VIVIENDAS EN EL LITORAL
Los afectados por la Ley de Costas piden frenar los derribos en Canarias
El presidente del colectivo reitera la suspensión cautelar de las ejecuciones hasta que se apruebe la modificación de la ley
Vivienda en la Cueva de la Negra afectada por la Ley de Costas. / LP / DLP
Añádenos en GoogleJ. Plasencia
La Plataforma Canaria de Afectados por la Ley de Costas ha reclamado este miércoles la suspensión cautelar de las ejecuciones de derribo en Canarias hasta que se apruebe la modificación de la Ley de Costas, una reforma que ya ha superado el trámite del Senado y permanece pendiente en el Congreso de los Diputados.
El presidente de la plataforma y abogado José Luis Langa González, ha advertido de que la ejecución de sentencias mientras la reforma continúa pendiente puede afectar a zonas habitadas y espacios de valor patrimonial del Archipiélago. Como ejemplo ha señalado el caso de la Cueva de la Negra, en Pájara (Fuerteventura), cuyo derribo fue paralizado cautelarmente el pasado mes de agosto. Una construcción de más de 150 años de antigüedad situada en un espacio con valor patrimonial.
Langa ha anunciado que solicitará una reunión urgente con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y con los directores generales de Patrimonio y Contratación, Juan Cabrera Delgado, y de Costas y Gestión del Espacio Marítimo, Antonio Acosta Felipe. El objetivo es abordar las posibles ejecuciones en marcha y tratar de evitar nuevos derribos.
La plataforma también reclama la convocatoria urgente de la Comisión Mixta de Afectados por la Ley de Costas en Canarias, en la que están representados el Gobierno autonómico, los cabildos, los ayuntamientos y la propia organización.
"Estamos en un momento crítico para poder salvar del derribo muchos espacios que son parte de nuestra historia canaria", señala Langa, que considera que esperar a la aprobación de la reforma podría ser demasiado tarde para algunas poblaciones y espacios patrimoniales.
Langa también ha criticado la actuación de la Demarcación de Costas del Estado, a la que acusa de continuar con la ejecución de sentencias de derribo "sin discriminación" y de no tener en cuenta la situación de determinados núcleos urbanos consolidados y espacios patrimoniales.
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