La Fiscalía se ha opuesto a imputar por el momento un delito fiscal o de apropiación indebida al presidente del Barcelona Josep Maria Bartomeu y al vicepresidente económico Javier Faus en el caso que investiga el juez Pablo Ruz sobre el fichaje de Neymar da Silva.

El fiscal de la Audiencia Nacional José Perals ha presentado al juez Ruz un informe, al que ha tenido acceso Efe, en el que considera que "por el momento no es procedente acordar la declaración en calidad de imputados" de Bartomeu y Faus porque "no se han concretado los hechos incriminatorios respecto a los mismos".

Este informe responde a la ampliación de la querella contra estas dos personas que presentó el socio barcelonista Jordi Cases, quien en un principio se querelló contra el expresidente del Barcelona Sandro Rosell, imputado en la investigación de supuestas irregularidades en el contrato de Neymar junto al club, este último en calidad de persona jurídica.

En el caso del delito de apropiación indebida en su modalidad de administración desleal, el fiscal recuerda que se sustenta en que el coste real del fichaje "excedió en mucho" de los 57,1 millones que declaró Rosell, un hecho que supuestamente se ocultó a los socios del club.

Sin embargo, Perals explica que aún hay pendientes tres diligencias solicitadas por el fiscal para constatar que este delito se cometió: la declaración como testigo del director financiero del club, Nestor Lamela; que el Barcelona aporte las actas de la junta directiva del año 2013, y que un perito analice las cuentas de la entidad, un informe financiero hecho por Deloitte y los pagos derivados del fichaje.

El fiscal concluye que debe esperarse a tener nuevas pruebas y a constatar el perjuicio económico que se causó al Barcelona antes de imputar este delito a otras personas que, como Bartomeu y Faus, participaron en el proceso de fichaje como miembros de la junta directiva del club y con capacidad decisoria sobre la contratación.

Respecto al delito fiscal, Perals asegura que su comisión "no deriva de la firma de los contratos", sino de que el Barcelona no abonó a Hacienda las cantidades que debía haber pagado por el fichaje.

Esta obligación es exigible, dice el fiscal, al Barcelona como persona jurídica (el club ya está imputado por este delito), así como al entonces presidente Sandro Rosell porque éste ostentaba la representación de la entidad ante terceros.

Perals explica que la Fiscalía también ha encargado una serie de diligencias para averiguar quién tenía la obligación de abonar el dinero a Hacienda, concretamente que el Barcelona indique al juez quiénes eran los administradores de 2011 a 2013, y que aporte los estatutos y el acta de la asamblea general del club celebrada el 5 de octubre de 2013.

También están pendientes diligencias sobre los "emolumentos variables" que ha recibido Neymar y las retenciones fiscales que se hayan practicado, razones por las que, al igual que en el caso de la apropiación indebida, el fiscal cree que "de momento no existe una base concreta" para imputar este delito a Bartomeu y Faus.

El querellante pretendía en la ampliación que Bartomeu y Faus, además de Rosell, asuman con su patrimonio las acciones derivadas: multas y sanciones.

La Agencia Tributaria confirmó en un informe que el Barcelona cometió un delito fiscal al defraudar a Hacienda al menos 9,1 millones en el fichaje, cantidad podría aumentar a 11,7 millones si se confirma la posible defraudación de otros 2,6 millones para el ejercicio de 2014. Tras su imputación, el club pagó a Hacienda 13,5 millones para regularizar su situación.