Gloria Elizo (Madrid, 1966) es Vicepresidenta Tercera del Congreso de los Diputados, abogada penalista con ejercicio profesional durante 25 años antes de entrar en política, y ha dirigido el equipo legal de Podemos durante muchos años, además de haber sido desempeñado, en la anterior dirección de la formación morada, la secretaría de Regeneración Democrática y Políticas Anticorrupción. Ha participado en diversos procesos legales de corrupción y pidió la creación de una comisión de investigación sobre los negocios de Juan Carlos I. Participa este sábado en Las Palmas de Gran Canaria en un debate organizado por Reunir Canarias sobre corrupción política en el contexto de los escándalos del ‘caso Mediador’ y ‘caso Cuarteles’.
'Corrupción, clientelismo y criminalidad. El pastel canario', ¿qué pretende resaltar durante su intervención en este debate?
En Canarias, como en general en el resto del Estado, hay una estructura legal, normativa que permite la dinámica de corrupción que con frecuencia salta a la luz en los medios de comunicación. El acercamiento de la resolución del problema implica una voluntad política para hacerlo y un cambio estructural. Joaquín Costa decía en el siglo XIX que la corrupción no es un desvío de las normas jurídicas, sino que es el propio ordenamiento jurídico el que permite esas prácticas. Los cambios normativos y políticos, asumir cuáles son los requerimientos éticos de los representantes públicos, implica que se puedan cambiar las cosas desde el punto de vista judicial, pero también las políticas públicas que hacen que las cosas cambien de verdad estructuralmente. Mi preocupación personal es que hemos abandonado en el discurso político desde hace unos años cuáles son esas prácticas de regeneración democrática que impedirían que estas prácticas corruptas se repitan con frecuencia.
Tenemos ahora dos casos muy emblemáticos en Canarias. ¿Hay un mayor caldo de cultivo para la corrupción política en las Islas?
Los casos de corrupción en Canarias se producen de una forma muy parecida al resto de España e incluso en el resto de países que tienen un problema muy visible de corrupción, y es la desviación de poder para intereses privados, que es lo que estamos viendo por ejemplo en el ‘caso Mediador’, cómo se hace uso de un escaño en el Congreso desde el que hay que defender el bien común, para beneficio propio. Esa sistemática aparece desde los pequeños cargos hasta los grandes cargos que no ven más que una oportunidad para hacer negocio.
Es lo plantea usted en el libro que ha publicado sobre el caso del comisario Villarejo
En efecto. En ‘Villarejo, el emérito de las cloacas’, escrito junto a Pablo Fernández Alarcón, planteamos cual es el entramado de corrupción en varios casos muy conocidos, con una máxima que es indudable y es que si quieres saber qué está pasando en un caso de corrupción, sigue la pista del dinero. En los ‘casos Mediador' y 'Cuarteles’ se hace eso, un aprovechamiento privado de los recursos públicos.
En el debate de este sábado plantean la creación de una Agencia Anticorrupción Canaria, ¿con qué especificidades y operatividad, cómo funcionaria?
Es una propuesta que se hace desde Canarias y sería indispensable que aquellos recursos que van tanto hacia la recuperación de una cultura democrática, para saber cómo son los estándares de comportamiento ético. En España somos muy laxos judicial y políticamente con los casos de corrupción, no se denuncian porque existe un absoluto abandono de las personas que ven esas prácticas incorrectas. Están absolutamente solas a riesgo de perder su trabajo y sacrificar mucho de su vida personal y profesional. En Canarias se trataría de la creación de un organismo que permita el asesoramiento de los casos de corrupción, y un acompañamiento y una investigación autónoma y privilegiada de aquellas denuncias que se presentan por parte de la ciudadanía y de funcionarios. Creo que es básico establecer recursos y resortes imparciales que sean capaces de tomar las riendas de algo tan complicado en España como es denunciar un caso de corrupción.
Acaba de aprobarse la ley de Protección del Denunciante. ¿Qué efectos reales tendrá su aplicación?
Es una transposición de una directiva europea impulsada por Greco (el órgano anticorrupción del Consejo de Europa), pero la ley se queda corta porque no contempla una Agencia Anticorrupción de ámbito estatal. Hay elementos judiciales y procesales que van a permitir la protección de los denunciantes, pero no vale con eso. Necesitamos recursos que permitan que esa protección sea adecuada. Una agencia organizaría de una forma pública lo que una persona de manera individual no puede hacer. Los casos de corrupción se presentan contra personas que tienen poder o cercanía con él que les permiten estar más o menos protegidas. Establecer unas estructuras de protección es básico. La propia directiva de la UE pedía esa agencia y desgraciadamente nos hemos quedado cortos.
¿No vale entonces con la creación de la Autoridad Independiente de protección del denunciante que sí se contempla?
No es suficiente. Creo que organismos autónomos independientes funcional y financieramente son necesarios para que nos creamos de verdad que hay una intervención pública en la protección de aquellas personas que denuncian. El armazón debe ser mucho más potente y mucho más estructural con una garantía de independencia.
¿Qué impresión tiene sobre las características y el alcance real de los casos 'Mediador' y 'Cuarteles'?
En ambos casos es la reproducción de viejos estándares de escándalos de corrupción, el uso de un puesto público para coaccionar a terceras personas y en último término para enriquecerse, lo que viene siendo un cohecho propio o impropio. En estos casos se da de una manera tan grosera y a veces tan pírrica que rompe todos los estándares éticos, además de los judiciales.
¿Cuánto daño está haciendo al Congreso y a la política en general la implicación de un diputado en un asunto como el ‘caso Mediador’ y su aparición en fotos acompañado de prostitutas?
Yo creo que institucionalmente la imagen del Congreso está más o menos protegida, pero sin duda el gran efecto que tiene el ‘caso Mediador’ es la desafección de la ciudadanía respecto de la política. Los casos de corrupción ya no tienen tantos efectos de desmovilización del voto directo a los partidos a los que afecten, como de la pérdida de confianza de la ciudadanía en los partidos y las instituciones. Eso redunda en la aparición de partidos mucho más radicalizados que hacen un discurso populista. La expresión que los representa es esa de que ‘todos los políticos son iguales’. Es el gran problema e implica que en España, en los últimos 15 ó 20 años con grandes casos de corrupción se vea con unos porcentajes de abstención muy altos y con una ciudadanía que aunque vote se ve muy desvinculada de los partidos.
¿El Congreso no vigila la conducta de los diputados? Existe un código que si se cumpliera hubiera evitado las reuniones la cámara de Juan Bernardo Fuentes con el mediador.
El problema es que no existe en ese Código de Conducta que ayude a que sea de obligado cumplimiento. De hecho, se da el caso de que ninguno de los 52 diputados de Vox hayan presentado la declaración de incompatibilidades e intereses que tienen y no se sienten vinculados por una resolución de las Cortes Generales. Si no tenemos ese cuerpo sancionador se queda en una especie de mera enunciación sin efecto práctico. Ahora mismo el cumplimiento del Código de Conducta es de facto totalmente voluntario. Es una de las cosas que nos exige Europa que no se cumplen.
¿Es partidaria de crear comisiones de investigación sobre estos dos casos o sobre alguno de ellos?
Hay que diferencias lo que son las responsabilidades judiciales de las políticas y no nos podemos amparar que en ambos casos están ‘sub judice’ para evitar que el Congreso verifique si hay responsabilidades políticas. Merecería la pena que el Congreso tuviera la capacidad de intervenir para ver qué ha pasado y qué responsabilidad política tiene una persona que tenía un cargo público. Creo en las comisiones de investigación, en las comparecencias o en cualquier otro método de comprobación que se utilice. Hay muchas herramientas parlamentarias para hacerlo, no solo la comisión de investigación, pero sería mucho más sano democráticamente que tuviéramos la oportunidad de al menos algún tipo de escrutinio sobre lo que ha ocurrido.
¿Pero habrá tiempo para hacerlo antes del fin de la legislatura?
Desgraciadamente, los tiempos políticos ya no dan espacio de maniobra para trabajar seriamente, en profundidad y sin hacer arma electoral de lo que podamos hacer con estos casos. Si se hace con rigor y sin ánimo de sacar rédito electoral, sería estupendo, el problema es que utilizamos el ‘caso Mediador’ o el ‘caso Kitchen’ sólo como si fueran un problema electoral.
¿Qué ha fallado entre los dos socios del Gobierno para evitar el enfrentamiento en proyectos legislativos claves de la legislatura?
Yo creo que por parte de Podemos se ha hecho una gestualización encaminada a dar visibilidad aquellas medidas que se quieren poner encima de la mesa de cara a los próximos procesos electorales. Es inviable tanto para el PSOE como para Podemos romper la coalición de Gobierno. No se puede presentar un partido después de haber roto un Gobierno de coalición que la única opción en reeditar el Gobierno con los mismos socios que acabaron la legislatura con una ruptura. Nadie puede ir a unas elecciones con la responsabilidad de haber roto la coalición.
¿Cómo interpreta la moción de censura de Vox que se debatirá la próxima semana? ¿Cuáles son las claves de esta operación de la ultraderecha?
Es importante que los representantes públicos cuiden institucionalmente al Parlamento y es un erro utilizar una herramienta como la moción de censura en términos puramente electorales. Eso no se lo puede permitir ningún grupo ni como conjunto de representantes de los ciudadanos. No tengo nada contra Ramón Tamames, el candidato, me parece mucho más inteligente y capacitado que el líder de Vox, Santiago Abascal, pero sí contra la instrumentalización del Congreso y de la moción de censura para tener una visibilidad de cara a las elecciones. Me parece otra forma de corrupción y define desde el punto de vista de cultura democrática al partido que la impulsa. Creo que al final va a resultar un esperpento en términos políticos
Son conscientes en Podemos de que la división de la izquierda alternativa en Canarias les lleva a ser irrelevantes tras el 28-M? ¿Es inviable ya un acuerdo con Proyecto Drago de Alberto Rodríguez?
Desde las últimas elecciones autonómicas se percibe claramente que aquellas fuerzas con un arraigo más regionalista o soberanista, y las que tienen un pulso más ideológico, son las que tienen ahora mismo una mejor posición en las disputas electorales. En Canarias, opciones como Reunir Canarias, que tienen ese perfil soberanista y con un pulso claramente ideológico y progresista, son importantes y tienen mucho que aportar. Hace falta inteligencia y generosidad por parte de aquellas personas y proyectos políticos que tienen ese perfil. Hay que mirar para adentro y no para afuera y es importante que nos preguntemos por qué los dos únicos diputados de Podemos que ya no están en el partido con los diputados de Canarias. Hay circunstancias fácticas que van a determinar de cual debe ser el futuro de las fuerzas progresistas en Canarias.
Por cierto, ¿ve posibilidades de que el Constitucional acabe devolviendo el escaño a su ex compañero?
Creo que las circunstancias en las que se resolvió la decisión por parte de la Presidenta del Congreso estaban determinadas por el mandato del Supremo y creo que sea cual sea la decisión del Constitucional pondrá luz sobre aquellas circunstancias. Creo que un Constitucional reformado con personas de indudable valía y conocimiento jurídico no solo resuelva este conflicto lo antes posible y que lo haga de forma democrática respetando no solo las decisiones del Supremo, sino también las que se derivan de la importancia de preservar la representación de los ciudadanos en el Congreso.
