Marquesa

Al inicio de la Guerra Civil el legítimo gobierno de la República organizó un servicio de salvaguarda y protección de los tesoros artísticos del país. Se rescataron las obras de arte y objetos valiosos de los escasos asaltos a conventos e iglesias perpetrados por gentes sin control y se incautaron, mediante levantamiento de acta debidamente cumplimentada, cuadros, muebles y demás objetos en manos de la Iglesia y de particulares con el objetivo que los bárbaros bombardeos que la aviación italiana y alemana al servicio de Franco cometía contra Madrid y otras ciudades. En la operación de salvamento se incluyó museos públicos como el del Prado y palacetes privados como el de Liria, perteneciente a los Alba. De este último cuenta Gregorio Morán en El cura y los mandarines, que el duque del momento, el que fue embajador fascista en Londres, al término de la guerra pidió ser indemnizado por el supuesto «saqueo perpetrado por las hordas rojas» en su palacio madrileño. Se le indemnizó debidamente y cuando le fueron devueltos objetos, cuadros y otros enseres, hallados en los depósitos que a tal efecto había constituido el gobierno republicano, ni se le reclamó la indemnización ni la devolvió por iniciativa propia.

A la vista de la información facilitada y contrastada por Riaño esta anécdota puede ser cierta. Riaño demuestra como al fin de la guerra el estado fascista se encontró con decenas de miles de objetos de arte que se expusieron en batiburrillo y sin catalogación alguna en diversos museos y espacios oficiales para que sus dueños los reclamaran. El Prado, el Museo de Arte Moderno y otros se ven atestados de miles de obras que esperan que sus dueños se presenten. Comienza ahí una operación de expolio con varios ladrones. El primero es la iglesia católica que reclama obras de las que muchas no puede justificar su posesión antes de la guerra. Los funcionarios del recién montado Servicio Defensa del Patrimonio Artístico Nacional (SDPAN) entregan, sin consultar las minuciosas actas republicanas, las obras reclamadas, es la Iglesia, la que ha bendecido la barbarie franquista como cruzada, una de las partes vencedora.

Otro de los ladrones es el propio estado franquista, organismos como Paradores Nacionales y museos como el mismo Prado se adjudican obras sobre las que no tienen ningún título de propiedad. Hoy en día hay familiares reclamando las propiedades expoliadas y sólo alguna ha conseguido la reparación debida. A requerimientos de Peio Riaño, el organismo de Paradores Nacionales se ha escudado en respuestas burocráticas para escapar del problema: «estamos inventariando» es una de las excusas más usadas por la administración democrática para huir de las consecuencias del expolio cometido por la dictadura. Los Franco también participan activamente en el saqueo. Al Palacio del Pardo y al Pazo de Meirás irán muchas obras de arte y antigüedades. De algunas se puede seguir el rastro, pero de otras muchas no. Riaño escribe: La república evitó la destrucción del tesoro artístico español, que el franquismo se apropió.

A lo largo de tres años, la supuesta aristócrata María Teresa Álvarez Herreros de Tejada saquea los depósitos para el lucro de anticuarios

Varias de las obras no proceden de la acción protectora del gobierno republicano. Riaño constata el saqueo a que es sometida la familia de Mariana Carderera y su esposo, José Sicardo, coronel leal a la legitimidad republicana. Cuando la familia logra escapar hacía el exilio los agentes franquistas irrumpen en su domicilio y echan mano de cuadros de Goya, Tiépolo, Van Dick, Greco… fruto de la bonanza económica que tuvo el padre de Mariana, arquitecto de fama en la capital que invirtió mucho del dinero ganado en estas obras de arte. Todo es engullido por el aparato represor y cae en manos de organismo oficial e iglesia y, en las de los pícaros que rondan en torno a los depósitos y actúan como intermediadores de algunos afamados anticuarios madrileños. Estos colocan obras en las familias pudientes del régimen, a módico precio, sin aclarar ni documentar la procedencia de lo vendido.

Los pícaros se aprovechan de la situación. Reclaman objetos a troche y moche y poco importa a los funcionarios encargados del control que no coincidan ni fechas, ni descripción ni ubicación de lo reclamado, con lo atestiguado en la documentación rellenada por los servidores de la República en su momento. Se da por bueno lo que dice el supuesto reclamante. Unas veces por complicidad del funcionario con el ladrón y otras por el respeto que inspiran títulos y cargos. Es el caso de María Teresa Álvarez Herreros de Tejada, autoproclamada marquesa de Arnuossa, que exhibe una tarjeta de visita con ese sólo título y ante la que se inclinan, serviles, los encargados de los diversos depósitos. Durante tres años la supuesta marquesa saquea esos depósitos, más de cuatro mil objetos pasaran por su intermediación a manos de anticuarios de fuste. Todo acaba cuando es detenida, juzgada y condenada a dos años de cárcel. Pero de reclamo del destino de lo robado o de los dineros conseguidos con su venta fraudulenta no hay nada.

Un caso similar es el de la viuda Ángela Ferreras, anticuaria que se presentaba así reclamando las debidas atenciones por la muerte de su marido a manos de las hordas rojas. Así, con la complicidad de varios funcionarios logra apropiarse de miles de objetos. Sólo en un día y en una sola operación en su comercio de la calle Echegaray, 25, intervienen ciento cuarenta y un objetos. A veces los particulares tienen suerte y recuperan mucho de lo extraviado. Es el caso del coleccionista Lázaro Galdiano que recibe casi trescientos bienes, listados en un archivo de veintitrés páginas. Pero muchas familias seguirán pleiteando hasta la actualidad por recuperar lo que era su patrimonio. Pero entre todos estos ladrones destaca la figura de Luis Ortiz Muñoz, jerarca del régimen, flamante director del Instituto Ramiro de Maeztu, que es como pasa a llamarse la Institución Libre de Enseñanza. Ortiz es el autor del panfleto Glorias Imperiales. El gran Imperio de la Hispanidad que le vale no solo el nombramiento de director del Ramiro de Maeztu sino la cátedra de Latín, la subsecretaria de Educación Popular y la Dirección General de Enseñanza Media. Los cargos políticos los ejercerá a la vez que la dirección vitalicia del nuevo instituto.

Ortiz Muñoz saquea con el beneplácito del ministro del ramo y demás autoridades los distintos depósitos del Servicio de Defensa del Patrimonio Nacional para vestir las estancias de su instituto con telas adecuadas a los nuevos tiempos, su residencia particular, las oficinas ministeriales que ocupa, las de amigos y camaradas. Sólo para el Ramiro de Maeztu acapara doscientos cuarenta objetos, según la documentación que estudia Riaño, muchos de ellos son de factura demasiado delicada para una residencia estudiantil. Para saber más de los expolios de este señor, cuya mano llegó hasta Sevilla, deben leer este libro de Peio H. Riaño. Interesante y escrito con eficacia, es parte de la recuperación de la memoria democrática de este país. Por la historia que cuenta y como lo cuenta merece ser leído.

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