¿Puede Canarias copiar a Singapur para resolver la crisis de la vivienda?

La visita del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a Singapur ha vuelto a situar en el foco uno de los modelos de vivienda más singulares del mundo. La ciudad-Estado asiática ha conseguido que ocho de cada diez habitantes vivan en viviendas promovidas por el Estado y que alrededor del 90% de la población sea propietaria de su hogar, unas cifras difíciles de encontrar en cualquier otro país desarrollado y que han despertado el interés de distintos gobiernos europeos en plena crisis habitacional.

Canarias tampoco escapa a ese debate. Con más de 34.000 personas inscritas en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida, el acceso a una vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas sociales del Archipiélago. En este contexto, tras el fracaso del plan de vivienda de Canarias 2020-2025, el Gobierno autonómico prepara el renovado Plan de Vivienda de Canarias 2026-2030, como hoja de ruta con la que pretende incrementar la oferta residencial y reforzar el parque público, aunque desde una filosofía muy distinta a la aplicada durante décadas por Singapur.

Un modelo construido desde el Estado

El éxito del sistema singapurense radica en el papel que desempeña la administración pública. A través de la Housing & Development Board (HDB), el Estado planifica los nuevos desarrollos urbanos, construye la mayor parte de las viviendas y mantiene la titularidad del suelo sobre el que se levantan. Los ciudadanos adquieren un derecho de uso de 99 años, pero no la propiedad del terreno, lo que permite al Gobierno conservar un amplio margen de intervención sobre el mercado residencial.

El 80% de la población del país insular reside en viviendas de propiedad pública.

A ello se suman otras medidas destinadas a contener la especulación, como los impuestos sobre la compra de segundas viviendas, restricciones a la reventa de inmuebles públicos y una planificación de la oferta vinculada a las necesidades de la población. El resultado es un parque residencial público que alberga a cerca del 80% de la población y un mercado donde el Estado desempeña un papel determinante.

Dos modelos para un mismo problema

Por otro lado, en Canarias, el reciente informe relativo a la consulta pública previa a la aprobación del Plan de vivienda 2026-2030 reconoce que existen importantes desequilibrios entre la oferta y la demanda residencial. El propio Ejecutivo identifica como principales obstáculos la escasez de suelo disponible, el incremento del precio de compra y alquiler, la insuficiencia del parque público de viviendas y las dificultades para movilizar vivienda asequible al mercado.

A partir de ese diagnóstico, el Gobierno plantea una estrategia basada en incrementar la oferta de vivienda asequible, reforzar el parque público residencial, impulsar la promoción de vivienda protegida, fomentar el alquiler asequible y favorecer la colaboración entre las administraciones y el sector privado. También apuesta por la rehabilitación del parque residencial y la regeneración urbana como herramientas para ampliar la oferta disponible.

El planteamiento, sin embargo, difiere notablemente del seguido durante décadas por Singapur.

Mientras Canarias plantea una combinación de promoción pública, ayudas, rehabilitación y colaboración público-privada, el modelo singapurense sitúa al Estado en el centro de toda la política residencial. Es la administración quien planifica el desarrollo urbanístico, promueve la mayor parte de las viviendas públicas y conserva la titularidad del suelo sobre el que se edifican.

El papel del Estado marca la diferencia

La principal diferencia entre ambos sistemas reside precisamente en el peso de la intervención pública. En Singapur, el acceso a la vivienda se articula a través de un parque residencial construido por el Estado y gestionado mediante contratos de larga duración. Canarias, por el contrario, mantiene un modelo en el que el mercado privado continúa siendo el principal proveedor de vivienda, mientras las administraciones buscan aumentar progresivamente el parque público y facilitar la promoción de nuevas viviendas protegidas.

El Archipiélago apuesta por reforzar el parque público y aumentar la oferta residencial sin renunciar a la colaboración con el sector privado.

La comparación con Singapur, por tanto, pone de manifiesto dos formas muy distintas de afrontar un mismo desafío. Mientras el país asiático ha construido durante décadas un modelo basado en una fuerte intervención pública y un amplio parque residencial promovido por el Estado, Canarias apuesta por reforzar la vivienda pública sin renunciar a la participación del sector privado, confiando en que la combinación de nuevas promociones, rehabilitación y movilización de viviendas permita aliviar una crisis que continúa situándose entre las principales preocupaciones de la población canaria.

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