En mayo de 2006, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias hacía saltar las alarmas ante las denuncias realizadas por la Inspección General de Servicios del Gobierno canario, que advertía a la autoridad judicial de presuntas irregularidades relativas a las certificaciones de obra realizadas en la segunda fase de rehabilitación del Teatro Guiniguada. Defectos detectados en el proyecto. Una nueva losa sobre un proyecto que en esta fecha sumaba ya seis años cerrado por obras, periodo en que el Gobierno regional había inyectado 2,7 millones de euros para nada.

Este revés administrativo y judicial, que con los años quedaría archivado al no encontrar la Fiscalía indicio alguno de delito, no dibujaba una situación nueva, sino que venía a rubricar las sospechas de que aquel proyecto, en su segunda fase, no se ajustaba a las directrices del concurso, y se habían realizado obras, desmontes y traslados de mobiliario en un edificio protegido e histórico. En marzo de 2005, la Dirección General de Cultura se negó a recepcionar la obra, toda vez que se detectaron deficiencias de diversa índole. Fue entonces cuando se decidió denunciar el asunto y realizar una auditoria sobre el destino de los casi 3 millones de euros que se había tragado el Guiniguada en los trabajos de emergencia y la primera y segunda fase.

El relato de sus tres fases que conduce a la última ejecutada por la UTE Lopesan S.L. y Preconte S.A, de acuerdo al proyecto del estudio de arquitectos de Ramón Chesa y Javier Mena, tiene su punto de arranque en los coletazos del año 2000, cuando un derrumbe de parte de los techos obligó a cerrar la sala oficial de artes escénicas del Gobierno regional y sede de Filmoteca Canaria.

El primer escalón de la rehabilitación se presentaba en enero de 2001, cuando el entonces director general de Cultura, Juan Antonio Díaz Almeida, adjudicaba a la empresa Ingeniería e Instalaciones Canarias S.A., la contrata urgente de las obras por 851.934 euros (unos 141 millones de pesetas). A este concurso le sucedería otro en noviembre del año siguiente, toda vez que el Guiniguada seguía igual que cuando se ordenó su clausura. Sería la constructora OHL la que tomaría las riendas de la obra por el importe de 1.276.236 euros, ya con otro equipo gestor en Cultura.

El proceso de reforma le tocó iniciarlo al entonces consejero de Educación, Cultura y Deportes, José Miguel Ruano, con un responsable directo del área que era Juan Antonio Díaz Almeida. Ruano repetiría en esta cartera en la siguiente legislatura, si bien la dirección general ya con la segunda fase sobre la mesa recaería en la nueva directora Rosa Suárez.

Adjudicación

Fue entonces cuando ya con la adjudicación formalizada comenzaron los problemas. Aquella situación era nueva para quienes tomaban posesión de un sillón maldito en todo lo que afectaba al antiguo Cine Avellaneda.

Un contrato para el aprovisionamiento de un patio de butacas intocable, dada su condición de edificio protegido, la presumible desaparición de mobiliario y un sinfín de desajustes técnicos y contables, volvieron a empantanar la rehabilitación. La salida de Rosa Suárez colocó a Juan Manuel Castañeda en Cultura, sin que fuera posible encarrillar una obra condenada a dilatarse año tras año.

Así, llegamos a 2005. Isaac Godoy entra como consejero del área, con Dulce Xerach Pérez al frente de una Viceconsejería de Cultura de nueva creación.

Al igual que sus antecesores, Pérez quiso que la reapertura del Guiniguada fuera la estrella de su legislatura. No se quiso recepcionar la obra, conscientes de las presumibles irregularidades que al tiempo llegarían a la Fiscalía del TSJC. El estudio de Ramón Chesa recibía la adjudicación de un proyecto arquitectónico ya nuevo, nada que ver con lo anterior. Fue en octubre de 2005, con un expediente judicializado que no permitía más maniobra. El que fuera arquitecto de la obra hasta entonces, Jorge Gorostiza, era relevado de sus atribuciones, y se volvía a caminar sobre lo andado con seis años de por medio para nada.

Hubo de esperar hasta la siguiente legislatura, la que ahora acaba, con Milagros Luis Brito de consejera y Alberto Delgado en la Viceconsejería, para inyectar 3.168.898 euros a una tercera fase en mayo de 2009, para que el Guiniguada se reabra ahora el 27 de marzo.