Sociología de la Judicatura española

El sociólogo José Juan Toharia (1942) catedrático de la UAM desde 1980 -ya emérito- ha analizado durante más de 50 años la imagen o percepción social de los jueces en España, cuestión cuyo estudio inició hacia 1972 y que cuajó en una tesis doctoral, dirigida por el reputado sociólogo español Juan J. Linz, catedrático de la Universidad de Yale (EEUU). Toharia es también doctor en Derecho y un notable demóscopo, fundador (2004) y presidente de Metroscopia un acreditado centro de investigación de la opinión pública. Este breve pero denso libro-informe es el último fruto de sus sostenidas indagaciones sobre el particular.

Dicho libro conserva prácticamente el título (El juez español. Un análisis sociológico, Madrid, Tecnos, 1975) de la pionera obra de Toharia sobre la materia, síntesis de la aludida tesis doctoral publicada en inglés en 1974, pero varía en su contenido. El libro de 1975, un primer reflejo de sus estudios sobre el terreno, contenía dos áreas: I) una, sobre los jueces (entrevistó a 191 jueces y magistrados, un 20% del total) y su entorno personal, describiendo sus rasgos básicos: acceso a la carrera judicial, origen social y geográfico, sus variadas «mentalidades» respecto a temas conflictivos: el divorcio, el jurado (entonces inexistentes en España) etc; y II) otra, con el análisis de la Judicatura en el marco de su actividad profesional (la estructura jurisdiccional de los tribunales ordinarios y especiales, estos últimos numerosísimos en el franquismo, como el aborrecido TOP); el impacto de esos años de crecimiento económico en la Administración de Justicia; e incluso cuestiones delicadas, en aquella España, sobre Justicia y Política).

Partiendo de esa plantilla básica, Toharia ha continuado analizando el mundo de la Justicia durante más de medio siglo, publicando multitud de estudios al respecto. Entre todos ellos, el propio autor destaca, aparte del libro de 1975, dos trabajos sintéticos: ¡Pleitos tengas! Introducción a la cultura legal española (Madrid, CIS, 1987) y 25 años de estudios de opinión del CGPJ (CGPJ, 2005).

El libro de 2025, indica Toharia, compara «la situación y la imagen de conjunto de la Administración de Justicia hace medio siglo con la ahora existente» y contiene... «las percepciones, evaluaciones y actitudes existentes entre los integrantes de la judicatura y entre el conjunto de la sociedad, ayer y hoy», respecto al sistema judicial. En los capítulos 2, 3 y 4 vuelve sobre la investigación de los años 70, indicando la evolución del contexto económico y sociopolítico desde la posguerra civil al tardofranquismo, 1965-75; las dificultades para realizar una investigación sobre el sector en años de escasa libertad política y enormes recelos en el seno del Régimen, y los resultados de su investigación inicial. Refiriéndose a estos últimos, Toharia concluyó entonces que bajo la «costra institucional a que...iba quedando reducido el franquismo, el cambio que estaba experimentando el país era tan profundo...que resultaba ya... detectable incluso en una institución como la Justicia... tildada de cerrada sobre sí misma y... alejada del pulso social circundante». Hasta el punto, dice, que en 1972-73 los integrantes de la judicatura ordinaria estaban ya más cerca (en actitudes, valores, ideas y opiniones) no sólo de los predominantes en la sociedad española de entonces «sino también, sin excesiva exageración, del que básicamente caracteriza hoy, en 2025, a nuestra judicatura».

En los demás capítulos, 5, 6 y Epílogo: a) describe la estructura actual de nuestra Justicia, renovada tras la democracia y ahora organizada territorialmente con arreglo al esquema cuasifederal del Estado, dedicando también unos comentarios al problemático Consejo General del Poder Judicial; b) evalúa la imagen social de los jueces, a quienes una gran mayoría de los ciudadanos (79%) consideran en líneas generales rectos y honestos, profesionalmente competentes (74%) y la garantía definitiva y última de las libertades y derechos individuales (92%), así como independientes (aunque aparentemente sometidos a presiones, en particular de los partidos políticos, impresión de la que disienten los propios jueces); c) analiza la realidad de los actuales jueces, en su mayoría mujeres (56,3%), que en absoluto constituyen una «casta judicial» (el 74% no tienen antecedentes familiares en profesiones jurídicas), y que se autodefinen ideológicamente plurales, con un perfil similar al conjunto de la población adulta.

El Epílogo, junto con otras consideraciones, aborda el traído y llevado lawfare, concepto de viva actualidad concretado en la acusación, por algunos políticos y opinadores, de que en ello incurren muchos jueces españoles, lo que suscita un tajante rechazo de Toharia.. El neologismo es una contracción de dos palabras del inglés, law (ley) y warfare (guerra), que apunta a una suerte de guerra judicial, a la persecución por los jueces de personas o grupos, sin un fundamento legal sólido, por razones esencialmente ideológicas.

En palabras de Toharia (pág. 121, n. 78) se trata de «un término con el que se designa un supuesto uso, con ánimo meramente intimidatorio y aun prevaricador, de las instancias judiciales contra alguna personalidad o en algún asunto concreto». Es -añade un tanto airado el autor- «una frontal y agresiva descalificación de la actividad judicial» a la que se atribuye de manera torticera, cuando sus investigaciones o decisiones resultan incómodas o negativas, un directo y sectario ánimo belicoso.

En España, la generalización del término en el ámbito político-jurídico se produjo sobre todo tras el llamado pacto de Bruselas (noviembre 2023) entre el PSOE y el partido catalán independentista de ultraderecha Junts, que contemplaba impulsar una ley de amnistía para los implicados en el procés a cambio de que Junts apoyara la investidura de Sánchez como presidente del Gobierno. El pacto incluía asimismo la escandalosa creación de comisiones parlamentarias de investigación que habrían de determinar si deberían «reclamarse acciones de responsabilidad por lawfare o politización de la Justicia». Este concreto aspecto suscitó una insólita y enérgica reacción conjunta de todas las asociaciones judiciales que estimaron que la creación de estas comisiones supondría «someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la división de poderes».

Un veterano e informado periodista sugiere que esa inquietante perspectiva estimuló al destacado jurista grancanario Manuel Marchena (expresidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y del tribunal juzgador de la causa del procés, ponente de la resolución que condenó a sus líderes por sedición y malversación, así como -en palabras de Toharia- «una figura especialmente respetada de nuestra Judicatura», a elaborar el instructivo libro La justicia amenazada. Retos del derecho en una sociedad en conflicto (Espasa 2025, 349 págs.), de muy recomendable lectura.

En los últimos años, casi todos los partidos españoles se han visto afectados por decisiones judiciales con repercusión política. Sin ir más lejos, recuérdese que la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Gürtel que afectó al PP desembocó en la moción de censura que condujo a Pedro Sánchez al Gobierno, lo que llevó a algunos políticos conservadores a invocar supuestos motivos ideológicos de los jueces del tribunal condenatorio, una acusación de matiz conspirativo insostenible. En la actual legislatura ha sido el PSOE el que se ha quejado reiteradamente de una supuesta actuación política de los jueces en connivencia con partidos de la oposición, quejas no meramente verbales sino que han llevado al Gobierno a proponer cuestionables y alarmantes reformas relacionadas con el Poder Judicial (vid.: José Tudela Aranda: En defensa del Estado de Derecho, Marcial Pons, 2025, pp. 208 ss).

Algunos casos en los que el actual Gobierno esgrime la existencia de lawfare afectan al entorno familiar de su presidente. Al respecto, Toharia deplora (pág. 126) que haya sido el propio presidente del Gobierno, ya en 2023 en una famosa entrevista televisiva, quien «diera... el inusitado paso de aludir a prácticas judiciales de lawfare en su contra», lo que implica «un formal incumplimiento de los usos y modos propios de una democracia». Pero una cosa es reconocer que hay jueces de instrucción, como el famoso Peinado, que han tomado decisiones atrabiliarias o desproporcionadas (muchas de ellas rectificadas por instancias judiciales superiores tras su revisión) y otra muy distinta motejar a los 5.343 jueces hoy en activo de prejuiciosos y sesgados, real o potencialmente.

Ante la preocupante situación actual generada por este permanente intento de los diferentes radicalismos ideológicos de cuestionar la legitimidad social del tercer poder del Estado, Toharia considera que no son «buenos tiempos para la Justicia» que, desde su consustancial temperancia, se ve forzada a soportar en silencio cuantos juicios de intenciones se le imputen». Una preocupación similar recoge el recentísimo informe de la UE sobre el Estado de Derecho, donde se recuerda a España que «aunque la crítica a las resoluciones judiciales forman parte del debate democrático, los poderes ejecutivos y legislativo deben evitar manifestaciones que puedan menoscabar la independencia judicial o la confianza púbica en la Justicia».

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