Jennifer López y Omari Hardwick están en Gran Canaria para el rodaje de la película The Mother. La archiconocida JLo y el productor, rapero y actor estadounidense son los dos últimos grandes nombres de Hollywood que han venido a rodar a las Islas. Se suman a Brad Pitt, Angelina Jolie, Sylvester Stallone, Matt Damon, Emilia Clarke, Salma Hayek, Vin Diesel... Y si se echa la vista más atrás aparecen estrellas tan rutilantes como Gregory Peck, que en 1955 protagonizó la versión de Moby Dick del mítico director John Huston –grabada en Gran Canaria–, o Raquel Welch, quien en 1966 rodó en Tenerife, en concreto en el Parque Nacional del Teide, el filme dirigido por Don Chaffey Hace un millón de años. De modo que el atractivo del Archipiélago como plató internacional de cine se mantiene intacto. Un atractivo que no sería tal sin las posibilidades que ofrece el paisaje isleño –desérticas dunas, mares azules, inmensos volcanes, villas históricas...– y, sobre todo, sin los incentivos fiscales que seducen a las grandes productoras para decidirse a grabar en Canarias y no en Túnez, Egipto o Tailandia. De forma paradójica, son esos mismos incentivos fiscales, o más bien su complejidad administrativa, jurídica y empresarial, los que amenazan con dejar al Archipiélago sin rodajes nacionales. «Se le ponen las cosas más fáciles a una empresa de Múnich que a una de Teruel», explican desde el Clúster Audiovisual de Canarias.
Como la mayoría de los países de su entorno, España tiene su propia política de deducciones e incentivos fiscales para, por un lado, las producciones audiovisuales nacionales –películas, cortometrajes, documentales, series– y, por otro, las internacionales. A su vez, y en virtud de su Régimen Económico y Fiscal (REF), esos incentivos son mayores en las Islas. No por capricho ni por una decisión arbitraria, sino porque el REF, el particular fuero de Canarias, es un instrumento para compensar los sobrecostes que soporta la actividad productiva en la región por la insularidad y, sobre todo, la lejanía respecto de la Europa continental. En el caso de la industria audiovisual, basta con ver el coste que supone traer al Archipiélago los equipos de grabación –un coste mucho y hasta muchísimo mayor que si se fuera a rodar a Cádiz, Madrid o Barcelona– para entender por qué el mayor incentivo fiscal a las producciones que se graban en las Islas está más que justificado. Ocurre, sin embargo, que mientras que el éxito del incentivo es más que evidente en el caso de las películas extranjeras –con JLo como último ejemplo–, su capacidad para atraer rodajes nacionales es cada vez menor. ¿Por qué? Por la combinación de tres factores: la inseguridad jurídica, la competencia y, por encima de todo, la falta de inversores. Así lo pone de manifiesto un informe del despacho Núñez, González y Rodríguez Abogados, publicado por la empresa pública Proexca, sobre el sector audiovisual isleño.
En el caso de los rodajes internacionales, el importe del incentivo se calcula a partir del gasto que la empresa productora hace en Canarias de manera efectiva. Es relativamente sencillo: la firma justifica el gasto en el Archipiélago y Hacienda le concede una especie de tax rebate. Esto no es más que reintegrarle vía transferencia un porcentaje del gasto efectuado en las Islas para el rodaje. Se monetiza así el incentivo. Esta sencillez desaparece, en cambio, en el caso del incentivo a las producciones audiovisuales nacionales. De entrada porque para que una película o serie disfrute de la mayor ayuda fiscal a los rodajes en la región es necesario que la producción se «realice» en Canarias. La entidad que invierta en la película, serie o documental debe estar domiciliada en el Archipiélago, es decir, no es suficiente con rodar en las Islas para beneficiarse del incentivo extra a la industria audiovisual canaria, sino que la empresa ha de radicar en la región. Si su domicilio fiscal está en Teruel, Murcia, Madrid o La Coruña, el incentivo será el mismo que en el resto del país por más que el filme se grabe en El Hierro, La Gomera o Lanzarote. Hay que tener en cuenta que la deducción en la Comunidad Autónoma siempre será, como mínimo, 20 puntos superior a la que se establezca en la ley estatal del Impuesto sobre Sociedades. Y, además, su tope máximo estará un 80% por encima del que se establezca para el resto del país –en estos momentos el techo está fijado en 18 millones de euros por producción frente a los 10 millones en la Península y Baleares–. Pero hay que insistir: para que la película se beneficie del incentivo canario hacen falta inversores canarios. Y en una región que lleva dos años sumida en una crisis sin precedentes por la pandemia de coronavirus, encontrar inversores no es precisamente sencillo. «La inversión que se realiza en Canarias no es suficiente para generar un tejido industrial estable y recurrente», expone el informe publicado por Proexca. «La falta de sujetos pasivos en Canarias que mantengan cuotas del Impuesto sobre Sociedades en importes suficientes para aplicar estas deducciones va a provocar la imposibilidad de desarrollar producciones nacionales en el Archipiélago», agrega.
Al hilo de lo anterior, no extraña que los sucesivos incrementos del incentivo a las producciones nacionales no se vea reflejado en el número de rodajes. Si se incluyen los proyectos internacionales, la evolución es significativa: en 2010 apenas se realizaron en Canarias un par de películas, una cifra que en 2014, solo cuatro años más tarde, se incrementó hasta las 19. Es más, un año después, en 2015, solo Madrid, Cataluña y Andalucía recibieron más rodajes que las Islas. La lista de filmes es larguísima: Furia de titanes, Fast & Furious 6, Como reinas, Aliados, Rambo: Last Blood, Jason Bourne, Han Solo, El faro de las orcas, Exodus: Gods and Kings... Pero el crecimiento es mucho menos llamativo en las grabaciones nacionales. De hecho, en 2017 fueron 17 las producciones que solicitaron el certificado de obra canaria para acogerse al incentivo; el número se redujo a 13 en 2018; y se quedó en 16 en 2019. No hay incremento. Y a ello tampoco parece haber contribuido la figura de la Agrupación de Interés Económico (AIE), que básicamente son entidades que aglutinan el capital de distintas firmas inversoras a cambio de una rebaja fiscal en el Impuesto sobre Sociedades de cada una de ellas. La idea es que las productoras accedan a fuentes privadas de financiación. El problema es que pese a sus aparentes ventajas para canalizar el capital de distintos inversores, «la utilización de AIE para la estructuración cinematográfica en Canarias conlleva una notable complejidad para un sector muy atomizado y escasamente acostumbrado a manejar sofisticados conceptos jurídicos», reza el informe del despacho de abogados.
Es verdad que el espíritu de las AIE está en línea con las necesidades de un sector audiovisual que tiene muchos problemas para acceder al crédito –más si cabe en Canarias por su pequeño tamaño–, pero no es menos cierto que se trata de un sistema complejo. No en vano, para poder aprovechar los incentivos fiscales es necesario que una firma, una empresa o sociedad mercantil, se integre en una nueva entidad, la AIE, que tiene personalidad jurídica propia y de la que se la hace responsable de manera ilimitada. No es sencillo, por tanto, que una gran firma acceda a integrarse en el capital social de una AIE compartiendo los riesgos de la producción, máxime cuando su única contrapartida puede ser el incentivo fiscal, es decir, la rebaja en el Impuesto sobre Sociedades, ya que no hay garantías de que la película o la serie dé beneficios, lo que dependerá de cuántas personas vayan al cine a verla o de que una distribuidora la adquiera para su pase en televisión. En definitiva, la incertidumbre en torno al éxito del proyecto es tan grande que a las productoras les resulta harto complejo convencer a los directivos de una empresa de la oportunidad de embarcarse en una AIE. Al final, ya sea de forma directa o a través de estas agrupaciones de interés económico, el problema de fondo para la industria audiovisual isleña siempre es el mismo: la falta de inversores.
En consecuencia, como telón de fondo está la debilidad de la economía regional, castigada como pocas por la crisis de la covid-19. En Canarias hay empresas del sector turístico, el motor del tejido productivo isleño, que venían financiando proyectos audiovisuales y aprovechando así para ahorrarse un pellizco en la cuota del Impuesto sobre Sociedades. En concreto hay al menos un par de cadenas hoteleras de renombre que participaron en distintos proyectos. Pero son la excepción, una excepción que ahora, con las estrecheces que ha traído consigo el coronavirus, casi se convierte en una rara avis. Una debilidad estructural, acentuada ahora por la pandemia, que no sufren Comunidades Autónomas como el País Vasco y, sobre todo, Navarra, que están sabiendo involucrar a sus empresas en el sector audiovisual. Claro que es más fácil involucrar a las empresas en economías con unos PIB per cápita a años luz del menguante PIB por habitante canario. Economías que, además, han sufrido mucho menos el golpe del coronavirus por su mucha menor dependencia del turismo. De modo que en Canarias faltan inversores y, encima, la competencia de otras regiones –por no citar la competencia de otros países– es cada vez más grande.
Inseguridad jurídica
Falta de inversores, competencia creciente, gran dificultad para acceder al crédito bancario... Y, por si fuera poco, inseguridad jurídica. La normativa sobre los incentivos fiscales a las producciones cinematográficas tiene tanta voluntad de mejora como incapacidad para sentar unas bases estables. Un problema que se agrava aún más en el caso de Canarias, ya que los olvidos en el Ministerio de Hacienda sobre el REF –no solo en lo relativo a los incentivos y deducciones al cine– han dejado capítulos estrambóticos e impropios de un Estado miembro de la Unión Europea. El ejemplo más reciente se dio cuando el Gobierno de Pedro Sánchez decidió elevar el tope máximo de los incentivos hasta los diez millones de euros. De forma automática, el Ejecutivo estatal debió incrementar el techo en Canarias hasta los 18 millones –hay que recordar que el diferencial fiscal en favor de Canarias es del 80%–, pero no lo hizo. Tras las quejas, lo elevó hasta 12,4 millones de euros, lo que tampoco respetaba el diferencial fiscal favorable a las Islas. Tuvo que producirse el pronunciamiento unánime del Parlamento de Canarias para que en Madrid se comprometieran a recuperar el diferencial y elevar el tope del incentivo hasta los actuales 18 millones. Eso sí, en el primer semestre del año pasado se perdieron varios rodajes –en el Ministerio no reconsideraron su posición hasta mediados de 2021–, y lo que es peor: con este tipo de situaciones se da un mensaje implícito de inseguridad jurídica que no ayuda en nada a captar inversión.
En este sentido, el informe encargado por Proexca –la empresa pública autonómica que se encarga de promover la internacionalización del tejido productivo regional– pone énfasis en que si ya de por sí es complicado encontrar financiación privada, «la inseguridad jurídica existente ha determinado que prácticamente la inversión por parte de empresas Canarias sea inexistente». Y sin inversión privada no hay incentivo extra por rodar en Canarias, y sin incentivo extra por rodar en Canarias serán una minoría los proyectos nacionales que se decidan por el Archipiélago. Es la pescadilla que se muerde la cola. ¿Entonces cuál podría ser la solución? Pues como explican desde el Clúster Audiovisual de Canarias y se expone en el informe, un primer gran paso sería que empresas, sociedades e inversores de otras Comunidades Autónomas pudieran disfrutar sin más del mayor incentivo a las producciones audiovisuales en las Islas, es decir, que no se vete a los potenciales inversores por el hecho de que su domicilio fiscal esté en Cuenca, Madrid o Palma de Mallorca. De lo contrario, seguirán disfrutando de mayores ventajas las empresas extranjeras que las firmas nacionales, cuando en el fondo el incentivo y las deducciones al cine tienen como objetivo primero promover el sector audiovisual nacional.
«No cabe sino concluir que la aplicación del incentivo nacional se encuentra en un proceso de total estancamiento, que requiere modificaciones normativas que lo acerquen a un sistema de acreditación como el del resto de territorios de nuestro entorno», exponen. En la mayoría de los otros países europeos, la fórmula de los incentivos al cine está más próxima a la que en España se utiliza para los rodajes internacionales que a la establecida para las grabaciones nacionales. Es la fórmula, la más sencilla, del rebate o tax rebate, que consiste en una lista de gastos incentivables que luego se justifican y de los que Hacienda devuelve el porcentaje establecido en su legislación. El modelo español es, sobre el papel, un tax credit, que consiste en reducir la carga impositiva –en este caso la cuota del Impuesto sobre Sociedades– por la participación en la producción audiovisual, pero con la figura de las AIE ha acabado por convertirse más bien en un tax shelter, un modelo en franca decadencia en los países del entorno por su mayor complejidad. En este último caso la empresa destina una parte de sus obligaciones tributarias a un determinado proyecto audiovisual a cambio de deducciones o incentivos fiscales.
Los Estados miembros destinan cada año en forma de incentivos tributarios a las producciones cinematográficas unos 3.000 millones de euros. Miles de millones que se canalizan a través de 600 regímenes de ayudas nacionales y regionales.
El papel de la RTVC
Otro de los aspectos en que la Administración, en este caso el Gobierno de Canarias, puede contribuir al impulso de la industria audiovisual es reforzando la capacidad de la radiotelevisión pública (RTVC) como motor de producciones locales. La RTVC tiene en estos momentos un papel acorde con el de su presupuesto, que es muy inferior al de otras televisiones públicas autonómicas. Reforzar la capacidad de la RTVC como contratante y promotor de obras audiovisuales pasa por inyectarle más fondos públicos.
A pesar de todos estos inconvenientes, el potencial del sector audiovisual del Archipiélago es indiscutible, pero eso sí, «siempre que cuente con el debido apoyo de las administraciones públicas en cualquiera de los ejercicios de sus competencias –fiscales, en materia de subvención, en materia de internacionalización, etc.–», ahondan los autores del informe de Núñez, González y Rodríguez Abogados.
