La cita es mañana, a primera hora, en Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, número 5 del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). La juez María del Carmen Monte escuchará los argumentos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y de la Comunidad de Propietarios del edificio Simón Bolívar para decidir si levanta o no la suspensión de los mogollones del Carnaval capitalino. La magistrada atiende, de este modo, el escrito presentado por el Consistorio que solicita revocar la medida cautelar que dictó el pasado 22 de enero y que, a día de hoy, impide la celebración de los actos nocturnos en el parque Santa Catalina.

El Ayuntamiento presentó el pasado lunes un escrito por el que se solicitaba la revocación de la suspensión de las Noches del Carnaval, al haber cumplido con el mandato judicial y haber retirado del programa los actos en conflicto en la resolución publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Para la parte demandada, el cumplimiento del auto dictado por la juez, a petición de los vecinos afectados por el ruido, hace que hayan cambiado las "circunstancias". Este nuevo escenario permite pedir la retirada de las medidas cautelares contra los mogollones, bajo el argumento de "apariencia de buen derecho".

La juez explica en el auto donde cita a las partes que "celebrada la comparecencia, el juez o tribunal dictará auto sobre el levantamiento, mantenimiento o modificación de la medida adoptada, el cual será recurrible conforme a las reglas generales".

La magistrada descarta tomar la decisión, ya sea a favor o en contra de la petición municipal, sin escuchar a los vecinos. Esa "pretensión no puede tener favorable acogida, toda vez que, encontrándonos ante una solicitud de modificación de una medida ya adoptada se considera que no concurren los presupuestos establecidos para su adopción inaudita parte", es decir, sin dar la palabra a los demandantes, que el pasado lunes enviaron un comunicado en el que acusaban de "mala fe" al Consistorio y aseguraron que han intentado durante años llegar a un acuerdo con los representantes municipales, sin éxito, en el ánimo de conciliar la fiesta y el derecho al descanso. Añadieron, además, que consideran "impecable" el auto que suspendió la fiesta nocturna.

La vía judicial no invalida, no obstante, la negociación con los vecinos, que continúa, ya que por ninguna de las partes se ha roto el deseo de diálogo. La juez determinará mañana si es preceptivo revocar la suspensión de los actos nocturnos, cuya primera cita es el próximo viernes, y si, efectivamente, han cambiado las circunstancias.