Tras dos semanas con el disfraz congelado las mascaritas podrán echarse a la calle esta noche para el primer mogollón del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. La magistrada del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Las Palmas de Gran Canaria, Mercedes Martín, levantó ayer la suspensión de los actos nocturnos, tras alcanzar los vecinos de Simón Bolívar y el Ayuntamiento capitalino un acuerdo en virtud del cual se pueden celebrar estos eventos, a cambio de una serie de contrapartidas, como el pago de los abogados y procuradores de la comunidad de propietarios desde el año 2009, montante que fuentes municipales cifraron entre 6.000 y 8.000 euros.

A primera hora de la mañana de ayer, ambas partes habían sido citadas por la juez tras presentar el Consistorio un escrito por el que solicitaba la revocación de las medidas cautelares, al haber sido retirados los mogollones del programa oficial publicado en el Boletín Oficial de la Provincia. Pero una hora antes se había cerrado un conflicto que duraba ya 19 años. La abogada de los demandantes, Yomara García se mostró muy satisfecha por el entendimiento con el Consistorio. Igualmente, el alcalde Juan José Cardona, se congratuló de que "el mogollón haya vuelto al sitio donde siempre ha estado" y por la "garantía de futuro" que significa la firma de este documento.

El acuerdo se llevó a la juez que determinó, sobre las 13.00 horas de ayer, levantar la suspensión de la fiesta nocturna, al entender que el acercamiento entre las partes implica "la desaparición de la controversia". Por ello, dictó un auto para dar por terminado el procedimiento, al mismo tiempo que se homologaba judicialmente el pacto.

Los vecinos tendrán derecho a participar y dar su punto de vista en la llamada Comisión de Garantía de las Noches del Carnaval, pero, según el regidor, Juan José Cardona, "no decidirán el lugar ni las condiciones en las que se llevarán a cabo los actos, porque eso es competencia municipal". Otro aspecto que se contempla es la limpieza de las zonas comunes exteriores cada velada festiva. "No es más de lo que ya estamos haciendo, pero tenemos especial sensibilidad con este edificio que es el más expuesto a la suciedad que genera la fiesta", aclaró el regidor.

En cuanto a los gastos jurídicos de la comunidad desde 2009 hasta ahora, que se abonarán "en el plazo de un mes", según Yomara García, serán, como se ha dicho, por importe de una cantidad que oscila entre los 6.000 y los 8.000 euros. Juan José Cardona considera que el beneficio económico y la actividad que genera la fiesta compensa este gasto para las arcas públicas municipales.

Uno de los aspectos más llamativos del acuerdo tiene que ver con el alojamiento alternativo para las personas que lo requieran por cuestiones de edad, salud o circunstancias especiales. No quedan especificados los criterios que se tendrán en cuenta para sufragar un hotel o similar a los afectados. La abogada Yomara García señaló que se reunirá con sus clientes para que soliciten esta medida si lo estiman oportuno. El alcalde, por su parte, señaló que "no se va a pagar el alojamiento a todos los vecinos, ni mucho menos. Se determinará en la Comisión si los casos lo requieren". Además del alojamiento, el acuerdo prevé como una opción, la insonorización de las ventanas de estos casos especiales, pero ya para ediciones venideras.

El regidor señaló que "se trata de una cuestión de humanidad" y que no teme que se genere un efecto llamada y se estimule a otros vecinos a pedir alojamiento cuando hay celebraciones o fiestas en su entorno. "Si hay un enfermo terminal en Schamann que no puede dormir por el ruido de una fiesta, claro atendería su caso", señaló.

Una de las cláusulas que se añadieron en el último momento de las negociación es la de que el sonido no supere en tres decibelios el del ambiente.