Canarias está a punto de avanzar en otra ley pionera en el territorio español: el Sistema Cultural Público. Como la Sanidad o la Educación, este área por fin tendrá una regulación a nivel administrativo y jurídico que garantice el cumplimiento de los derechos culturales de la población con el blindaje del 2% del presupuesto autonómico en 2030. Este logro ha dado pie a que otras comunidades, como Galicia o Valencia, se interesen por las características que recoge, entre las que destaca Madrid, donde Juan Lobato, diputado de la Asamblea por el PSOE, ha anunciado que presentará una proposición de ley de Sistema Público de la Comunidad.
En 2021, el Parlamento canario aprobó por unanimidad la 'ley trans' autonómica, un hito para la sociedad isleña en materia de derechos sociales, y, en abril de este año, volvió a estar de acuerdo a través del texto normativo que fue registrado con el apoyo unánime de los siete grupos políticos. "Canarias se ha colocado a la vanguardia de las políticas culturales públicas, ya que la ley canaria es la primera del Estado español y Latinoamérica que organiza un sistema público cuyo objeto es obligar a las administraciones a establecer las garantías de acceso, además, organiza y articula esa coordinación necesaria entre lo regional, insular y municipal con el fin de establecer un régimen de cooperación que hagan efectivos esos derechos", afirma Juan Márquez, viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural.
La redacción partió de dos premisas: la adecuación de la reforma del Estatuto de Autonomía de 2018 y, por otra parte, la observación de una falta de recursos técnicos y humanos, además de planificación, en la gestión de esta rama. "Cada vez veíamos más necesaria la coordinación y cooperación entre todas las administraciones, la regional, insular y local, a la misma vez que el establecimiento de obligaciones para establecer esas garantías", subraya el responsable. Sin referencias, tan solo en el ámbito de derechos culturales de la comunidad de Navarra o la ciudad de México, la norma contempla la creación de la Comisión de Coordinación, el Consejo Canario de Cultura, el Servicio de Análisis para baremar las acciones, entre otras herramientas, y blinda el presupuesto.
La ley, antes de finalizar el año
El sector cultural aporta a la economía canaria alrededor de unos 26.500 empleos directos e indirectos, un 3% del empleo total de las Islas, con más de cinco mil empresas culturales que, a nivel estatal, según el Anuario de Estadísticas Culturales 2021 alcanzó en 2019 con datos prepandémicos el 5,9% con más de 700 mil personas empleadas. El trabajo para la redacción de la ley ha unido tanto a los servicios de la Viceconsejería, del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, así como el asesoramiento de expertos como Tony Murphy o el catedrático Jesús Prieto, parte del despacho de abogados Gabeiras & Asociados que ha ayudado a la tramitación de la norma. Además, Márquez notifica reuniones con los distintos representantes de asociaciones culturales canarias, "nos hicieron llegar enmiendas para mejorarla y se han tenido en cuenta".
En el Parlamento, sin enmiendas a la totalidad, el viceconsejero prevé que la aprobación será antes de que finalice el año: "Me llena de orgullo que hayamos dado el primer paso en Canarias y que haya sido de manera unánime para que, gobierno quien gobierne, este proyecto hable de derechos fundamentales en la construcción social y comunitaria del Archipiélago y en el desarrollo de nuestras políticas, por lo que no podemos recortar en Cultura".
