El 11 de enero de 2006, 14 meses después del inicio del proceso concursal, la Unión Deportiva Las Palmas y sus acreedores alcanzaron un acuerdo (con el 66,74% de los votos a favor) para aprobar un convenio que fijaba la deuda final del club en 20.805.300 euros. Ese trato permitió al juez Cobo Plana declarar, poco después, fortuito el concurso y despejó el camino para la supervivencia del club.

García Navarro -a título particular- y varias de sus empresas participaron en la aprobación de aquel convenio de acreedores que, casi siete meses después, la UD Las Palmas pudo afrontar con éxito al obtener un crédito por valor de 21 millones de euros de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).

Para recibir aquella póliza, la entidad contó como avales con un acuerdo de patrocinio con el Cabildo de Gran Canaria hasta 2027 y con el patrimonio de buena parte de los consejeros que pasaron por su directiva entre 1996 y 2004.

Liquidado el convenio de acreedores por el pago de la deuda y dirigido el club por un consejo de administración en lugar de por administradores concursales, el proceso judicial de la UD Las Palmas abierto en noviembre de 2004 debería estar ya cerrado. "Técnicamente está muerto, porque el débito está cubierto y la sociedad cuenta con su propio consejo de administración, pero el incidente con García Navarro es lo único que impide que todo esté resuelto", apuntan expertos en materia mercantil.

La UD Las Palmas, a diferencia de buena parte de los equipos que han entrado en concurso, optó por hacer frente a la deuda de golpe y descartó establecer un calendario de pagos multianual para cumplir con el convenio de acreedores. Esa fue la alternativa escogida, por ejemplo, por el Sporting de Gijón, el segundo club de España que entró en concurso -tras la entidad grancanaria- y último rival del equipo amarillo en un campo de fútbol.

Durante los últimos siete años, con Miguel Ángel Ramírez como presidente, la UD Las Palmas ha descrito una trayectoria modélica para corregir la quiebra técnica que alcanzó en otoño de 2004. Primero redujo su deuda desde los 72 millones de euros -cuando García Navarro entregó la entidad en el Juzgado Mercantil Número Uno de Las Palmas- hasta los 21 millones. Poco después, liquidó el déficit con los acreedores y estableció una póliza de crédito con la CAM que expira en 2027 y en la que aún debe abonar 16 millones.

Además, alcanzó un acuerdo con Vicente Boluda y Manuel Freire para hacer frente, en un periodo de 20 años, a los casi tres millones de euros que debe pagar a los dos empresarios tras ser condenado por la Audiencia Provincial de Las Palmas en un pleito judicial que tiene su origen en la concesión de un crédito a la UD Las Palmas en 2002, cuando García Navarro era el máximo accionista de la entidad.

En la UD Las Palmas, tras la demanda de García Navarro y después de ocho años de proceso judicial, se confía en que el concurso se cierre en los próximos meses.