El grupo de gobierno del Cabildo pidió ayer a los dirigentes de la Unión Deportiva Las Palmas que sean "prudentes" a la hora de anunciar nuevas inversiones en el Estadio de Gran Canaria, pues independientemente de que exista la voluntad política de ayudar al equipo amarillo también hay que tener en cuenta la realidad económica y los impedimentos legales para realizar una permuta de los terrenos de Siete Palmas y Barranco Seco.

En respuesta a la pretensión de la UD de suprimir la pista de atletismo para aumentar el aforo hasta los 40.000 espectadores, el consejero de Deportes del Cabildo, Óscar Hernández, dijo ayer que "es legítimo" que el presidente del club, Miguel Ángel Ramírez, aspire al máximo de instalaciones y recursos económicos para el equipo, pero "otra cosa distinta es que de forma imprudente se anuncie públicamente este tipo de cuestiones y encima coincidiendo con un proceso electoral".

"Hay multitud de inconvenientes que habrá que solventar antes de anunciar cualquier tipo de medida", señaló Hernández, quien consideró que con el anuncio de un pacto político para remodelar el estadio "se juega con los sentimientos de los aficionados, alentando una ilusión que es posible que no se pueda cumplir".

"Por eso -añadió el consejero de Deportes- pido prudencia, pues independientemente de que Ramírez se haya reunido con los líderes de las organizaciones políticas, una cosa es la voluntad y otra la realidad, y en este caso la realidad económica y administrativa debe llevar como mínimo a la prudencia".

Respecto a una permuta con Barranco Seco, explicó que el suelo de Siete Palmas es fruto de compensación pública para uso deportivo que no puede pasar a un tercer dominio porque los titulares anteriores exigirían la devolución de la propiedad. Por su parte, el presidente del Cabildo, José Miguel Pérez, dijo que nadie del PSOE se ha reunido de forma oficial con Ramírez.