Los vecinos de Simón Bolívar dejaron anoche al Ayuntamiento esperando por la firma de un acuerdo que ambas partes habían aceptado a media tarde y que daba luz verde a los mogollones en el entorno del parque Santa Catalina. El documento prevé que el Consistorio sufrague una serie de gastos, como un alojamiento alternativo durante la fiesta para los afectados por los ruidos, y que admita la presencia de un representante de la comunidad de propietarios en la preparación de las Noches del Carnaval, a cambio de que se retire la queja judicial que llevó a la juez a dictar la suspensión de los bailes en el parque para esta edición.

Tras la adopción de las medidas cautelares por parte de la magistrada del Juzgado de lo Contencioso-Admnistrativo nº 5, el pasado 22 de enero, que prohibía las citas nocturnas del Carnaval capitalino, a petición de los vecinos, el alcalde Juan José Cardona y los demandantes se enfrascaron en una ronda de negociaciones que ayer por la tarde parecían haber desembocado en un entendimiento. La representante legal de los propietarios del inmueble envió una propuesta aceptada de acuerdo, que pasado un tiempo retiró.

La juez que aplicó las medidas cautelares ha citado hoy a ambas partes, a petición del Ayuntamiento, que presentó un escrito de revocación de la suspensión de los actos, con el argumento de que se habían retirado del programa oficial los eventos conflictivos.

El documento que finalmente no firmaron los vecinos, a pesar de haber aceptado la propuesta en un principio, les obliga a presentar "inmediatamente ante el órgano jurisdiccional" el acuerdo "suscrito por las partes y los letrados, poniendo fin al procedimiento judicial entablado y todas sus piezas separadas e incidentes", incluida la comparecencia de hoy ante la magistrada. Además prevé que sea el Consistorio el que corra con los gastos de abogados y procuradores de las dos partes en litigio.

A cambio de rectificar y favorecer, por tanto, que se celebren los mogollones tal y como se programaron en un principio, el Ayuntamiento les ofrece una serie de medidas correctoras. En el apartado económico y en referencia sólo a 2015, el Consistorio sufraga los gastos de limpieza diaria de las instalaciones de la comunidad; también se hace cargo de los honorarios del letrado y procurador, como se ha dicho; además se abonan el montante de los informes periciales sobre medición de ruidos, previa presentación de las facturas pertinentes. A esto se añade el pago de un "alojamiento alternativo de los vecinos que por sus condiciones de salud, edad o supuesto similar o especiales circunstancias así lo requieran, conforme al presupuesto acordado entre la representación de los vecinos y la municipal". También paga el Consistorio los gastos del acta notarial acreditativa de la instalación de los chiringuitos.

Todo ello, debe ser abonado en un plazo máximo de dos meses, según consta en el documento. Pero el acuerdo se fija, además, en las ediciones venideras y establece que se abonarán siempre los gastos de limpieza, de los informes periciales de ruido y de un lugar para alojarse a las personas que lo requieran.

Ya en aspectos más allá de lo económico, el alcalde y su equipo proponen que un representante de la comunidad de propietarios de Simón Bolívar tenga una silla en una comisión que garantizaría la "convivencia de las noches del Carnaval". Allí se formularán las propuestas de decisiones para la fiesta, "disponiendo de toda la información existente en todo el proceso organizativo y preparatorio" de los eventos nocturnos. Como participantes en esta comisión, los dueños del edificio podrán "hacer las observaciones y recomendaciones que tengan por oportunas". La persona que dará voz a los vecinos podrá ser un representante contratada al efecto y los gastos de su minuta los asume la Tesorería municipal.