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Entrevista

Sosa: "Dejemos de hablar de independencia judicial, en España no ha existido jamás"

"Elegir al Poder Judicial por sorteo sería un gran paso para despolitizarlo", afirma el jurista y escritor

Francisco Sosa Wagner.

Francisco Sosa Wagner. NACHO OREJAS

El jurista Francisco Sosa Wagner lo tiene claro: "Se daría un paso importantísimo en la despolitización de la justicia si se eligiese por sorteo a los altos cargos de la judicatura", considera. Su nuevo libro está dedicado a los jueces y fiscales que, "en medio del trajín diario", tienen que soportar acusaciones de falta de independencia.

Me ha dejado de piedra esa frase de Azaña que recoge en su libro: "La justicia no puede ser ajena al espíritu público dominante en la nación".

Así se pronunciaba Azaña, así. Los políticos siempre han querido influir en los jueces. El libro obliga a reflexionar sobre todo este debate del Consejo General del Poder Judicial y su composición, sobre si es mejor que lo elijan los jueces o los diputados. Eso no resuelve nada. Dejemos de hablar de un poder judicial independiente, en España no ha existido jamás.

¿Dónde está el problema?

En la designación discrecional de la élite jurídica que establece la ley española. Una vez que saca la oposición, un juez tiene la vida arreglada, excepto si quiere ascender a esos altos cargos, que es cuando entran otros elementos. Es lo que perturba la independencia del juez. Lo hemos visto hace dos semanas con un nombramiento para el Tribunal Superior de Murcia. Una magistrada que quedó fuera recurrió al Supremo y le ha dado la razón. Si al final lo que se decide es un concurso de méritos, para resolverlo no es preciso que se congreguen veinte personas en el Consejo del Poder Judicial, es un exceso organizativo. Son dos asociaciones de jueces las que realmente mandan, y eso que la mitad de los cinco mil y pico jueces no están asociados. Son dos asociaciones que se reparten los cargos discrecionales.

¿Qué hacemos?

Si optamos por una cirugía invasiva, entonces suprimimos el Consejo. Hay una opción más conservadora. Seleccionar a los miembros del Consejo por sorteo entre un número de personas elegidas por los jueces y diputados. Se daría un paso importantísimo en la despolitización de la Justicia. Así se terminaría con la intervención de los partidos y la elección de los altos cargos de los jueces mediante enjuagues políticos. Bastaría con una simple modificación del decreto ley que regula esta materia. No haría falta tocar la Constitución. Hay más soluciones, como eliminar el trasiego entre la Justicia y la política, o suprimir los nombramientos de los parlamentos regionales para designar a los magistrados de la sala de lo civil penal de los tribunales superiores, que son los que van a conocer de los delitos cometidos por los políticos, que es algo muy feo. Lo que no comparto son algunas propuestas, como la que he escuchado a una integrante de Podemos en Zaragoza, que el Consejo sea elegido por todos los ciudadanos.

También propone un estatuto jurídico del juez.

Lo importante es que sean independientes los jueces corrientes, los de carne y hueso. Para ser independiente se necesita una carrera del juez como servidor público, regida por la ley, en la que estén perfectamente establecidos los accesos, ascensos, sueldos y hasta la jubilación.

También el régimen disciplinario.

No hacen falta las veinte personas del Consejo para decidir sobre una sanción a un magistrado, una decisión que además va a revisar la sala de lo contencioso del Tribunal Supremo. Es importante que instauremos una carrera judicial íntegramente regulada por la ley, que no haya ninguna quiebra de ese principio de mérito y capacidad, sin interferencias de asociaciones judiciales y políticos.

Todo el esquema anterior es también aplicable al Constitucional, según cree.

Los miembros del Constitucional están bajo la sospecha permanente de ser elegidos bajo premisas políticas, en virtud de pactos entre partidos. Lo que yo propongo es que las personas que reúnan las condiciones presenten su currículo, sea analizado por una comisión parlamentaria y se someta a debate. Una vez seleccionadas estas personas, se sortea. Para esto no hay que reformar la Constitución, bastaría con modificar el reglamento del Congreso y del Senado. Eso sí, habría que establecer cautelas para que al término de su mandato no puedan rentabilizarlo pasando a la política.

Usted propone incluso que pasen el Consejo de Estado.

Sería un lugar muy bueno. El Consejo de Estado tiene una estructura que viene de muy antiguo. Hay que reformarlo.

Hay otra propuesta suya: sacar el Tribunal Constitucional de Madrid.

Me apoyo en el ejemplo alemán. El Constitucional no está en Berlín ni en Bonn, la antigua capital federal, sino en Karlsruhe, una pequeña ciudad de tamaño medio. El Constitucional en España necesita de una capital machadiana, modesta, sin AVE, con obispo, cuanto más alejada de Madrid, mejor.

En Alemania, en Estados Unidos, en Francia, los miembros del Constitucional los designan los políticos.

Es difícil evitar que los nombren los políticos. Pero una vez en el cargo, en esos países, se desvinculan del patrocinio político. Son personas con una cualificación profesional. En Estados Unidos hay ahora una polémica muy viva. El presidente puede nombrar a todos los miembros del Tribunal Supremo cuya plaza haya quedado vacante. Ya ha nombrado a dos señoras, y quiere nombrar un tercero, pero tiene que contar con el Senado, que si se empeña, puede hacerle tragar ese nombre.

Por si fuera poco el desbarajuste, la Justicia depende de diferentes administraciones.

La imagen de la Justicia es muy mala, porque cuenta con pocos medios. En este Estado fragmentado nuestro, unas comunidades dependen del Gobierno central, como Castilla y León, y otras tienen transferidas las competencias y las quejas son constantes. La Fiscal Superior Esther Fernández se ha quejado de falta de personal. Ignacio Vidau, el presidente del TSJA, también se ha quejado por falta de medios. Es evidente que no se ponen los medios adecuados.

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