El Ayuntamiento de San Miguel de Abona, en Tenerife, ha denegado el permiso para organizar el Reggaeton Beach Festival 2022, previsto para este sábado en Amarilla Golf con la presencia de unas 20.000 personas. Un decreto firmado por el alcalde, Arturo González, el martes fundamenta en detalle la decisión. Se basa en la falta de documentación por parte de los organizadores y en informes técnicos desfavorables desde los ámbitos urbanísticos y de seguridad. El Ayuntamiento confirmó que ayer el concierto seguía suspendido.

La razón de la suspensión del concierto que tenía casi todas las 20.000 entradas vendidas está en las «deficiencias detectadas» por el Ayuntamiento, «tanto en la documentación requerida como en los preceptivos protocolos de actuación».

Son tres los aspectos fundamentales en los que la organización no ha cumplido, según los criterios en que se basa la administración local para conceder el permiso. En primer lugar, la falta de documentación general y la que se denomina sectorial. Cabe destacar en este último aspecto la que hace referencia a la necesaria para la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), encargada de la seguridad de la aviación civil en España. El motivo de este requisito es la cercanía del lugar donde se debe celebrar el festival con el Aeropuerto Tenerife Sur.

Por otro lado, no existe correspondencia, siempre según estas fuentes, entre el aforo, unas 20.000 personas en el espacio previsto de 42.000 metros cuadrados, y la capacidad de evacuación referida documentalmente.

En tercer lugar, otro factor clave es que el Plan de Seguridad Vial a desarrollar para responder a ese enorme volumen de asistentes previsto exige la presencia de un número de agentes de la autoridad que ni tiene el municipio ni en principio pueden aportar otros cuerpos de seguridad. San Miguel establece un mínimo de 25 efectivos para garantizar el control del tráfico y la seguridad.

El decreto especifica informes desfavorables de la Policía Local y Protección Civil a la celebración del evento, algunos de ellos elevados desde el mes de mayo. Para los organizadores, no celebrar el concierto supondrá unas pérdidas en torno al millón y medio de euros.