Cardona acusa a los vecinos de actuar con mala fe para suspender el Carnaval

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5, a petición de la comunidad de propietarios de Simón Bolívar, adoptó la medida cautelar de suspensión el pasado 22 de enero, con la finalidad de dejar sin efecto la anulación de una resolución en la que el Ayuntamiento se había comprometió a sacar los actos nocturnos del Santa Catalina. Ese compromiso se adoptó en 2012, se cumplió en 2013 y se revocó en 2014 para volver a traer la fiesta nocturna a la zona del Puerto, todo para cumplir una sentencia del Tribunal Supremo (TS) que prohibe la celebración de los tradicionales mogollones en la Rambla Juan Rodríguez Doreste. Por eso los vecinos, ante el cambio de postura del gobierno local de Juan José Cardona, presentó el pasado 12 de enero un nuevo recurso contencioso administrativo, para defender su derecho al descanso y evitar en esta edición las molestias sufridas el año pasado.

Sin embargo, el Ayuntamiento, que ha abierto una vía de negociación con los afectados para salvar la programación actual, acusa a la comunidad de propietarios de actuar con una motivación "espuria", pues en febrero de 2014 se enteraron de la anulación del acuerdo municipal para regresar al Santa Catalina y han esperado hasta enero de 2015 para presentar el recurso contencioso administrativo, exigiendo, incluso, una medida cautelar que amenaza con perturbar los actos del Carnaval.

El pregón está previsto para el próximo sábado en la plaza de Santa Ana. Por eso los servicios jurídicos municipales reclaman al Juzgado que tramite su recurso de manera urgente y lo mande lo antes posible al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), cuya Sala de lo Contencioso Administrativo deberá decidir si mantiene el auto de suspensión o lo revoca. El Juzgado debe dar audiencia a la comunidad de propietarios antes de mandar el expediente a la Sala. De ahí que el Consistorio reclame que se computen los días inhábiles en la tramitación del recurso.

La Corporación alega hasta diez motivos para levantar la suspensión de los actos nocturnos en el Parque Santa Catalina, entre ellos que la juez se ha excedido al entrar en el fondo del asunto y hacer "inútil" la futura sentencia, con el argumento de que si el Ayuntamiento gana el pleito "el daño infligido a la ciudad sería irreparable" al no haber celebrado las fiestas tal y como estaban diseñadas.

También alegan que existe una "situación de hecho consentida" porque los vecinos no impugnaron los actos en 2014, incurriendo en "mala fe procesal" y "abuso de derecho" al hacerlo ahora, tan sólo dos semanas antes del comienzo de las carnestolendas para "causar el mayor daño posible".

El Ayuntamiento considera que la magistrada de instancia no ha hecho una valoración de los intereses en juego, con la consiguiente "perturbación grave del interés general" frente al particular de la comunidad de propietarios. En ese sentido destacan el valor turístico regional del Carnaval, la gran afluencia de ciudadanos y la repercusión económica de las fiestas, incluido el daño que se podría ocasionar a los empresarios, las asociaciones y estudiantes que explotan los chiringuitos, así como a los cruceristas que han contratado con antelación su estancia para disfrutar de los festejos.

La Corporación niega, además el perjuicio de "imposible reparación" que arguyen los vecinos, pues ha presentado medidas correctoras para minimizar las molestias, entre ellas cuatro planes: tráfico, seguridad, limpieza y un estudio para controlar la contaminación lumínica y acústica al objeto de cumplir los límites de la ordenanza municipal.