, el nuevo contrato incorpora un fondo de nivelación para corregir las diferencias presupuestarias entre ambas universidades públicas y partidas vinculadas a objetivos concretos, como el refuerzo de las infraestructuras tecnológicas, si bien las instituciones educativas los consideran insuficientes.

La postura, tanto de la ULPGC como de la ULL, es la de tender la mano al diálogo para mejorar la propuesta y llegar a un punto en el que ambas partes estén conformes, si bien han mostrado su disconformidad con la falta de un trabajo conjunto previo, ejemplificado en el hecho de que el documento presupuestario, alegan, les fue entregado apenas unos minutos antes de la última reunión informativa.

Suscríbete para seguir leyendo