"Nunca le he condonado nada a la Unión Deportiva Las Palmas". Manuel García Navarro, empresario y expresidente de la UD, negó ayer ante el juez que haya perdonado al equipo amarillo una deuda de un millón de euros y le reclamó ese dinero al actual responsable de la entidad, Miguel Ángel Ramírez. Ambos se vieron las caras en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, cuyo juicio ha quedado visto para sentencia en un nuevo capítulo del enfrentamiento que tienen abierto por la gestión del club, actualmente en el tramo final de un concurso de acreedores.

La cantidad exigida procede de un crédito firmado por ocho empresarios para evitar la desaparición de la UD durante la etapa de Navarro como presidente. La cantidad inicial era de 1.200.000 euros, pero su abogado, Juan José Ríos, sólo ha reclamado un millón al considerar que el resto fue "compensado" con la entrega de localidades y palcos para asistir a los partidos de la UD.

El letrado rechazó que las facturas emitidas por esos conceptos fueran fruto de un acuerdo para perdonar la deuda y subrayó que tampoco existían manifestaciones públicas de su cliente en ese sentido. El propio Navarro negó tal acuerdo con Ramírez para "condonar la deuda por las localidades".

La réplica

No lo vio así Ramírez y el abogado de la UD, Mario Ghosn, que interesó la desestimación de la demanda al entender que sí existía ese pacto. "Los palcos y los asientos vip se entregaban en aras de cumplir un convenio para pagar la deuda y por eso se estableció una prenda como señal de garantía", replicó Ghosn en su informe final.

El letrado sostuvo que el rendimiento de las localidades es la única vía para exigir el pago de la deuda, precisamente por la garantía pignoraticia constituida. También acusó a García Navarro de usar 420.000 euros del crédito concedido para "asuntos propios", por lo que cifró en 780.000 euros la cantidad efectiva que el expresidente ingresó en las arcas del club. El abogado añadió que esa operación supuso un "fraude" para el resto de empresarios, razón por la que Freiremar y el Grupo Boluda le denunciaron. Ambas compañías ganaron el pleito, mientras que el resto de empresarios renunció a reclamar ese 1,2 millón de euros prestado por el banco a la entidad.

Navarro admitió que destinó parte del crédito a pagar deudas con La Caja, entre ellas una opción de compra por unos terrenos en Barranco Seco, pero matizó que se trataba de una exigencia de la entidad financiera para saldar deudas anteriores y conceder el dinero a la UD. Esas exigencias también se extendieron a otros consejeros que participaron en la operación, según su letrado.

Por contra, Ramírez insistió en que su antecesor se comprometió a condonar la deuda y "auspició" dicha operación, incluso no desperdició la ocasión para recordar el estado en el que estaba el equipo cuando tomó sus riendas. "Entregó un club en Segunda B con 82 millones de pérdidas. No hemos guardado pruebas de su compromiso porque pensábamos que actuaba de buena fe. No sabíamos que iba a pasar de deudor a acreedor", subrayó el presidente.

En el juicio de ayer declararon como testigos el vicepresidente del club, Nicolás Ortega, así como Inmaculada Íñigo, que es empleada de la UD y auxiliar en el concurso de acreedores, un proceso que estará parado hasta que los tribunales decidan sobre las reclamaciones de García Navarro.