La Ley del Sistema Público de Cultura de Canarias: paso a paso

La Ley del Sistema Público de Cultura ya es una realidad en Canarias. La norma ha sido aprobada en el Parlamento con el apoyo unánime de todos los grupos políticos. Sin embargo, ¿por qué ha llegado? ¿Qué significa? ¿Qué órganos implementa y recursos necesita?

Tony R. Murphy, doctor en Sociología de la Cultura y experto en políticas culturales con un amplio bagaje tanto a nivel europeo como regional, es el coordinador y miembro del equipo de expertos encargado de los trabajos de elaboración de la Ley. Da las claves para entender el contexto en el que nace la norma después de casi dos años de redacción y, sobre todo, la necesidad de un ensamblaje sólido que articule las políticas culturales del futuro que contarán a partir de ahora con un mínimo del 2% del presupuesto autonómico, blindándolo e impidiendo que sea este ámbito el primer perjudicado por los recortes de las crisis.

¿Qué son los derechos culturales y por qué una Ley?

Hay que empezar por el principio. Los derechos culturales, tal y como se reconocen en la Declaración Universal de Derechos Humanos o en la Declaración de Friburgo, son derechos humanos. Estos contemplan la construcción de la identidad individual y colectiva, además del acceso y la participación en la toma de decisiones que afecten a la vida cultural de una comunidad, así como la expresión de cada individuo, entre otras cuestiones, que contribuyen al modelo de democratización en el que viven las sociedades actuales. Como advierte el experto, el ámbito europeo fracasa en este sentido porque, desde los años 50 cuando se instauraron estos conceptos, no se ha reducido -e incluso se ha incrementado- la brecha cultural en la población, al contrario que en materia de salud o educación. "Por eso, las políticas públicas de estas áreas gozan de prestigio social, mientras que las culturales no", dice.

Por tanto, "el modelo de políticas culturales está agotado por ineficaz -por no cumplir con sus objetivos-, ineficiente -por el desaprovechamiento de recursos- e injusto -ya que no atiende a toda la población-", advierte. La dinámica en los años de autonomía, analiza, ha estado basada en la construcción de una oferta cultural y una subvención dedicada a rebajar los precios, "hemos hecho programas o construido equipamiento con la convicción de que la gente al entrar en contacto esas expresiones artísticas iba a cambiar su apetito cultural, pero no es así", expresa Murphy, "los usuarios son un sector minoritario y, hasta cierto punto, privilegiado que atiende a rentas medias y medias altas; en Canarias, más del 60% hace uso rara vez o nunca de los servicios, bienes y equipamientos culturales públicos".

La superación de estos obstáculos radica en tres conceptos: poner a la ciudadanía en el centro, pues entiende que "el problema está en concebir la participación ciudadana como uso, gozo y disfrute de producción ajena, es decir, situarla en una situación pasiva"; aplicar una visión integradora y abandonar el enfoque sectorial (hasta ahora se han hecho leyes como la de Patrimonio Cultural o la de Bibliotecas); y, en tercer lugar, introducir mayor racionalidad para entender la cultura como un todo, "frente a la ocurrencia".

En cualquier caso, la Ley genera unas condiciones jurídico-administrativas que da pie a establecer una gestión de los recursos provechosa. "No dice qué cultura es buena o mala, no se trata de eso, sino que se dan las condiciones para que los derechos culturales sean accesibles y la ciudadanía los pueda materializar de manera activa", añade. A pesar del avance que supone la norma, es prudente puesto que sabe que el texto no vendrá a solucionar una dinámica cultural enquistada durante décadas en las Islas, pero sí vendrá a proponer un nuevo camino. La arquitectura de la Ley, alejada del mandato piramidal y apoyada en los principios de cooperación y coordinación entre la administración autonómica, las corporaciones insulares y locales, está dispuesta de la siguiente manera:

Comisión de Coordinación del Sistema Público

La Comisión de Coordinación es el único órgano que se crea de nuevas en esta Ley. Estará adscrita a la consejería responsable de Cultura del Gobierno de Canarias y está integrada por hasta 17 personas correspondientes a las administraciones públicas, organismos y entes del sistema, nombradas en el plazo máximo de un año. Además de las personas competentes en los cargos autonómicos, habrá una persona titular de la dirección general de Radiotelevisión Canaria, representantes de los cabildos insulares y de ayuntamientos miembros de la Federación Canaria de Municipios, y, también, del sector privado.

"Permite que, entre todos, decidamos la planificación, hagamos un seguimiento de los presupuestos de cultura y, al mismo tiempo, tanto de la normativa del sector cultural, del seguimiento de la red y sus dotaciones, del equilibrio territorial, entre otras cuestiones", sostiene Murphy. Esta Comisión será la encargada de realizar el Marco de Acción Estratégica de la Cultura de Canarias y del mapa de infraestructuras culturales del Archipiélago, aparte de formular propuestas y recomendaciones.

Consejo Canario de Cultura

En realidad, este Consejo Canario de Cultura existía en el artículo 40 del Decreto 7/2021, pero se transformará. Estará "exclusivamente formado por representantes de la sociedad civil organizada", señala Murphy. Sin retribución ni repetición del mandato, lo formarán, como mínimo, 17 personas de distintas áreas, tanto representantes de las universidades, las bibliotecas, asociaciones de artes escénicas, música, artes visuales, sector del libro, folklore y cultura tradicional, diseño gráfico o del videojuego, centrales sindicales, entidades empresariales y fundaciones o de la gestión cultural.

"El Consejo lo nombra el Parlamento, por lo que ganamos en pluralismo e independencia porque sus periodos de mandato no coinciden con el ciclo electoral". Entre sus funciones, hará seguimiento de las políticas culturales y emitirá informes que deberán ser remitidos al Parlamento de Canarias para su toma de consideración.

Soporte planeamiento: Marco de Acción Estratégica de la Cultura de Canarias

El Marco de Acción Estratégica es el instrumento principal que realiza la Comisión de Coordinación, a crearlo de aquí en un año. Al estilo de los planes de salud que realiza la Consejería de Sanidad, este será un documento que planifique, coordine y articule las actividades y servicios culturales desarrollados por las administraciones públicas y privadas integradas en el Sistema del Archipiélago. Se elaborará cada tres años y conllevará la aprobación del Parlamento de Canarias, momento en el que los entes implicados deberán hacer programas anuales de actuación que contengan las líneas generales del Marco de Acción.

Soporte físico: Red de Equipamientos Culturales de Utilización Pública

La Red de Equipamientos Culturales del Sistema es el conjunto de espacios que proporcionen ese derecho a la cultura a la ciudadanía. En él, estarán incluidos los equipamientos tradicionales tales como las bibliotecas, los museos, los auditorios o los archivos, entre otros, y se estudiará su adecuación y aprovechamiento. Además, "abrimos la puerta no solo a la titularidad pública sino de titularidad privada que, según una serie de protocolos, pueden entrar dentro del sistema", indica el experto en gestión cultural. De esta forma, se amplifica la dinámica cultural y contempla la función social de estas instituciones.

Soporte humano: Recursos humanos

"Necesitamos más agentes y nuevos perfiles. Hasta ahora, normalmente, se ha ido incorporando gente a diseñar y ofrecer oferta cultural, pero necesitamos gente experta en planificación, en coordinación administrativa, capaces de asesorar a los ayuntamientos cuando lleguen a las cartas de servicio, por ejemplo; y la ley prevé la creación de nuevos perfiles como se han hecho en otros servicios públicos", comunica Tony R. Murphy. Al respecto, la Ley contempla la creación de cuerpos y escalas que correspondan a estas funciones requeridas en el plazo de cinco años, y alienta a que las demás administraciones promuevan este tipo de puestos; mientras que los planes de formación se activarán dentro de un año.

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Soporte financiero: Recursos económicos

El artículo 23 de la Ley determina que "los recursos presupuestarios destinados a las actividades y servicios culturales (...) no serán inferiores al 2% del presupuesto general de la Comunidad Autónoma de Canarias". En paralelo, se establece que se incrementará esta cifra paulatinamente hasta el año 2030 en aras de cumplir la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. "Los estudios de la mayoría de los organismos internacionales, tanto Unión Europea, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y UNESCO, dicen que cuando en una región europea el presupuesto de cultura es inferior al 2% no se consigue impacto cultural, social -mejora del bienestar- y económico -contribución al cambio de modelo productivo-. Es más, la recomendación está entre el 2 y el 5%", afirma el gestor cultural. Por tanto,

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Soporte inteligencia: Servicio de Investigación y Análisis

El Servicio, adscrito al Instituto Canario de Desarrollo Cultural, proveerá de conocimiento para el análisis del panorama cultural canario. "A partir de la información producida, puesta a disposición del Sistema Público y de todos los agentes culturales, se aumentará la eficacia y la racionalidad en la toma de decisiones. En vez de intuición y la percepción; tendremos datos, frente a las fake news, la emocionalidad o la ocurrencia esta de 'tengo un amigo', habrá análisis para que la toma de decisiones sean mejores. Cuanto más recursos intelectuales, más capacidad de hacer seguimiento a las políticas culturales públicas", incide. Estructura que persigue dotar de prestigio y mayor nivel de instrumentalización, control y fiscalización al Sistema Público de Cultura.

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