El Gobierno canario estrecha la vigilancia sobre los vertidos al mar
La mitad de los 398 que existen no cuentan con autorización ni han iniciado el proceso para obtenerla, lo que no implica que sean contaminantes

Estación depuradora de Barranco Seco, en la capital grancanaria. / JOSÉ CARLOS GUERRA

Canarias tiene en la actualidad 398 puntos de vertido de agua desde tierra al mar. Son cinco menos que el pasado año y la mitad de ellos (51%) no cuentan con autorización.
«Eso no quiere decir que sean contaminantes», aclara el director general de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático, Ángel Montañés, quien añade que no hay motivo para «preocupar a la ciudadanía» y mantiene abierta la posibilidad de que «si no el 85%», como se anunció en un principio, sí una cifra cercana tengan autorización el año próximo.
Proceso complejo
Las dificultades para lograr esa normalización pueden ser «tanto técnicas como documentales», añade Montañés. De ahí que en el listado de los no autorizados aparezcan infraestructuras tan estratégicas como, por ejemplo, la Estación de Depuración de Aguas Residuales (EDAR) del teatro, en la capital grancanaria.
El director general insiste en que en la gran mayoría de los casos, aun no teniendo la correspondiente autorización, se trata de vertidos que no generan «impacto medioambiental».
El 68,5%
Si se suman los que tienen iniciado el proceso para operar con los papeles en regla pero aún no lo han completado, la tasa de no autorizados se eleva hasta el 68,5%. Es decir, para cumplir el objetivo que se marcó la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno hace un año hay que reducir esa tasa en 53,5 puntos durante los últimos meses de legislatura, algo que Montañés todavía considera posible.
El director general de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático basa su optimismo en el acelerón que se está dando a estos trabajos durante los últimos años.
Diálogo constante
«Hay muchas conversaciones establecidas», relata sobre el trabajo desarrollado en ese ámbito, lo que le permite mostrarse «muy optimista». Los «procedimientos son sumamente complejos», añade, por lo que iniciarlos es un gran paso, pero la resolución final tarda en llegar más tiempo del que sería deseable.
La competencia de la consejería es «muy limitada», continúa Ángel Montañés. Básicamente se ciñe a «autorizar los vertidos conforme a la legislación vigente». Son los cabildos y ayuntamientos los que asumen el grueso de la labor. Y es con ellos con los que se trabaja para mejorar el grado de certificación de los vertidos.
Tenerife, mas activa
Hay actores más y menos activos. Entre los primeros, el director general cita al Cabildo y los municipios de Tenerife. «Trabajan por propia iniciativa», señala, además desde hace tiempo, mientras que en Gran Canaria «la preocupación» por este tema «es más reciente», señala Montañés.
Las mayores carencias de medios técnicos en la última de dichas islas, terminan por explicar la existencia de «diferentes velocidades» al abordar el problema.
Reducir la presión
No obstante, Montañés aclara que el interés «existe» en todas para reducir la presión de los no autorizados sobre el listado que maneja su dirección general. Es cierto que la intensidad del trabajo que se realice en este ámbito determinará la llegada más temprana o tardía al punto deseado, momento que en el caso de Tenerife estima que llegará «en pocos años».
Alcanzar ese hito tendría por sí mismo el efecto de mostrar al resto de islas la posibilidad de obtener el mismo resultado.
Primera vez
El censo se dio a conocer el pasado año por vez primera. Los trabajos de búsqueda han permanecido activos y aunque los números que se dieron entonces estuvieron muy cerca de los definitivos que hoy se manejan, la labor inspectora ha hallado otros. «Y también se han dado de baja algunos», reseña.
Este último caso lo ejemplifica con el de una piscina que contaba con autorización para verter al mar, pero sus propietarios «han adquirido un nuevo sistema que hace eso innecesario», con lo que se ha dado de baja.
Aparición de nuevos
En sentido contrario, la labor de inspección descubre nuevos vertidos que antes no estaban en el catálogo. «Hemos contratado un nuevo sistema», señala Ángel Montañés. Los avances tecnológicos permiten detectar lo que con anterioridad escapaba al ojo de la consejería.
En todo caso, los vertidos de mayor tamaño están controlados, que es precisamente el rol principal que tiene en estos casos la comunidad autónoma. «Eso y acelerar los procesos todo lo posible», añade el director general, para autorizar los que no cuentan aún con permiso.
'Ranking' por islas
Por islas es Tenerife la que acumula un mayor volumen de puntos de vertidos de agua al mar. Son 176 que dejan a gran distancia los 116 de Gran Canaria, la segunda que más trabajo tiene para ocuparse de esa cuestión. Sin embargo, la distancia se acorta cuando se trata de contabilizar los que vierten sin contar con autorización: 73 puntos tinerfeños de emisión al mar por 70 grancanarios.
Son estas dos islas las que mayor actividad económica presentan y, también, las que atienden a un volumen de turistas más grande. La actividad alojativa genera unas necesidades de tratamiento de aguas que no tienen otras.
Recuento reciente
Lo demuestra el hecho de que entre las no capitalinas destaquen Fuerteventura (38) y Lanzarote (36) como las siguientes en la lista. Precisamente las que cuentan con mayor incidencia de la industria alojativa en sus respectivos PIB. La Palma (17), La Gomera (11) y El Hierro (4) completan el último recuento, cerrado durante la pasada semana.
Los procesos puestos en marcha en todas las islas para la regeneración de las aguas residuales mantiene viva la esperanza del director general de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático de ver un Archipiélago con riesgo cero de vertidos contaminantes. Lo que sí afirma a día de hoy Ángel Montañés es que no existe ningún motivo para la alarma y que la calidad general que presentan las aguas costeras «es buena».
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