La Unión Deportiva espera que la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias haga efectivo antes de final de año el abono de 576.000 euros en concepto de patrocinio que pertenece al ejercicio 2012, después de que el Ejecutivo regional haya aplazado en dos ocasiones (marzo y junio) el pago de lo acordado.

El contrato suscrito entre las partes fue revisado a la baja en febrero pasado de motu proprio por la Administración regional dada la situación económica general, lo que rebajó la esponsorización de 1,2 millones de euros anuales a los 576.000 euros actuales.

"Ricardo Fernández de la Puente, el viceconsejero de Turismo, nos precisa que han hecho su trabajo, lo que ocurre es que la Hacienda Canaria no libra pagos por el momento", explica Patricio Viñayo, director general de Gestión de la Unión Deportiva.

"Nos han dicho que nos pagarán antes de final de este año", enfatiza el ejecutivo de un club que se encuentra al día con la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), después de haber liquidado uno de los dos créditos que mantenía con la entidad financiera, uno de algo más de tres millones de euros, ya saldado, y otro de 21 millones que perdurará hasta el año 2027, que se enjuga con el patrocinio del Cabildo Insular.

Con la Hacienda estatal, la Seguridad Social y la Agencia Tributaria Canaria también está todo encauzado y los pagos se hacen en orden a un calendario pactado. "No podemos hacer milagros con lo que nos deben, estamos aplazando algunas deudas pero cumplimos estrictamente los plazos de los pagos para que no hayan embargos ni recargas", subraya Patricio Viñayo, quien transita de reunión en reunión para afinar las cuentas del club.

El último acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Canarias y la Unión Deportiva ha sido el reconocimiento de la Comunidad Autónoma de la deuda de 1,8 millones de euros correspondiente a los patrocinios atrasados. A esa cantidad hay que detraer lo que se espera cobrar antes de final de año, 576.000 euros. En los dos próximos ejercicios, 2013 y 2014, el club recibirá 1,2 millones restantes, bajo la condición de que la Administración regional tenga disponibilidad presupuestaria.