Las luchas por el control político de Fuerteventura se disputaron entre dos banderías caciquiles radicadas en el norte y el sur de la Isla, desde finales del siglo XIX y hasta el término de la Segunda República. Así lo desarrolla el historiador Agustín Millares Cantero en su último libro El sur contra el norte. La oposición a Puerto de Cabras en el caciquismo majorero (1892-1936), que acaba de publicar la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Puerto del Rosario.
El origen de este estudio, inédito en gran parte, emanó de la conferencia impartida por el autor el 17 de diciembre del pasado año en la capital majorera, durante los actos conmemorativos del 225 aniversario de la fundación de Puerto de Cabras-Puerto del Rosario que organizó la municipalidad. En su pregón de las Fiestas del Rosario de septiembre de 1983, el profesor Millares había incitado a la celebración del bicentenario de la localidad en 1995, efeméride debidamente exaltada entonces por la corporación municipal que presidía Eustaquio Juan Santana Gil.
Como reconocimiento al papel desempeñado por Millares en la recuperación de la historia local, el ayuntamiento actual cursó la invitación que dio pie a la charla sobre la cual se ha basado esta monografía, un ensayo de historia-síntesis donde se integra lo económico, lo social y lo político en torno al análisis de las estructuras y prácticas del caciquismo histórico en las Islas.
«Los hermanastros Velázquez en el sur fueron adversarios de la familia de los Castañeyra al norte»
El investigador plantea en su trabajo la oposición desatada frente a la capitalidad de Puerto de Cabras por un considerable segmento de las élites meridionales de Fuerteventura, articulado en torno al eje Tuineje-Gran Tarajal. Sus aportaciones presentan la virtud de ofrecer una visión panorámica acerca de las elecciones a Cortes por el distrito insular entre diciembre de 1912 y abril de 1923, aparte de un pionero enfoque global relativo al período de la Segunda República, hasta el presente solo abordado hasta el momento de manera fragmentaria.
De todas las capitalidades insulares del Archipiélago una vez instituida la provincia de Canarias, Puerto de Cabras fue la que recibió las más tardías e intensas impugnaciones. En este cuestionamiento jugó una función capital el bando político fomentado y encabezado por los hermanastros Velázquez Curbelo-Velázquez Cabrera en el sur, permanente adversario de la familia de los Castañeyra que dominaba en el enclave capitalino. La bandería guiada por esta última aglutinó el llamado Partido de las Casas, pues estuvo al servicio de los principales núcleos de los terratenientes majoreros representados por las estirpes grancanarias de los Manrique de Lara y los Bravo de Laguna, herederas por vía marital de la enorme masa de tierras que perteneció a los coroneles de La Oliva.
A mediados del siglo XIX, cuatro matrimonios de los Manrique de Lara y Cabrera dominaron más del 15% de la extensión superficial de Fuerteventura, prescindiendo de la Península de Jandía, que junto al islote de Lobos recayó en los condes de Santa Coloma y marqueses de Lanzarote, Grandes de España residentes en Madrid.
«El poder insular que había ejercido el coronelato de La Oliva desde la época señorial, se transfirió a la ciudad de Las Palmas a través de dos poderosos clanes insertos en la oligarquía grancanaria, enlazados entre sí y mal avenidos por norma», señala el historiador.
Ambos encontraron acomodo dentro del liberalismo de la isla redonda y durante el Sexenio democrático y la Restauración se integraron en las filas de los seguidores de Fernando de León y Castillo, el gran cacique por antonomasia del régimen canovista en el Archipiélago y el mejor intermediario de las clases dominantes isleñas con Madrid durante casi medio siglo. Frente a los liberales leonistas, cuyos agentes majoreros radicaron por excelencia en Puerto de Cabras, acabó por articularse otro tinglado caciquil alrededor de los Velázquez y con epicentro en Tiscamanita, unido desde finales del Ochocientos a los conservadores para imponer el Turno en las Islas Orientales, especialmente junto a los jerarcas conejeros agrupados por el multifundista José Pereyra de Armas y el abogado Leandro Fajardo Cabrera.
Las claves de estas dinámicas ya fueron expuestas por Millares en su obra El cacique Fajardo asesinado (1896). Banderías a la greña en Lanzarote. «Los Velázquez eran tan caciques como los Castañeyra – dice Millares– y representaban a la misma clase social, la burguesía comercial y agraria con apetencias de medro».
La construcción del moderno puerto de Gran Tarajal y la expansión del cultivo del tomate por su vega, gracias a la aportación de capitales indianos al avanzar el Novecientos, acrecentaron los apetitos de la alta burguesía meridional para librarse de las cortapisas supuestamente impuestas por los mandatarios capitalinos.
Una vez malograda la aventura conservadora de los Velázquez, sus amigos políticos apoyaron al Partido Local Canario de 1903-1908, disidencia levantada por una de las facciones del leonismo grancanario, la conducida por el terrateniente Francisco Manrique de Lara y Manrique de Lara.
«Al sobrevenir la crisis de la Restauración – apunta Millares–, las rivalidades sureñas contra Puerto de Cabras fueron orientadas por el llamado Partido Majorero, que desde su génesis liberal y capitalina en 1915-1916 se transformó en el apéndice conservador y austral de 1918-1923».
El Partido Majorero ha sido enormemente mitificado según Millares, en particular cuando se transformó en el referente histórico para los artífices de Asamblea Majorera en los prolegómenos de la Transición democrática. A criterio del estudioso, aquella nueva tertulia política no pasó de ser otro de los aparatos caciquiles inmerso en las pugnas oligárquicas de la época, sin el menor atisbo de proyecto libertador en sus enunciados y quehaceres.
Los patriotas majoreros, bajo el manto de un insularismo teórico, se consideraron discípulos de Manuel Velázquez Cabrera, el animador del Plebiscito de las Islas Menores de 1910, uno de los movimientos autonomistas que inspiraron la denominada Ley de Cabildos de julio de 1912.
A juicio de Millares, los dirigentes del Partido Majorero traicionaron en verdad las tesis fundamentales del pretendido mentor, fallecido en diciembre de 1916. «En dos puntos cardinales rompieron los conservadores majoreros con Velázquez Cabrera: al recurrir casi sistemáticamente a candidatos cuneros en las elecciones a Cortes por el distrito insular, y al apartarse de la equidistancia ante el problema canario que propugnó en el Plebiscito su falaz instructor», observa Millares.
La única vez que presentaron a un aspirante autóctono al escaño del Congreso, por mediación de su caudillo Juan Peñate López en diciembre de 1920, estuvieron a punto de arrebatar el acta a Salvador Manrique de Lara y Massieu, diputado triunfante en cuatro convocatorias entre febrero de 1918 y abril de 1923. «Y precisamente recibió el nombre de manriquismo la articulación de las bases caciquiles en Fuerteventura», remata en este orden el entrevistado. Los escrutinios exhibieron siempre la divisoria característica: el norte con los liberales y el sur con los conservadores.
La otra cuestión en la que el Partido Majorero se apartó de los mensajes plebiscitarios lo entregó en brazos de la oligarquía tinerfeña, defensora de la unidad provincial en igual proporción a las aspiraciones divisionistas de su homónima grancanaria.
«Asamblea Majorera no pasó de ser otro aparato caciquil en la pugna oligárquica de la época»
El modo en que los patriotas insularistas acogieron en septiembre de 1923 al legislador conservador Andrés de Arroyo y González de Chaves, figura destacada del caciquismo en la isla picuda, demuestra hasta qué punto se implicaron en la protección de las sinecuras de Santa Cruz de Tenerife. «Si los liberales de Puerto de Cabras apostaron claramente por la división de la provincia, los conservadores de Tuineje optaron por sostener el statu quo con las reformas de 1912», explica Millares. Los unos estuvieron a las órdenes de los mandamases grancanarios y los otros de los tinerfeños.
Todas las intensas lidias entre las fracciones monárquicas de Fuerteventura desaparecieron prácticamente al sobrevenir la Dictadura de Primo de Rivera. Los dos bandos iban a fundirse en el partido oficial del régimen, la Unión Patriótica, aunque los conservadores del sur quedaron inicialmente en una posición más ventajosa que los liberales del norte.
Esta misma superioridad prevaleció a lo largo de la Segunda República, cuando el Partido Majorero supo maniobrar para obtener la hegemonía en las instituciones locales e insulares. «Primero se adscribió al republicanismo federal de los correligionarios de José Franchy y Roca, pero el coqueteo con la izquierda duró apenas nueve meses y, al avanzar 1932, escoró hacia la derecha plegándose a los radicales de Rafael Guerra del Río», asegura nuestro especialista.
La alianza electoral entre estos últimos y los rectores del Partido Popular Agrario Autónomo, dominantes en Puerto Cabras, puso fin a las contradicciones no antagónicas que habían protagonizado, en reyertas fraccionales y territoriales, dos camarillas durante más de cuatro décadas.