La comunidad de propietarios de la calle Simón Bolívar, número 5, mantiene su pulso judicial contra el Ayuntamiento para evitar que los actos nocturnos del Carnaval, conocidos popularmente entre las mascaritas como mogollones, se celebren en la trasera del parque Santa Catalina. La abogada Yomara García, que defiende a los vecinos, insistió ayer en que el auto en el que se suspenden la denominadas Noches de Carnaval, dictado el pasado 22 de enero por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5, "tiene que ser acatado" y que el recurso que pudieran poner o no los residentes contra la petición de apelación que ha presentado el Ayuntamiento -aún [por ayer] no les había llegado a sus representados- "no paralizaría" en todo caso el cumplimiento de dicha resolución judicial.

La opinión de la abogada también la comparten fuentes jurídicas consultadas por este periódico para conocer si el recurso planteado por el Ayuntamiento podría salvar las fiestas si el tiempo juega a su favor. En este sentido, dichas fuentes concluyen que los mogollones están prohibidos por este auto, salvo que haya un acuerdo por ambas partes. El cumplimiento de la resolución judicial estaría, además, al margen del proceso judicial que se sigue por el caso; que puede continuar su curso sin problemas.

El alcalde de la ciudad, Juan José Cardona, por su parte, persiste en que los obstáculos judiciales que se han presentado en este Carnaval 2015 se "solventarán a tiempo" de que se inicien las fiestas y que éstas "se celebrarán con total normalidad". Así lo reiteró ayer, mientras espera y desea "alcanzar un acuerdo" con los vecinos que viven en el entorno del parque Santa Catalina y la plaza de Canarias, donde se instalan ya los chiringuitos de universitarios y de empresarios que animarán las siete Noches de Carnaval que se han programado para esta edición de Las mil y una noches.

Cardona matizó que tiene la convicción de que la situación se resolverá, ya sea por un acuerdo con los denunciantes, que tienen "todo el derecho al descanso", o "bien a través de la vía judicial", tras el recurso que presentó esta semana el Ayuntamiento contra la medida cautelar del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5, incluso a pesar de las noticias que apuntan a que esta iniciativa llega tarde porque se tramitaría una vez pasadas las fiestas.

Solo una diligencia

La abogada de los vecinos confirmó ayer que el recurso de apelación que había planteado el Ayuntamiento al auto, que deja sin efecto una resolución que tomó el Consistorio en 2014 para volver a traer los Carnavales al Puerto para cumplir una sentencia del Tribunal Supremo y que tumba un acuerdo de 2012 en el que se comprometía a sacar los mogollones de la zona, no les había llegado aún, aunque sí una diligencia en la que se les notificaba que se les comunicara.

"Cuando lo tengamos los valoraremos", puntualizó la abogada, que no quiso pronunciarse sobre qué harán los vecinos al respecto. García tan solo manifestó que los residentes de Simón Bolívar, número 5, "no quieren entorpecer el procedimiento judicial".

La letrada subrayó, no obstante, que la "resolución tiene que ser atacada y el recurso de los vecinos a la apelación que ha hecho el Ayuntamiento -en caso de tomar esa decisión- no paralizaría el cumplimiento de la resolución judicial".

La representante legal manifestó, además, que la comunidad de propietarios estaba muy "decepcionada" por las declaraciones que estos días han efectuado "los gestores municipales" para explicar el recurso de apelación que habían tramitado a la Justicia para evitar la paralización de los mogollones.

El primero de ellos se celebrará el próximo viernes, día 6, después del Concurso de la Gran Dama y de los Disfraces Adultos, que se vivirá esa noche en el parque de Santa Catalina, aunque los festejos comiencen este mismo sábado con el Pregón en la plaza de Santa Ana, en el barrio de Vegueta, a cargo del director de Los Chancletas, Tito Rosales.

Prohibición

La búsqueda de un acuerdo con los vecinos es la única vía de solución que tiene en estos momentos el Ayuntamiento para que los mogollones se celebren y que los festejos más populares e internacionales de la ciudad prosigan con total normalidad tal y como se había programado.

Las fuentes jurídicas consultadas explican que el Ayuntamiento tiene que cumplir el auto que paraliza los mogollones sí o sí, ya que se trata de un mandamiento judicial, salvo que llegue a un acuerdo con los vecinos para permitir celebrar los mogollones de este año. Todo ello independientemente de que el caso siga su curso judicial correspondiente y haya una sentencia al respecto, que incluso podría llegar a finales de las mismas Carnestolendas.

En caso de no cumplir el auto judicial, el Ayuntamiento incurriría en una "desobediencia judicial" que implicaría un delito penal importante por parte del responsable del mismo que ha sido denunciado por los vecinos.

La sartén está entonces en manos de la comunidad de propietarios. Incluso situándonos en el extremo de dejar que el tiempo corra hasta la celebración del primer mogollón. Bastaría una llamada o fax al juzgado por parte de los vecinos solicitando la ejecución forzosa del auto para suspender el acto.

De ahí la insistencia del alcalde Cardona de intentar negociar con la comunidad de propietarios como sea y de hacerles comprender que las medidas de control que se han tomado para reducir el ruido, evitar que los focos de luces no molesten a los habitantes del inmueble así como el incremento de seguridad y refuerzo de equipos de limpieza en los aledaños al edificio mitigan los efectos de la fiesta y de los daños colaterales que provocan las mascaritas.

Más si cabe después del fiasco que supuso el Carnaval 2013, al llevar los mogollones a la plaza de La Música para cumplir ese acuerdo que luego revocó, de considerar que los festejos "han echado raíces" en Santa Catalina y que no se contempla otra ubicación para los mogollones.