La defensa de la Fundación Orquesta Filarmónica de Gran Canaria requiere de la «íntegra desestimación de la demanda, y la calificación de la extinción de la relación laboral» entre la entidad cultural y el exgerente Christian Roig.
El abogado de la Fundación concluye que las múltiples injerencias de este, la ausencia de sanciones contra él y la elaboración de dos informes ante las denuncias de acoso, entre otras cuestiones, dan lugar a lo que podría entenderse como un despido improcedente, «pero en ningún caso como vulneradora de ningún derecho fundamental». Este es el segundo pleito que lleva Roig ante los tribunales, después de haber denunciado en octubre de 2020 por acoso laboral, integridad moral, derecho al honor e imagen a la Fundación de la OFGC y al director artístico Karel Mark Chichon. Después, en febrero de 2021, se amplió al presidente del Cabildo de Gran Canaria.
En esta ocasión, los dos supuestos son: uno de vulneración de los derechos fundamentales y otro de vulneración de su derecho al honor. No obstante, el abogado de la OFGC, José Losada Quintás, sostiene que «ha quedado evidenciada la inidoneidad profesional y la falta de adaptación al puesto que ocupaba». Entre otras cuestiones, destaca que Roig «se atribuyó funciones en el Área de Dirección Artístitica de la Fundación que tiene asignadas contractualmente el maestro Chichon sin informar a aquel de sus gestiones ni facilitarme información requerida por el mismo», además de desprestigiarlo «ante los miembros del Comité de Empresa».
Por ejemplo, Roig afirmó que el contrato que vincula al maestro con la Fundación «es ilegal y tiene muchas irregularidades» y que la contratación de Eschenbach contenía «irregularidades por una diferencia de 5.000 euros entre caché y la factura». Como prueba, el 60% de la plantilla de la Fundación suscribió que «el primer mes de gestión del nuevo gerente ha sido claramente decepcionante, con injerencias, retraso en la formalización de contratos y exigencias de test PCRs a agunos invitados mientras a otros se les dispensaba de ellas».
En el mes de julio, tanto el vicepresidente del Cabildo, Miguel Ángel Pérez, como la consejera de Cultura, Guacimara Medina, admitieron en sede judicial que existían discrepancias políticas en la gestión de la OFGC dentro del seno de la Corporación. Por lo demás, queda a la espera de la sentencia.
