El digital Iusport, de cuya dirección usted forma parte, asegura que la nueva Ley del Deporte español comete el gran error de tumbar por influencias externas, que tienen nombre y apellido, «todo un sistema que ha funcionado razonablemente bien desde 1990», y que el nuevo texto está lejos de ser coherente con la ideología progresista del actual Gobierno.
En Iusport colaboramos multitud de juristas y cada uno es dueño de sus palabras, pero coincido en que se comete un grave error demoliendo nuestro actual sistema de justicia deportiva, rápida y gratuita, que, efectivamente, ha funcionado bien durante los últimos cuarenta años. Es mejorable, como todo, pero lo que hay que hacer es reforzarlo para que mejore, no eliminarlo.
Las críticas abundan con las modificaciones que introduce la Ley respecto a las competiciones oficiales y la justicia deportiva, derivando a los deportistas a la justicia ordinaria y en detrimento del TAD.
Las comparto. El sistema actual permite recurrir las sanciones impuestas por las federaciones ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), un órgano independiente, especializado, rápido y gratuito. El proyecto de ley elimina esta competencia del tribunal y los federados tendrían que recurrir en la justicia ordinaria, en una jurisdicción lenta, no especializada en deporte y donde tendrían que incurrir en gastos de asistencia de abogado y procurador; o ante un tribunal arbitral, también costoso.
¿Cree que el texto devuelve al deporte español a la situación anterior de «no derecho» de la época preconstitucional, como sostienen igualmente sobresalientes profesores?
La eliminación del TAD en la disciplina deportiva supondrá que en muchas ocasiones los federados no recurrirán las sanciones, porque la jurisdicción ordinaria es lenta y costosa, así que, teniendo en cuenta la rapidez de la competición deportiva, ¿para qué gastarse el dinero, si para cuando llegue la solución será demasiado tarde? La alternativa, el tribunal arbitral, solo estará al alcance de quienes tengan recursos. Así que muchas decisiones federativas se convertirán en definitivas.
Entre las novedades más significativas se cita que deja de ser obligatorio que las entidades sean Sociedad Anónima Deportiva (SAD) y libera del aval del 15% del presupuesto a los clubes que no lo sean, como son los casos del Real Madrid, FC Barcelona, Athletic Club de Bilbao y CA Osasuna.
En realidad esa modificación ya se introdujo, vía presupuestos generales del Estado, lo que no parece lo más adecuado.
El ministro Miquel Iceta ha justificado estos cambios aduciendo que «la actividad deportiva se vertebra a través de clubes y federaciones que son entidades privadas y han de ser ellos los que decidan de qué mejor manera garantizan sus intereses».
La obligación de convertirse en Sociedad Anónima Deportiva llegó para garantizar la solvencia de las entidades deportivas profesionales, pero esto se garantiza ya mediante el control económico que realizan las respectivas ligas profesionales.
La propuesta legislativa enfatiza su apoyo a la inclusión de los deportistas trans, un planteamiento, sin embargo, del que parece distanciarse o desentenderse el Comité Olímpico Internacional sugiriendo sólo evitar una «desventaja desproporcionada» que excluya a alguien por su identidad de género.
Hay que decir que el proyecto de ley no introduce nada nuevo respecto de los derechos de las personas trans ni tampoco LGTBI. Incluye referencias a que tienen derecho a la práctica deportiva sin discriminación, cosa que ya estaba garantizada por la Constitución y la Ley Antiviolencia de 2007. En cualquier caso, la inclusión no debe entenderse como el «poder competir en la categoría de nuestra preferencia» cuando esta se refiere al sexo, como no ocurre en el resto de categorías de edad o peso. Esto es una cuestión que, como ha dicho el Comité Olímpico Internacional, deben regular las propias federaciones deportivas.
Llama la atención que no se limiten los mandatos en las federaciones, tras algunos escándalos con dirigentes perpetuados en sus cargos durante decenas de años.
La limitación de mandatos es una medida que ya ha estado implantada en España (entre 1984 y 1996) y que estuvo en versiones anteriores del anteproyecto, pero finalmente fue retirada. Es positiva para la renovación de las cúpulas federativas, garantizar la transparencia en la gestión y evitar la consolidación de redes clientelares. No tiene por qué ser una limitación de dos mandatos, como se proponía, pero en algún punto se debería poner un límite.
¿Lo mejor de esta apuesta gubernamental?
El texto tiene cosas positivas, como lo son las medidas en materia de igualdad y transparencia. No obstante, hay que decir que son cuestiones menores sobre las que una nueva ley del Deporte no debería pivotar.
¿Confía en que el Congreso de los Diputados, donde usted interviene este lunes como ponente, enmiende los contenidos más cuestionados hoy de la nueva Ley para el futuro del Deporte en España?
Así lo espero. Un sector con una relevancia social y económica tan importante como lo es el deporte merece una ley a la altura, en la que no debería destruirse lo que ya funciona.
