Canarias destina 8,6 millones a una estrategia para cruzar datos y agilizar trámites

El Gobierno de Canarias avanza en la creación de la Estrategia del Dato Administrativo, un modelo destinado a gestionar y cruzar los datos de las distintas consejerías con el objetivo de agilizar los procedimientos administrativos y evitar que los ciudadanos tengan que aportar datos que ya obran en poder de la Administración cada vez que realizan un trámite. El Ejecutivo destinará 8.620.129,12 euros, con el IGIC incluido, a la iniciativa, que lleva aproximadamente un año en desarrollo. Ahora se encuentra en fase de formalización mediante un documento que establece las bases para extender este sistema al conjunto de la Administración autonómica.

La directora general de Transformación Digital de los Servicios Públicos, Guadalupe González Taño, define la estrategia como un proyecto «horizontal» que afecta a todos los procedimientos de la Administración. El objetivo es que los datos se recojan de la misma manera en los distintos departamentos para estandarizar y agilizar los trámites, reducir errores y permitir que la Administración utilice información que ya obra en su poder. «En primer lugar, establecer datos homogéneos permite estandarizar procedimientos, agilizarlos y cruzarlos», explica González Taño.

La estrategia permitirá también avanzar hacia los denominados servicios proactivos, aquellos en los que la Administración puede detectar que una persona tiene derecho a una prestación y ofrecérsela sin que tenga que iniciar previamente el procedimiento. «Si yo tengo un dato de una persona concreta, puedo dirigirme a esa persona y ofrecerle una ayuda más personalizada», señala.

En Dependencia y becas ya se está aplicando

El modelo ya se está aplicando en algunos procedimientos, donde su uso permite geolocalizar los expedientes. Uno de ellos es el de Dependencia. El sistema detecta automáticamente la existencia de varios procedimientos asociados a un mismo domicilio. González Taño explica que, hasta ahora, un valorador podía acudir a un domicilio sin saber que otro miembro de la familia tenía también un expediente abierto en esa misma dirección. «Ahora, ¿qué permite el sistema? Pues ver que en esa casa hay dos expedientes y, por tanto, valorar a las dos personas a la vez», apunta.

El funcionamiento del modelo es similar al que ya se está aplicando en la declaración de la renta.

La información disponible permite además organizar los expedientes en función de diferentes variables. Por ejemplo, la fecha de nacimiento de los solicitantes permite priorizar los casos de menores.

Otro de los ámbitos en los que ya se ha aplicado el sistema es el de las becas. Los estudiantes que solicitaron una ayuda el año anterior pueden encontrar parte de la nueva solicitud cumplimentada con los datos que ya tiene la Administración.

El funcionamiento es similar al de la declaración de la renta, donde la información del contribuyente aparece incorporada previamente. «Tú no tienes que estar rellenando todos los campos, solamente los que cambien», explica la directora general.

Además de facilitar la tramitación, este sistema reduce los errores, ya que los datos utilizados proceden de solicitudes anteriores y han podido ser corregidos previamente cuando se detectaron equivocaciones.

Estos son todavía los primeros pasos de una estrategia que pretende extenderse progresivamente a otros procedimientos. Para ello será necesario seguir estandarizando los datos de las distintas consejerías, una tarea que ya se desarrolla a través de un comité departamental en el que participan los responsables de datos de todos los departamentos.

«Se estandarizan los datos para que las solicitudes se pidan siempre igual y, de esa forma, podamos empezar a hacer este tipo de servicios», señala González Taño.

Una oficina técnica para extender el modelo

La siguiente fase será dotar al Gobierno de la infraestructura tecnológica y los recursos humanos necesarios para extender este modelo. El contrato para la infraestructura ya ha salido a concurso y el Ejecutivo espera que esté adjudicado en septiembre.

A esta infraestructura se sumará una oficina técnica de apoyo a las consejerías, que también saldrá a concurso y cuya puesta en funcionamiento está prevista para septiembre. Contará con técnicos que ayudarán a los distintos departamentos a desarrollar la estrategia, especialmente a aquellos que no disponen de suficiente personal especializado.

El coste de la nueva oficina técnica ronda los seis millones de euros durante cuatro años.

El importe total que gestiona actualmente el servicio de contratación asciende a 8.620.129,12 euros, con el IGIC incluido. De esta cantidad, la oficina técnica de apoyo a las consejerías supone alrededor de seis millones de euros durante cuatro años, mientras que la infraestructura tecnológica necesaria para poner en marcha el sistema ronda el millón de euros. A estas partidas se suman otros gastos asociados al despliegue del modelo, entre ellos las licencias necesarias para utilizar determinadas herramientas tecnológicas, incluidas aquellas vinculadas a la inteligencia artificial.

La inversión permitirá dotar al Gobierno de una infraestructura capaz de organizar, compartir y cruzar los datos que ya manejan las distintas consejerías, pero también de contar con personal especializado que ayude a cada departamento a incorporar progresivamente este modelo a sus procedimientos. La intención es que el sistema no se limite a los primeros casos ya desarrollados en Dependencia y becas, sino que pueda extenderse a nuevos servicios a medida que los datos estén estandarizados y puedan utilizarse de forma conjunta.

La estrategia pretende sentar así las bases para una Administración que pueda utilizar de forma más eficiente la información de la que ya dispone y avanzar en la automatización de procesos, la inteligencia artificial y los servicios personalizados. «Esto tiene un recorrido muchísimo más largo», apunta González Taño.

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