Los grandes ayuntamientos canarios descartan revisar la tasa de basuras tras a la sentencia del TSJC contra Las Palmas de Gran Canaria

La anulación por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de la ordenanza fiscal que regulaba la nueva tasa de residuos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha colocado este tributo en el foco del debate en el Archipiélago. Sin embargo, la sentencia no ha provocado, al menos por ahora, un efecto dominó entre los principales consistorios canarios. La mayoría sostiene que sus ordenanzas se encuentran en una situación distinta a la de la capital grancanaria y descarta introducir cambios en la regulación de una tasa especialmente sensible desde el punto de vista electoral, cuando falta menos de un año para los próximos comicios municipales.

La resolución del TSJC no cuestionó la existencia de la tasa, sino las deficiencias en la justificación económica empleada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para calcularla. El consistorio ya ha anunciado que no recurrirá la sentencia, devolverá las cantidades cobradas, alrededor de cinco millones de euros, y elaborará una nueva ordenanza adaptada a los criterios establecidos por el tribunal.

El origen de este cobro se encuentra en la Ley 7/2022, que obliga a todos los municipios españoles a establecer una tasa específica, diferenciada y no deficitaria, destinada a cubrir el coste de la recogida, el transporte y el tratamiento de los residuos. La normativa fija este objetivo, pero concede a cada ayuntamiento margen para diseñar su ordenanza, determinar el método de cálculo y establecer cuánto deberán pagar los hogares y las empresas.

Cada municipio defiende su modelo

En Santa Cruz de Tenerife, el concejal de Hacienda, José Alberto Díaz, insiste en que la situación «no es comparable». Explica que la capital tinerfeña parte de un modelo distinto al aplicado en Las Palmas de Gran Canaria, donde el coste del servicio estaba integrado en otras figuras tributarias. Además, recuerda que la nueva tasa comenzará a cobrarse en septiembre, aunque los contribuyentes ya están recibiendo las notificaciones. A su juicio, la ordenanza santacrucera responde al principio que inspira la normativa estatal: «Quien más residuos genere, más pague».

Puerto de la Cruz mantiene un planteamiento similar. Su concejal de Hacienda, Pedro Antonio Campos, asegura que la tasa está en vigor desde el pasado 1 de enero y sostiene que la ordenanza cuenta con todos los informes técnicos necesarios. A su juicio, el caso de la capital grancanaria responde a «vicios o defectos en la tramitación» de la ordenanza fiscal y no afecta al modelo aprobado por el municipio norteño.

En Mogán, el director general de Gestiona Mogán, Eduardo Álamo, recuerda que el municipio cuenta desde hace años con una tasa específica por la prestación del servicio y que en 2019 modificó la ordenanza para incluir también el tratamiento de los residuos. Asimismo, destaca que el TSJC avaló esta regulación al resolver los recursos interpuestos por la patronal hotelera. Aunque confirma que el Consistorio de Mogán revisa actualmente la ordenanza, aclara que el objetivo es continuar adaptándola a la normativa europea y no responder a la sentencia que afecta a Las Palmas de Gran Canaria.

La realización de un informe económico financiero es fundamental para la correcta aplicación del tributo.

En la misma línea se expresa Arrecife, cuya gestión tributaria depende de la Red Tributaria Insular de Lanzarote. La consejera de Hacienda del Cabildo, María Jesús Tovar, asegura que no está previsto introducir cambios porque las ordenanzas cuentan con el correspondiente informe económico financiero, un requisito que considera 'determinante' para diferenciar su situación de la vivida en la capital grancanaria. "En Las Palmas de Gran Canaria no se realizó este informe, por lo tanto, lo ocurrido no es extrapolable a nuestra situación", explica.

Los municipios que sí han actuado

Sin embargo, aunque la mayor parte de los municipios rechazó revisar sus respectivas ordenanzas, algunos sí introdujeron cambios para adaptar la tasa al coste efectivo del servicio.

Puerto del Rosario rebajará un 18,5% el recibo en 2026, mientras San Sebastián de La Gomera sigue asumiendo el sobrecoste con fondos municipales.

En Puerto del Rosario, el grupo de gobierno ha acordado recientemente reducir un 18,5% las liquidaciones correspondientes a 2026, después de actualizar el padrón tributario y revisar los informes económicos municipales. El Ayuntamiento sostiene que esta medida le permitirá ajustar la recaudación al coste real de la prestación del servicio. Además, ya trabaja en una modificación de la ordenanza que está previsto que entre en vigor el próximo año.

Asimismo, Santa Cruz de La Palma adaptó recientemente su ordenanza a la Ley 7/2022. El nuevo sistema, en vigor desde el 1 de enero de este año, incorpora criterios como el valor catastral, el número de personas empadronadas y las características de la actividad económica. También contempla bonificaciones para las familias vulnerables y las empresas que acrediten una correcta gestión de sus residuos. Según el Ayuntamiento, la mayoría de los hogares pagará menos que con el modelo anterior.

La excepción es San Sebastián de La Gomera. El Ayuntamiento reconoce que todavía no ha repercutido en los recibos de los vecinos el incremento del coste del servicio. El concejal de Urbanismo, Agustín Herrera, explica que el consistorio ha preferido asumir ese sobrecoste con recursos propios, a la espera de que exista una mayor claridad sobre la aplicación práctica de la normativa. «No nos parecía justo empezar a gravar al ciudadano hasta que esta situación estuviera clara», afirma.

Por su parte, el Ayuntamiento de Valverde asegura que los cambios normativos no han tenido efectos en el municipio y que, por el momento, no contempla introducir modificaciones en la tasa vigente.

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