La auditoria encargada por el Cabildo para determinar el coste de las acciones del CB Gran Canaria de cara a la posible operación de venta del club a un grupo de empresarios grancanarios arroja dos baremos para fijar el valor de la entidad deportiva. Como ya publicaba este medio la pasada semana, el informe económico realizado por una empresa con sede en Barcelona establecía como valor más alto la cifra de seis millones y medio de euros. Ahora se conoce que este estudio rebaja esa cantidad en un millón y medio de euros como segundo baremo, estableciéndose este en cinco kilos.

Los resultados de esta auditoria suponen un paso importante para que el proceso de una posible compra del Granca por parte de un grupo empresarial local, que daba sus primeros pasos a inicios de junio, siga caminando.

Con estos datos económicos sobre la mesa, las conversaciones entre ambas partes ya cuentan con un escenario más concreto para, o bien seguir avanzando en las negociaciones, o bien que finalmente no fructifique el proyecto de estos empresarios de Las Palmas de Gran Canaria y en el que también se encuentra inmerso a nivel inversor Joel Freeland, el exjugador británico formado en la cantera del propio Granca que militara en el club entre 2005 y 2009 y que jugara en la NBA durante tres campañas.

Las próximas negociaciones entre el Cabildo y el grupo empresarial interesado, que lo más seguro es que se retomen ya pasado el mes vacacional de agosto, resultarán pues definitorias de las voluntades tanto de la institución de pasar a manos de capital privado la propiedad del club, algo que ha venido promulgando de manera pública desde hace años, como de los inversores interesados, que tienen la intención de hacerse con el 51% o más del accionariado del CB Gran Canaria.

La institución cabildicia, desde que se destapara el interés de estos empresarios por hacerse con el club claretiano, siempre ha considerado esta opción como una operación válida para liberarse de la carga que supone para un organismo ser el propietario de un club de ámbito deportivo, convirtiéndose así en un caso único a nivel nacional y en Europa. Y más cuando desde la propia Unión Europea, desde hace años, se ha reiterado que esta fórmula resulta inviable y que una institución pública no puede destinar parte de sus fondos a mantener un club, en este caso el Granca.