El abandono de la ley de bibliotecas provoca problemas de personal

El abandono de la ley canaria de bibliotecas, aprobada por unanimidad en 2019, está ocasionando importantes problemas de recursos humanos en estos centros del Archipiélago, tanto en los de carácter municipal, como insular y los regionales. A pesar de su aprobación y de que comenzó a desarrollarse en la pasada legislatura, la norma no ha avanzado en los últimos años, lo que está provocando problemas de cierres y de falta de recursos y acciones en todo tipo de espacios. Entre los más destacados está el de la Biblioteca Pública del Estado de Santa Cruz de Tenerife, donde las familias se manifiestan desde 2024 reclamando un mejor servicio.

La presidenta de la Asociación de Bibliotecarios y Documentalistas de Canarias, Ángeles Domínguez, insiste en la necesidad de «apostar por el sistema bibliotecario de Canarias» y recuerda que es necesaria la voluntad política para que se expanda la idea de que «las bibliotecas son realmente necesarias» y, hoy en día, «son servicios básicos esenciales». Para la reactivación de esta ley, la asociación reclama, en primer lugar, que se convoque el Consejo de Asesor de Bibliotecas de Canarias, el estamento más alto del sistema bibliotecario que debe reunirse dos veces al año pero que no lo ha hecho aún en la presente legislatura, que ya ha rebasado su ecuador. Además, es acuciante la necesidad de renovar el Mapa de Bibliotecas de Canarias, que lleva 18 meses de retraso.

Espacios como servicio público

Tanto los bibliotecarios como las familias usuarias reconocen que «lo que se invierte en las bibliotecas repercute en la ciudadanía» y por eso consideran estos espacios como un servicio público esencial. Como no podía ser de otro modo, la propia Asociación de Bibliotecarios y Documentalistas de Canarias participó en la confección de aquella ley, que resultó ser «excelente» sobre el papel, pero que no se ha desarrollado como debiera. Precisamente, Ángeles Domínguez celebra aquella norma, que pretendía garantizar el mejor sistema bibliotecario posible. «El principal problema es que no se está cumpliendo aquello que se aprobó», añade la bibliotecaria, quien recuerda que, en el papel, esta ley es una de las más avanzadas del Estado puesto que cuenta con la obligatoriedad, por ejemplo, de que cada municipio tenga al menos una biblioteca pública –sin importar la población mínima de que disponga–, la dotación presupuestaria para su aplicación y la exigencia de estar dotadas con personal cualificado. El incumplimiento de la norma provoca que, en la actualidad, no todos los municipios dispongan de bibliotecas municipales, alerta Domínguez.

No obstante, recuerda que durante la anterior legislatura se avanzó la mayor parte del trabajo y lo necesario ahora es dotarla de recursos económicos para garantizar su implantación. Así, se elaboró el Mapa de Bibliotecas de Canarias, aunque lamentablemente ha quedado desfasado y se desplegó, aunque de manera superficial, el Plan de Lectura de Canarias 2023-2030 aunque sin involucrar, lamentablemente, a todos los agentes que debían colaborar en él, como los centros escolares, los ayuntamientos y los cabildos.

Lo primordial, expresa Domínguez, es «colocar a la lectura en el centro de todo» ya que, añade, los cimientos y los recursos para poner en marcha esta ley existen. «Si hay dinero para poner en marcha otras iniciativas, también debe haberlo para esto», resume la presidenta de la asociación, quien sentencia que «lo que no hay es voluntad política».

Canarias contava en 2024 - últimos datos publicados- con 136 bibliotecas públicas

La paralización de esa ley está teniendo consecuencias en el día a día de las bibliotecas. Es el caso de la Biblioteca Pública del Estado de Santa Cruz de Tenerife, por ejemplo, donde las familias usuarias se manifiestan desde octubre del año 2024 por la falta de personal, de actividades y de hasta un ascensor en condiciones. Gisela Burunat es una de las personas usuarias que reclama estas mejoras desde el comienzo de las reivindicaciones y explica que los problemas también están relacionados con los horarios de apertura de la biblioteca infantil y juvenil y por las trabas para garantizar la accesibilidad al edificio. «Aunque con el paso del tiempo se han ido solventando algunas cosas, aún quedan muchas otras por mejorar, así que nos seguiremos manifestando», anuncia.

Se demuestra, así, expresa Domínguez, que «la ciudadanía tiene la necesidad de disponer de estos espacios». «Se trata de un servicio esencial básico gracias al cual se eliminan las desigualdades porque el acceso a la información, a la cultura y a la tecnología convierten estos lugares en centros comunitarios, en palacios del pueblo, que las llamo yo», reflexiona.

Más allá de la situación que vive actualmente esta biblioteca, la presidenta de la Asociación de Bibliotecarios habla también de las grandes desigualdades que existen entre los municipios canarios, dependiendo de su tamaño, lo que en ocasiones obliga a cerrar locales. «Cuando un ayuntamiento es muy pequeño para contar con los recursos suficientes, ahí deben estar los cabildos y el Gobierno de Canarias para apoyarlos, pero no lo están haciendo», alerta Domínguez, quien recuerda que la Red de Bibliotecas Públicas de Canarias (BICA) alcanza todo el Archipiélago por lo que debería existir un apoyo real entre centros.

Entre los problemas que más se repiten se encuentra la falta de personal, así como la contratación de personal sobrecualificado para los puestos que ocupan. «A través del Mapa de Bibliotecas que se hizo en su momento hemos podido comprobar que el mayor problema que experimentan actualmente está relacionado con los recursos humanos», concluye la presidenta de la asociación, quien no obstante puntualiza que también existen deficiencias en las infraestructuras y de falta de servicios y actividades.

Suscríbete para seguir leyendo