El vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Ángel Pérez, y la consejera de Cultura en el Cabildo de Gran Canaria, Guacimara Medina, ambos del PSOE, han admitido este viernes en sede judicial que existieron discrepancias políticas en la gestión de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC) en el seno de la Corporación. Lo han hecho ante la jueza que resuelve si el despido del exgerente de la entidad cultural Christian Roig debe declararse nulo o no, tal y como pide la acusación, que se ampara en dos supuestos: uno de vulneración de los derechos fundamentales y otro de vulneración de su derecho al honor. Este es el segundo pleito que lleva a los tribunales Roig después de haber denunciado en octubre de 2020 por acoso laboral, integridad moral, derecho al honor e imagen tanto a la propia Fundación de la OFGC como al director artístico Karel Mark Chichon, y ya en febrero de 2021 ampliarla al presidente insular, Antonio Morales.
Roig acusa de estos hechos no solo a la Fundación de la OFGC, sino también al presidente Morales, y al director artístico de la orquesta, de quienes afirma que han tratado de desprestigiarlo y desacreditarlo, incluso haciéndose valer de una campaña mediática en su contra. Supuestos todos ellos que los abogados de los codemandados han rechazado en el Juzgado de lo Social número 9 de la capital, alegando que el exgerente pudo en todo momento desempeñar sus funciones con normalidad y que el trato fue el habitual en este tipo de relaciones laborales. Asimismo, han negado que el despido haya tenido el objetivo de maquillar la demanda por acoso laboral que presentó en su momento.
En el interrogatorio, Antonio Morales ha rechazado las acusaciones de acoso, al tiempo que ha asegurado que no pidió el cese de Christian Roig a los consejeros socialistas que ocupaban, hasta febrero de 2021, la presidencia y vicepresidencia de la Fundación. "No es cierto que haya puesto sobre la mesa el desestimiento de Roig", ha señalado ante la jueza que dilucida la causa, Jennifer Rocío Álamo, para luego añadir que no mantuvo contacto con el demandante en ningún momento durante el poco más de un mes que estuvo al frente de la comisión ejecutiva de la Orquesta, una vez renunciaron Guacimara Medina y Miguel Ángel Pérez -ambos han declarado como testigos llamados por la acusación-.
Morales también ha apuntado que mucha gente le hizo llegar "el malestar con el gerente desde un primer momento", no solo entre los músicos de la Orquesta, sino también entre muchas personas abonadas y aficionadas a la música, lo que le generó "una gran preocupación" que le hizo querer tomar cartas en el asunto. Por ello, inició un procedimiento de investigación que encargó a los servicios jurídicos del Cabildo. En un momento determinado, se requirió para ese informe ciertos datos que, por su carácter personal, no pudieron entregarse al presidente insular al no ser parte de la comisión ejecutiva de la Fundación, por lo que, según ha explicado, decidió revocar las competencias durante 24 horas a Guacimara Medina para poder acceder a los mismos y continuar el procedimiento investigador.
En su declaración, la consejera de Cultura ha aseverado que, a día de hoy, sigue "sin entender por qué se revocaron" sus competencias aquel día. Guacimara Medina, asimismo, ha insistido en que Morales no les llegó a pedir -a ella y a Miguel Ángel Pérez- que le cesaran en el cargo "directamente", pero que sí "era obvio que no se coincidía en los planteamientos" respecto al día a día de la Orquesta Filarmónica. Algo que el vicepresidente insular ha refrendado durante su testimonio: "Dejé de ser vicepresidente de la Fundación en el momento en que surgen discrepancias con el socio político por la gestión que se estaba llevando a cabo en la Fundación".
Las claves del proceso:
Demandante - El exgerente Christian Roig
El violinista valenciano Christian Roig fue designado gerente de la Fundación en verano de 2020 tras superar un proceso de selección no exento de polémicas. Fue cesado tras superar su periodo de pruebas el 31 de marzo de 2021.
Demandados - Chichon, Morales y la OFGC
Roig presenta una demanda contra el director artístico de la Orquesta, Karel Mark Chichon, el presidente insular, Antonio Morales, y la propia Fundación de la Filarmónica.
Hechos - Despido nulo
La acusación particular solicita que se declare el despido de Christian Roig como nulo, amparándose en un supuesto de vulneración de derechos fundamentales y otro de vulneración del derecho al honor.
Reclamación - Readmisión y reparación
Las exigencias de Christian Roig pasan por que se le readmita en su puesto de trabajo y se le abonen los salarios de tramitación, es decir, desde que fue despedido. Además, solicita una indemnización por daños morales de 100.000 euros a repartir solidariamente entre Chichon, Morales y la Filarmónica.
Desarrollo del juicio - Suspendido ‘sine die’
Tras la sesión de ayer, el juicio ha quedado suspendido ‘sine die’ ya que el director artístico de la Orquesta no pudo declarar al estar enfermo de Covid, por lo que se aplazó su testimonio para más adelante, cuando pudiera desplazarse a sede judicial. Una vez sea interrogado, se convocará a las partes para analizar la prueba documental y mostrarles un vídeo de un pleno insular que el demandante aporta también como documento probatorio. Una vez llevadas a cabo estas diligencias, la jueza iniciará un periodo de 15 días para que la acusación y la defensa puedan redactar sus escritos de conclusiones. Las fechas están abiertas.
Pérez, en todo caso, ha dicho que esas desavenencias con Nueva Canarias -el partido del presidente Morales- no tenían que ver con la contratación del exgerente en verano del 2020, sino en relación con "las competencias que tenía Karel Mark Chichon y el deseo que teníamos de no elitizar la orquesta, de impulsar que saliera a las calles y tuviera una mayor socialización".
La acusación, en su escrito, se refiere a una reunión entre Morales y los consejeros socialistas en la que, presuntamente, el presidente insular lanzó la demanda de acoso presentada por Roig en octubre de 2020 sobre una mesa y, a voz en grito, exigía a Medina y Pérez que destituyeran al gerente cuanto antes. Los implicados han negado que el encuentro se haya producido en esos términos. El mandatario insular ha matizado que no es su "estilo de relación" con las personas el utilizar ese tono, mientras que la consejera de Cultura no recuerda "esa vehemencia".
Medina y Pérez abandonaron la Fundación porque «no coincidían en las visiones» con NC
Esa demanda por acoso laboral fue una más de las que en un breve periodo de tiempo presentaron varios miembros de la Orquesta Filarmónica contra su director artístico. Uno de los músicos, que llegó a estar de baja laboral, y la jefa de producción, Isabel Turienzo, también denunciaron sendos casos similares de mobbing en el seno de la entidad cultural que ponían en el punto de mira a Karel Mark Chichon. La de Turienzo, que se presentó en junio de 2020, consideraba que la mujer estaba "expuesta a un ambiente de trabajo hostil". Hechos que dos informes externos encargados por el Cabildo concluyeron que podrían producirse en base a los indicios detectados.
Por otro lado, un informe de los servicios jurídicos del Cabildo de Gran Canaria advertía de que el contrato de Chichon tenía vicios de nulidad y se pusieron reparos a algunas facturas de en torno a 15.000 euros firmadas por el propio director artístico, quien ejerce funciones que no son de su competencia, y disfruta de privilegios que no figuran en su relación laboral con la Filarmónica, tal y como planteaban en su momento los consejeros socialistas y también Ciudadanos desde la oposición.
El demandante pide ser restituido y una indemnización por daños morales de 100.000 euros
En cuanto a la principal pretensión del demandante, restituirle en su puesto y abonarle las nóminas de tramitación, la defensa de la Fundación la ha rechazado al entender que se encuentran "ante un desestimiento válido" según la ley y que se produjo fuera del periodo de pruebas. En lo referido a la solicitud de indemnización por daños morales por valor de 100.000 euros, los letrados de los codemandados han aducido que es "desproporcionada" y que no se sostiene en "ninguna prueba fehaciente".
