El informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias sobre la última edición del Festival de Música de Canarias apunta -en el apartado de gastos- y subraya -entre sus conclusiones- que María Teresa Lorenzo -exconsejera de Turismo, Cultura y Deportes y expresidenta del consejo de administración de la empresa pública Canarias Cultura en Red- incumplió la ley al contratar a dedo a Nino Díaz como coordinador del certamen.
El documento señala que el valor estimado del acuerdo contractual entre el área de Cultura del Gobierno de Canarias y Díaz, al sumar los honorarios más los gastos de transporte y estancias, superó los 18.000 euros. Cruzada ese frontera, la auditoría recuerda que para la adjudicación de ese cargo "debió acudirse a algún procedimiento con concurrencia [según el artículo 19 de la Ley de Contratos del Sector Público (Trlcsp)], que las instrucciones de Canarias Cultura en Red (número 12) señalan que como mínimo será de negociado sin publicidad".
Recalca el informe de la Audiencia de Cuentas que, según el artículo 178 del Trlcsp "para el procedimiento negociado será necesario solicitar ofertas de al menos tres empresas capacitadas para la realización del objeto del contrato, siempre que ello sea posible, debiendo dejar constancia en el expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas y de las razones para su aceptación o rechazo".
Con esa hoja de ruta bien definida en la Ley de Contratos del Sector Público, el dosier de la Audiencia de Cuentas -firmado por Rafael Díaz Martínez, presidente en funciones- explica que "no hay evidencias de que ese trámite se haya efectuado para la adjudicación de ese contrato por Canarias Cultura en Red, ya que no puede contemplarse como un contrato de servicios artísticos de la categoría 26 del Anexo II, pues no se acompaña de un informe técnico que avale tal calificación y además porque el Festival de Música de Canarias es un evento anual donde la coordinación ha sido efectuada por personas distintas en ediciones anteriores". "Para adjudicar en exclusiva", prosigue el texto, "un contrato debe justificar los motivos de restringir la competencia, limitación que no puede ser creada por el propio poder adjudicador [a partir de una directiva de la Unión Europea]".
Ante estas advertencias de la Audiencia de Cuentas, desde el área de Cultura del Ejecutivo regional se realizó una alegación en base a que "hay que considerar que este contrato se formaliza con una persona no residente en España y que debe tributar en su país de residencia [Alemania], y que conforme al tipo general de retención para los países de la Unión Europea, tendría un tipo del 19% que ha de tributar en su país, siendo por tanto el importe del contrato una cuantía bruta del que habría que descontar este tipo de impositivo, quedando un neto inferior al límite establecido en la norma para las contrataciones directas [18.000 euros]".
Frente a esa argumentación, la Audiencia de Cuentas recalca que "el informe explica que se superó el límite establecido para la contratación menor dado que en el contrato se considera incluido en el valor estimado la totalidad de las contraprestaciones, esto es, los honorarios más los gastos de transporte y estancias". "Así pues", concluye el órgano dependiente del Parlamento de Canarias, "no se altera el texto del informe".
Así, en el análisis de la Audiencia de Cuentas, también se advierte que "para la ejecución de la programación, se contrata la prestación de servicios profesionales para la coordinación y producción del Festival, corriendo a cuenta de Canarias Cultura en Red gastos de alojamiento y desplazamientos sin estar previstos en las obligaciones del contrato". La cantidad de esa partida extra ascendió a 5.853 euros.
El plan, una cita que se vertebrara en la sociedad canaria
- El informe de la Audiencia de Cuentas repara, entre sus primeras páginas, en la planificación de la pasada edición del Festival de Música de Canarias, ejercicio que se puso en marcha el 20 de abril de 2016. Ese día se reunió el consejo de administración de Canarias Cultura en Red -empresa de carácter público presidida entonces por María Teresa Lorenzo- y en esa cita la propia exconsejera de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias propuso "configurar una cita musical regional que afronte nuevos retos y se extienda y vertebre en toda la sociedad canaria y en sus visitantes, dados los cambios sociales, culturales y económicos operados tanto en el Archipiélago como en su área de influencia europea en las últimas décadas". A partir de esa declaración de intenciones, Lorenzo fijó un nuevo modelo de gestión integrado por tres objetivos irrenunciables: el desarrollo de una vocación pedagógica, el fomento e incremento de la presencia de artistas y creadores canarios, y la generación de una mayor cercanía y accesibilidad de la ciudadanía al Festival con un programa más amplio y adaptado a la realidad Con esa hoja de ruta sobre la mesa, defendida por la propia Lorenzo y Nino Díaz -el coordinador que eligió para asumir esa empresa-, los números no acompañaron a la transformación del Festival de Música de Canarias pese a cumplir con los tres objetivos que la consejería de Cultura marcó como irrenunciables: un agujero económico de 410.000 euros y una caída considerable de la presencia de espectadores en los conciertos programados. Ese bagaje desencadenó la destitución de Lorenzo como consejera del Ejecutivo canario.
