El expresidente y accionista de la Unión Deportiva Las Palmas Manuel García Navarro solicitó ayer en el Juzgado de lo Mercantil número uno la imposición de medidas cautelares que impidan a la directiva que preside Miguel Ángel Ramírez realizar cualquier movimiento sobre el patrimonio accionarial del club. Esta vista, el último capitulo en el desencuentro entre Miguel Ángel Ramírez y Manuel García Navarro, forma parte del procedimiento de demanda que el expresidente amarillo mantiene sobre el valor del capital social de la entidad deportiva.

El que fuera máximo responsable de la UD y nombrado recientemente persona non grata, defiende, en uno de los cuatro litigios en curso, que el capital social de la entidad posee un valor superior al que dictamina la actual cúpula directiva. Mientras la gerencia vigente cifra este capital en 1.769.000 euros, García Navarro se remite a una cantidad de 3.512.000 euros como el verdadero. Además solicita la anulación de la junta correspondiente a junio de 2005 para retrotraer el proceso al año 2000 cuando, siendo García Navarro presidente, el capital social de la Unión Deportiva Las Palmas pasó de 10 millones de euros a los 3.512.000 que reclama según la explicación del propio expresidente amarillo.

Mientras desde las oficinas de Pío XII se apunta a una maniobra por el control accionarial de la entidad, los servicios jurídicos de la misma estiman que el planteamiento al que se refiere García Navarro nunca quedó inscrito. Estos afirman que el valor patrimonial del club, una vez celebrada la junta de mayo de 2006, quedó en 1. 769.000 euros, "que fue lo que invirtieron los accionistas y lo que se compensó con los créditos que tenían estos en el proceso concursal", señaló uno de los responsables jurídicos de la Unión Deportiva Las Palmas.

Pero, según la versión de García Navarro, la defensa de la entidad se contradice. "El abogado se dirigió en noviembre del año 2010 al registro mercantil para pedir la inscripción de este capital, el de 3.512.000 euros", declaró ayer, antes de continuar en su exposición al señalar: "Posiblemente tiene esta visión una interpretación muy particular en función de los intereses que en estos momentos afectan a los jerarcas de la Unión Deportiva Las Palmas. Por este motivo se debe comunicar al registro mercantil que hay un litigio en curso para proteger cualquier acción o decisión que pueda afectar a las acciones o al patrimonio del club, como puede ser, incluso, la venta a un tercero", señaló el demandante. Estas medidas provisionales quedan ahora pendientes del auto del juez, del que dependerá si esta demanda es admitida y se incluye en el registro mercantil. El litigio aún no conoce fecha para la celebración del correspondiente juicio.