La propia estructura jerárquica del Cabildo y de la Orquesta Filarmónica (OFGC) nos enseña el camino a la hora de buscar responsables en la crisis abierta en esta formación, que vive uno de los momentos más convulsos de sus 40 años de historia. Es posible que el problema lleve enquistado en la OFGC hace años, es más que probable que si seguimos tirando del hilo que nos proporcionó Elina Garanca encontremos más culpables en los mandatos anteriores. Pero hoy, quienes tienen que tomar decisiones y asumir responsabilidades son el presidente Antonio Morales (NC); la consejera de Cultura, Guacimara Medina (PSOE); y los que forman parte de la Comisión Ejecutiva de la orquesta, el vicepresidente primero Miguel Ángel Pérez del Pino (PSOE) y la consejera Sara Ramírez (Unidas Podemos), es decir, la progresía. Y lo son por acción o por emisión.
El diagnóstico actual es de extrema gravedad. La OFGC ha sido protagonista esta semana por los escándalos, no por sus conciertos, su temporada, sus giras. Lo ha sido por las irregularidades que los propios servicios jurídicos del Cabildo han detectado en la contratación de su director titular, Karel Mark Chichon, y su director asistente, Rafael Sánchez Araña. Y también por las denuncias de acoso presentadas por altos cargos de la propia organización contra el director inglés. En paralelo, hemos asistido también a la propagación de informaciones que revelan una manera de gestionar el dinero público aparentemente irresponsable, y que, en tiempos de crisis económica y sanitaria, resulta inadmisible, amoral –la orquesta maneja un presupuesto anual de más de 8 millones de euros–.
Lo que se constata en las informaciones publicadas y en las irregularidades detectadas por los servicios jurídicos del Cabildo, detalladamente reflejadas en las auditorías de cumplimiento de la corporación, es mucho peor de lo que parece. Es un modus operandi instalado en la casa palacio desde la llegada de Antonio Morales a la presidencia, consistente en buscar todo tipo de tretas y artilugios para contratar, no a la persona idónea, sino a la más afín, la mas cercana –geográfica o ideológicamente– a quien decide. No es la primera vez que algo así ocurre, no es la primera vez que reciben toques de atención por parte de sus propios servicios jurídicos o acaban siendo llevados a los juzgados por los sindicatos, con sentencias a veces sonrojantes en las que se acusa al grupo de gobierno de ser contumaz y perseverante en sus irregularidades.
Se justifican alegando que los procesos de contratación en la administración pública en general, y en la insular en particular, son complejos y lentos. Así que diseñan concursos que parecen hechos a medida –como en el caso del director asistente, Rafael Sánchez Araña– o contrataciones que luego no se corresponden con la realidad –como en el de Karel Chichon–, un contrato por servicios prestados que muta por arte de birlibirloque en otro de alta dirección. Y se apoyan en informes jurídicos externos, que contratan solo cuando les interesa, es decir, cuando los de la casa son contrarios a sus intenciones, en los que no se esconden para recomendar cómo redactar un contrato para que no parezca ilícito.
No sabemos si estamos aún a tiempo de extirpar el tumor que amenaza con acabar con la OFGC, aunque nos tememos que el proceso ya deriva en metástasis. Pero lo que no podemos hacer es seguir de brazos cruzados, mirar hacia otro lado. Continuaremos con nuestro trabajo de control al grupo de gobierno, seguiremos profundizando en el tema, investigando cada factura, cada contrato, cada denuncia, porque lamentablemente aún no conocemos el último compás de la partitura.
