El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria solicitó ayer ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) la revocación de la suspensión de los mogollones que acordó el pasado 22 de enero, a petición de los vecinos del edificio Simón Bolívar, en un auto que ha puesto en jaque la fiesta nocturna del Carnaval capitalino en Santa Catalina. Los servicios jurídicos municipales presentaron ayer en el Juzgado número 5 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, un escrito que pide "con carácter urgente" la "modificación o revocación de las medidas cautelares", con el argumento de que han variado las "circunstancias".
Para defender esta postura, el Consistorio utiliza la publicación el pasado viernes de una resolución, en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), en la que se enumeran todos los actos de la fiesta y se especifica que quedan excluidas las citas nocturnas, mientras siga en vigor el mandato judicial. Es decir, se esgrime el cumplimiento de la ley para que la juez decida retirar la suspensión, lo que se denomina "apariencia de buen derecho".
Los vecinos de la comunidad del número 5 de la calle Simón Bolívar también respondieron ayer al Ayuntamiento para reafirmar que el auto que suspende los mogollones "es absolutamente ajustado a Derecho, e impecable jurídicamente, y consideramos que impide la consumación de un nuevo atropello por parte del Ayuntamiento a los vecinos".
La abogada Yomara Grcía Viera, en representación de la comunidad argumenta que, pese a los últimos decretos municipales, debe mantenerse "la resolución del 1 de febrero de 2012 de manera que "los actos lúdicos nocturnos de las noches de carnaval, asi comochiringuitos, se ubiquen fuera del parque de Santa Catalina, de la rambla de Juan Rodríguez Doireste, plaza del comandante Ramón Franco y plaza de las Islas Canarias".
La abogada de la comunidad de Simón Bolivar argumenta que el Ayuntamiento no ha querido negociar "sin talante ni disposición" para arreglar el problema. "Ni ha obrado con eficacia ni con buena fe, siendo incapaz de gestionar este asunto", escribe en una nota Yomara García, que denuncia las presiones que sufren los vecinos denunciantes en su propia casa, asi como la juez, "actitudes impropios de un ·stado de Derecho". Y no se doblegan, remata la jurista dicienco que , pese a todo, ejercerá "ante el poder judicial las acciones legales que en Derecho procedan".
El tiempo apremia, ya que la primera Noche del Carnaval se celebraría el viernes. Por eso, la solicitud pretende que se aplique la revocación como "medida cautelarísima" o, en su defecto, como "medida cautelar". Se pide a la misma jueza que ordenó el cese de la actividad nocturna que se convoque a las partes para "el siguiente día hábil", es decir, hoy mismo, "dada la evidente y grave perturbación que se derivaría para el interés general y de terceros" si se mantiene la suspensión. El alcalde Juan José Cardona explicó ayer que esta nueva vía no invalida la negociación con los afectados. De hecho, dijo que ha habido un acercamiento, ya que la comunidad ha acordado "flexibilizar su postura", aunque la nota de la abogada al cierre de esta edición desmentía las palabras del alcalde.
Los denunciantes han presentado un documento al Ayuntamiento en el que ofrecen que se permita la fiesta nocturna los días 15 y 16 de febrero. A su vez, el Consistorio plantea que estos participen en una comisión en la que se tomen acuerdos en cuanto a los planes de seguridad, limpieza o el impacto del ruido. "Se trata de que se avance en las medidas correctoras, pero sin aceptar que sean ellos los que decidan si se celebran o no las noches del Carnaval", manifestó el regidor.
En este sentido, las declaraciones de la diputada de CC, Ana Oramas, que llamó "goda" a la jueza encargada del caso, en unas declaraciones en la radio autonómica, cayeron como un jarro de agua fría en el Ayuntamiento, que no quiere que nada enturbie el proceso.
La publicación en el BOP de la resolución que aprueba los actos del Carnaval, pero sin los mogollones, no es, según fuentes municipales, un ardid legal. Se trata del cumplimiento de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos, que en su artículo 50 especifica que es preceptivo publicar la aprobación del programa para "los eventos que tendrán lugar con ocasión de las fiestas populares tradicionales y las declaradas de interés turístico de Canarias", como es el caso del Carnaval capitalino, que engrosa la lista desde agosto de 2012. Otro apartado de esta ley contempla que "la realización de eventos organizados por el ayuntamiento de la localidad en que tengan lugar las fiestas en la vía pública o en recintos habilitados al efecto del propio ayuntamiento solo precisarán de su propia aprobación". El escrito avanza, por tanto, que la publicación en el BOP y la "apariencia de buen derecho, debería operar a favor del Ayuntamiento".
Los servicios jurídicos municipales consideraron en su recurso al auto que los vecinos habían actuado de "mala fe". Tomaron la decisión de pedir la suspensión del Carnaval nocturno en una junta celebrada en septiembre del 2014, pero no actuaron hasta enero, cuando la fiesta ya estaba encima.
Cardona se preguntó ayer si no debería haberse establecido una fianza por parte de la jueza a los denunciantes para prever el pago de una indemnización por los daños y perjuicios si, en el futuro, el Ayuntamiento ganase el pleito.
