La feroz cruzada de la Inquisición española contra "la herética pravedad y la apostasía" se abrió camino en Canarias a finales del siglo XV para apuntalar la hegemonía de la ortodoxia católica en la diversidad social de las islas tras la Conquista. Apenas un siglo después, el tribunal canario instaló su sede palaciega en la antigua calle de la Inquisición, hoy calle Doctor Chil, donde el caudal de causas, testificaciones y sentencias, actas de control de navíos y de limpiezas de sangre, listados de libros prohibidos y registros de ajusticiados y quemados en la hoguera se custodiaban en la denominada "cámara del secreto".
Esta sala rotundamente impenetrable, custodiada bajo tres llaves y sólo accesible a inquisidores, secretarios y fiscales del Santo Oficio, desapareció bajo la demolición del palacio y de la propia Inquisición en el siglo XIX, pero, tras numerosas vicisitudes y giros del azar, el conjunto de sus 10.000 unidades documentales permanecen conservadas en la acera contigua, donde hoy se erige El Museo Canario.
Patrimonio
Esta institución de Vegueta celebró ayer el Día Internacional de los Archivos descubriendo una parte de este valiosísimo fondo, uno de los más completos y mejor conservados de toda la documentación inquisitorial generada en España. La vocación de la iniciativa es también despojar a sus fondos archivísticos de la etiqueta de "reductos para investigadores" y difundirlos como "un patrimonio de toda la sociedad". Así lo destacó ayer Fernando Betancor, archivero de El Museo Canario y conductor del recorrido, quien aprovechó para recordar que "todas las instituciones públicas y privadas deben disponer de forma obligatoria de un archivo organizado y clasificado, que es algo que no se cumple en Canarias".
Estas reliquias documentales que custodia El Museo Canario glosan tres siglos de historia bajo el terror de la Inquisición en Canarias, que vivió su período más férreo bajo la presión moral eclesiástica en el siglo XVI, si bien "el tribunal inquisitorial resultó bastante benevolante con la población canaria", reveló Betancor.
En este sentido, el atroz volumen Libro de los quemados registra un total de 11 condenados a pena de muerte en la hoguera en Canarias, de los que ocho residían en la isla de La Palma, toda vez que los Libros de penitenciados cifran alrededor de 2.000 encausados en las islas por "delitos menores". A estos últimos les correspondían "sanciones leves", tales como penas pecuniarias o de galeras, misas forzadas o sesiones continuas con un "director espiritual".
El grueso de estos delitos por herejía se vinculaban, en el caso de Canarias, con prácticas de superstición, hechicería o brujería que, en el 97% de los casos, recaían sobre las mujeres. En esta línea, el archivo custodia un contrato de una monja, escrito con sangre animal, en el que asegura que ha pactado y vendido su alma al diablo. Pero entre la selección exhibida ayer sobresale también un libro de magia negra o grimorio, requisado en Gran Canaria en el siglo XVII; el edicto más antiguo, fechado en 1524, que instaba a la población a testificar o acusar al vecino por cualquier desafío a la creencia religiosa; un listado de Libros prohibidos in totum, que incluye obras de figuras como Dante Aligheri; un trozo de tela con un mensaje encriptado que deslizó una mujer, cosido a una camiseta, a un reo encarcelado -lo cual desembocó en el ajusticiamiento de ambos-; y hojas de informaciones de limpiezas de sangre para descartar el judaísmo, el calvinismo o el luteranismo, considerados "herejías mayores", toda vez que estos controles constituían, en última instancia, una excelente técnica de recaudación para la Iglesia.
Esta pequeña representación del ingente fondo inquisitorial canario es tan apasionante como la propia trayectoria del archivo hasta su desembocadura final en El Museo Canario. Tras la abolición definitiva del tribunal inquisitorial canario en 1834, los documentos permanecieron abandonados en la "cámara del secreto" hasta 1860. Este año desapareció la casa inquisitorial y se trasladaron los documentos en carretillas hasta las casas consistoriales del Ayuntamiento capitalino, donde permanecieron hasta finales del siglo XX y donde, en paralelo, se instaló la primera sede de El Museo Canario, en una dependencia contigua, en 1879.
Pero en 1890, un marqués escocés e investigador de la lengua de los antiguos canarios dividió el archivo transportando 75 volúmenes hasta Escocia para buscar unas referencias que no encontró, pues los antiguos canarios no tuvieron relación con la Inquisición; por lo que vendió el conjunto a una familia estadounidense, de tal manera que su rastro se perdió por completo hasta que, en 1956, el archivo afloró en una subasta en Londres, donde precisamente se encontraba Juan Rodríguez Doreste, alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, quien pujó por su recuperación en un pulso con el apoyo del Estado y contra un enviado especial del obispo de Canterbury, que deseaba integrar estos documentos en los archivos de la Iglesia católica. Pero la ciudad ganó la puja y, por fin, El Museo Canario pudo recuperar y reunificar los archivos de la "cámara del secreto", que custodia hasta el presente este valioso fondo.
