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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

La nueva Ley de Cabildos cambia las obligaciones de transparencia de cabildos y ayuntamientos canarios

La nueva norma incorpora nuevas exigencias de publicidad activa, mientras otras dejan de ser obligatorias y pasan a ser recomendaciones

La Comisionada de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias, María Noelia García Leal.

La Comisionada de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias, María Noelia García Leal. / ED

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J. Plasencia

Santa Cruz de Tenerife

La entrada en vigor de la Ley 3/2026, de Cabildos Insulares, modifica las obligaciones de publicidad activa que deben cumplir los cabildos y ayuntamientos canarios. El Comisionado de Transparencia de Canarias ha comunicado a las corporaciones locales los cambios derivados de la nueva norma, que sustituye el catálogo específico de obligaciones previsto en la Ley 8/2015 por el régimen general de la Ley 12/2014 de transparencia y acceso a la información pública.

La modificación supone que 15 obligaciones que hasta ahora eran específicas para los cabildos pasan a convertirse en recomendaciones voluntarias, mientras que se incorporan 18 nuevas exigencias procedentes del régimen general de transparencia, lo que eleva en tres el número total de obligaciones. En el caso de los ayuntamientos, se incorporan 20 nuevas obligaciones y otras 18 dejan de ser obligatorias, con un incremento final de dos respecto al sistema anterior.

Entre las novedades figuran la publicación de los acuerdos con sindicatos y organizaciones empresariales, las listas de contratación de personal, las dietas y gastos de viaje de cargos públicos y directivos, los contratos de campañas publicitarias, el inventario de bienes y derechos, las prórrogas y modificaciones de contratos, las subvenciones concedidas sin concurrencia pública o la documentación de los instrumentos de ordenación territorial, entre otros contenidos.

Para facilitar la adaptación al nuevo marco legal, el Comisionado ha remitido a cabildos y ayuntamientos las relaciones actualizadas de obligaciones vigentes desde el 30 de junio de 2026 y ha recordado a las corporaciones insulares su responsabilidad de mantener el portal de transparencia y garantizar el cumplimiento de estas exigencias por parte de todas las entidades de su sector público.

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