La ley obliga a los hogares de Canarias con empleados domésticos a cumplir este requisito: las multas pueden llegar a 49.180 euros

Tener contratada a una persona para realizar tareas de limpieza, cocina, cuidados u otros trabajos domésticos implica desde hace meses nuevas obligaciones también dentro de la vivienda. Los hogares de Canarias que cuenten con empleados del hogar deben realizar una evaluación de los riesgos laborales a los que están expuestos durante su jornada y aplicar las medidas preventivas necesarias.

La obligación deriva del Real Decreto 893/2024, que reconoce a las personas trabajadoras del hogar el derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud laboral y establece que corresponde a la persona empleadora garantizarla. La norma obliga expresamente a realizar una evaluación inicial teniendo en cuenta tanto las características de las tareas como las de la persona contratada.

No cumplir con la normativa puede tener importantes consecuencias económicas. La Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social considera una infracción grave no llevar a cabo las evaluaciones de riesgos que sean obligatorias. Para las infracciones graves en prevención de riesgos laborales, las multas se sitúan entre 2.451 y 49.180 euros, dependiendo del grado y de las circunstancias concretas del incumplimiento. No significa, por tanto, que la ausencia de la evaluación suponga automáticamente una sanción de 49.180 euros.

Qué deben hacer los hogares con empleados domésticos

La principal obligación consiste en estudiar las condiciones en las que se desarrolla el trabajo dentro de la vivienda y detectar los posibles riesgos para la seguridad y la salud de la persona contratada.

La evaluación no es idéntica para todos los domicilios. Debe atender a las características del trabajo que se realiza y actualizarse cuando cambien las condiciones laborales, cuando así lo determine la propia evaluación o después de que se produzcan daños relacionados con el trabajo.

Si se detectan situaciones de riesgo, el empleador tiene que adoptar las medidas necesarias para eliminarlas, reducirlas o mantenerlas bajo control. Además, esas medidas deben quedar documentadas por escrito, con la fecha de su implantación, y entregarse una copia a la persona trabajadora.

Por ejemplo, la evaluación puede tener en cuenta las tareas que se realizan en el domicilio, los equipos utilizados o aquellas situaciones que puedan exigir medidas de protección específicas.

Cómo hacer gratis la evaluación de riesgos

Para facilitar el cumplimiento de esta obligación, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) puso en marcha Prevencion10.es, una herramienta pública y gratuita destinada específicamente a las personas empleadoras del servicio del hogar familiar.

El sistema permite realizar la evaluación sin necesidad de disponer de conocimientos técnicos previos y genera un documento con los riesgos detectados en el domicilio, las medidas preventivas que deben implantarse y la información que debe facilitarse a la persona trabajadora. También permite establecer fechas para aplicar las medidas y hacer un seguimiento posterior.

El Ministerio de Trabajo presentó esta herramienta el 14 de mayo de 2025 y estableció un periodo de seis meses para completar la evaluación e implantar las medidas necesarias. El propio Real Decreto determina que las obligaciones serían exigibles una vez transcurridos seis meses desde la puesta a disposición de la herramienta, por lo que actualmente ya se encuentran plenamente vigentes.

Guantes y otros equipos deben proporcionarse gratuitamente si son necesarios

La responsabilidad del empleador no termina con la elaboración de la evaluación.

Cuando los riesgos no puedan evitarse suficientemente mediante otras medidas, será necesario facilitar a la persona trabajadora equipos de protección individual adecuados. La propia evaluación determinará en qué tareas son necesarios y qué características deben tener.

Estos equipos deberán ser proporcionados sin ningún coste para el empleado y tendrán que sustituirse cuando sea necesario. La persona empleadora también debe procurar que se utilicen de manera segura.

Asimismo, la persona trabajadora debe disponer de información sobre los riesgos asociados a su actividad y las medidas de prevención y protección que resulten aplicables.

Qué pasa si existe un riesgo grave dentro de la vivienda

La normativa introduce además una protección específica cuando el trabajo pueda representar un riesgo grave e inminente.

En esos casos, el empleador debe informar del peligro y adoptar las medidas necesarias para que la persona pueda interrumpir su actividad e incluso abandonar inmediatamente el domicilio si fuera preciso. Mientras persista ese riesgo no puede exigírsele que reanude el trabajo.

Esto no significa que la falta de cualquier documento permita automáticamente dejar de trabajar, sino que este derecho está relacionado específicamente con la existencia de un peligro grave e inminente para la vida o la salud.

Multas de hasta 49.180 euros, pero no de forma automática

Uno de los puntos que más dudas puede generar es el régimen sancionador. La legislación califica como infracción grave no realizar las evaluaciones de riesgos y sus correspondientes actualizaciones o revisiones, así como no adoptar las actuaciones preventivas que resulten necesarias a partir de ellas.

Las sanciones previstas actualmente para las infracciones graves en prevención de riesgos laborales se dividen en tres niveles: desde 2.451 euros en su grado mínimo hasta un máximo de 49.180 euros en su grado máximo. La cantidad final depende de la graduación que corresponda en cada expediente, por lo que el máximo no debe interpretarse como una multa automática para cualquier hogar que incumpla.

La obligación, en cualquier caso, ya afecta a quienes tengan personal doméstico contratado en Canarias, convirtiendo la prevención de riesgos en una responsabilidad más asociada a la contratación dentro del propio hogar.