Ley del cambio climático

Desde hace unos años se ha planteado académicamente, en algunos departamentos de ciencias políticas, si es legítimo el autoritarismo para supuestas problemáticas como la del cambio climático. Por ejemplo, el 6 de diciembre de 2021, se publicó en la American Political Science Review, el texto Legitimidad política, autoritarismo y cambio climático, en Cambridge University Press, donde Ross Mittiga, profesor de Teoría Política en la Universidad Católica de Chile, se preguntaba: «¿Es legítimo el poder autoritario? La literatura contemporánea de la teoría política, que conceptualiza en gran medida la legitimidad en términos de democracia o derechos básicos, parece sugerir que no». Sin embargo, Mittiga sostiene que «si bien, en condiciones normales, el mantenimiento de la democracia y los derechos suele ser compatible con la garantía de la seguridad, en situaciones de emergencia, pueden surgir conflictos entre estos dos aspectos de la legitimidad». Pone como ejemplo «las severas limitaciones a la libre circulación y asociación se han convertido en técnicas legítimas de gobierno» durante la pandemia del Covid, y puntualiza: «El cambio climático plantea una amenaza aún más grave para la seguridad pública. En consecuencia, sostengo, la legitimidad puede requerir un enfoque autoritario similar». Tal cual. Inmediatamente pensamos en el tópico: «Si le permites a los políticos infringir la ley durante las emergencias, ellos crearán una emergencia para infringir la ley».

Recientemente, el 27 de diciembre de 2022, se ha promulgado en Canarias la ley 6/2022, de cambio climático y transición energética de Canarias. Una de las mejores y más argumentadas manifestaciones de la mayoría aplastadora provino del diputado de Nueva Canarias, Luis Campos: «Nos negamos a quedarnos quietos, el consenso por el consenso, no». Y punto, porque no aprobarla con urgencia es «negacionismo». Los legisladores canarios, progresistas, se ponen campanudos y pontifican y nos apuntan a todos al objetivo del Protocolo de París, de 2015, y se preparan para infligirnos restricciones y crear chiringuitos por mor de una creencia que, si se intenta tan solo debatir, es «negacionismo». En consecuencia, el Gobierno Canario declara emergencia climática el 30 de agosto de 2019, y ordena obligaciones para con los aparcamientos privados, los hoteles, los centros comerciales, los edificios públicos, los proyectos de arquitectura para vivienda privadas, costas y aeropuertos, etcétera, en orden a electrificar la flota de vehículos, inundarnos de litio, y redirigir inopinadamente el gasto y la inversión a lo que dicte la Agencia Canaria de Acción Climática, Energía y Agua, so pena de sanciones de entre 600 y 600.000 euros, impuestas por un nuevo equipo de inspección con rango de autoridad pública. Se cuantifica este negocio en un 2% del PIB canario (en orden a los mil millones de euros anuales).

Corruptela de la comunidad científica

Fue en 2009 cuando se hackearon varios correos de la Climatic Research Unit de la Universidad de East Anglia, Inglaterra, y se publicaron en Internet los 3.000 documentos y 1.000 emails, con conversaciones de científicos, datos y opiniones sobre calentamiento global. En dichos correos se muestra la corruptela de esta comunidad científica en vistas a manipular una tesis de origen antropogénico para el cambio climático, para hacer que los científicos contrarios a esa teoría no entren en las revisiones por pares y consecuentes publicaciones. Ya se preocuparon posteriormente varios organismos bien subvencionados de avalar los estudios de la CRU que, no obstante, siempre pecaron de falta de transparencia.

Luis Pomar, catedrático de Estratigrafía en la Universidad de Islas Baleares, en setiembre 2019, comenta la importancia de la perspectiva geológica del CO2, ya que «los estratos geológicos nos dan registros que permiten conocer la evolución del CO2 en la atmósfera terrestre a lo largo de millones de años. En la actualidad hay menos CO2 en la atmósfera que en ningún momento de la historia de la Tierra, a excepción del final del Paleozoico». Para Luis Comas, es falso que el CO2 sea un problema: «pero se nos hace creer que es verdad por cuestiones políticas. Es cierto que a niveles de CO2 muy altos el clima ha sido más cálido, pero la temperatura en la Tierra no está determinada por ese gas. A ninguna escala temporal hay una correlación que permita deducir eso. En los ciclos de corta duración, de siete a diez años, lo que más influye en la temperatura es la actividad solar, y ahora mismo estamos empezando una fase de enfriamiento parecida a la de 1700, cuando el Támesis se helaba o la gente patinaba en los canales de Venecia, lo que se conoció como Mínimo de Maunder, con inviernos más fríos y veranos fríos y húmedos. En los próximos diez años vamos a tener temperaturas similares a esas. Y para ciclos más largos sabemos que las glaciaciones coinciden con los periodos de Milankovitch».

Dogma climático

El Ilustre Colegio Oficial de Geólogos, con gran indignación de los tragacionistas, publicó el artículo Geología versus el dogma climático, del geólogo Enrique Ortega Gironés, docente en el Departamento de Geotectónica de la Universidad de Oviedo, el 30 de noviembre de 2022, en su revista Tierra y Tecnología, poniendo puntos sobre las íes a este dogma fanático, disfrazado de conclusión absolutista de paneles científicos. Este artículo, académico, niega la crisis climática y la desvincula de la antropogénesis: «El calentamiento global parece ser considerado por algunos estamentos políticos, sociales y científicos como un dogma inamovible que no se puede rebatir, y al que se quiere proteger a toda costa ante la opinión pública bajo el manto de una supuesta unanimidad científica que está muy lejos de ser cierta». Ortega Gironés cita los trabajos de varios científicos en desacuerdo con el dogma del cambio climático, como el físico Frederick Seitz, a Michael Shellenberger, Antonino Zichichi, o a Steven Koonin. Pero aquí tenemos ya una ley del cambio climático canaria, preparada para regar mil millones de euros anuales a través de los chiringuitos políticos correspondientes, obligando, con la chapa de colores 2030 de por medio, a que creamos o, por el contrario, seremos condenados por esa Neoinquisición, y con la legitimidad del autoritarismo de un dogma sectario y metodológicamente anticientífico, pues cualquier dogma es anticientífico.

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