Ya pasó hace cuatro años, en 2011, cuando el Partido Popular ganó las elecciones para presidir el Cabildo. Tras el triunfo de la plancha liderada por José Miguel Bravo de Laguna, se barruntaban cambios inmediatos en el Club Baloncesto Gran Canaria. Y así fue. La salida de Agustín Medina, que presidía la entidad desde 2010, llegó por la vía de urgencia. Ni él ni nadie de su consejo de administración mezcló bien con Lucas Bravo de Laguna, hijo del nuevo presidente de la corporación insular y elección de su padre para ocupar el cargo de consejero de Deportes de la administración pública. Aquella relación, durante semanas, transcurrió como revolver agua con aceite y acabó con una dimisión en bloque de todos los directivos. Entonces, con el proyecto deportivo en marcha -aquel curso, con Pedro Martínez en el banquillo, casi acaba con descenso a la LEB-, alrededor del Granca surgieron diferentes intereses con la intención de aprovechar un momento que siempre se repite: cada cuatro años, tras cada cambio político en el Cabildo, el grupo de gobierno que entra a presidir se plantea la posibilidad de desprenderse de la gestión del Granca y liberar de una carga económica a la institución.
Alrededor del club, en aquel momento, aparecieron voluntades que tantearon el instante. Más con intenciones que con realidades. Todos, con un mismo objetivo: dirigir la entidad claretiana. Todos, con un plan: gestionar la institución. Y todos, con el mismo problema: falta de liquidez para comprar una Sociedad Anónima Deportiva que, desde 1992, es propiedad del Cabildo. Aquel proceso acabó con más intervención directa por parte del nuevo grupo de gobierno del Cabildo sobre la dirección del CB Gran Canaria. O, lo que es lo mismo, como un día lo definió un ejecutivo de la Unión Deportiva Las Palmas, más "presupuesto político" en busca de réditos populares-.
Lucas Bravo de Laguna, tras varios intentos fallidos -sondeó a Juan Carlos Cabrera, vicepresidente en el mandato de Lisandro Hernández, y exploró la posibilidad de situar al frente a Miguel Ángel Ramírez-, eligió a Joaquín Costa para darle una presidencia de perfil bajo, con más de títere que de mandatario: con el propio Bravo de Laguna como vicepresidente y con la gestión económica de la SAD bajo control de un hombre de confianza del político -Alberto Miranda, director gerente-.
Ahora, con la salida de Lucas Bravo de Laguna, el escenario se vuelve a agitar. Antonio Morales, tras las últimas elecciones insulares, se perfila como nuevo presidente del Cabildo y anuncia cambios en la gestión del club. Y, a partir de esa declaración, alrededor del Granca, brotan de nuevo multitud de intereses que dejan a la entidad claretiana ante un dilema.
Cinco millones de euros
Antonio Morales, en todas sus declaraciones referentes al Granca, ha deslizado que la gestión del club debe transformarse con un único objetivo: reducir la aportación pública, en el apartado de ingresos, del presupuesto de la entidad claretiana. En ese sentido, el contexto ideal es vender el club. Pero, llegados a ese punto, ¿cuánto cuesta el Granca? El valor del capital social, después de cerrar unos cuantos cursos con déficit, es cero, según apuntan diferentes exconsejeros que han pasado por la institución de la Vega de San José, aunque todos recuerdan el dinero depositado en la ACB -correspondiente al canon y al aval exigido por la Liga para poder competir en la élite- y que ronda los cinco millones de euros.
De ese dinero, el canon corrió a cuenta del Cabildo y el aval se ingresó, en 1995 y después del último ascenso a la Liga Endesa, tras solicitar un crédito que el Granca liquidó años después. Para muchos, esos cinco millones es el valor real del club en el mercado.
Alternativas
Con el cambio de ciclo político, algunos empresarios han sido tanteados para afrontar un posible desembarco en la gestión del CB Gran Canaria. Para liderar ese proyecto se ha ofrecido Joaquín Costa, que busca apoyos entre expresidentes y diferentes sectores de la patronal de la Isla. Esa opción, como todas las anteriores que han afrontado esa posibilidad, choca ante el mismo muro: la falta de liquidez para poder comprar la SAD al Cabildo.
Esa, con Costa como cabeza visible, no es la única alternativa que aparece en el horizonte del Granca. Los movimientos, en todas las planchas, de momento son simples exploraciones. Y van en muchas direcciones. Sobre la mesa, además de dirigir la entidad deportiva, aparecen otros asuntos jugosos como la posibilidad de gestionar el Gran Canaria Arena, una instalación que, además de competiciones deportivas, también puede acoger espectáculos culturales. Por ahí, por las vías de negocio más allá del baloncesto, van algunos de los tiros que rodean el futuro del Herbalife Gran Canaria.
Auditorías y maquillaje
Durante los últimos tres años, la gestión interna del CB Gran Canaria ha estado sacudida por una aguda división interna, un panorama que no era nuevo dentro de la entidad -ya se vivió cuando Rosa Rodríguez creó una plaza, de funcionario público, para controlar el gasto en tiempos de Lisandro Hernández y que acabó como el rosario de la aurora en tiempos de Agustín Medina con una condena por despido improcedente del funcionario-.
Así, el grupo formado por Joaquín Costa -presidente-, Juanra Marrero -coordinador institucional - y Berdi Pérez -director deportivo- ha chocado frontalmente con el bloque capitaneado por Alberto Miranda -al que le ha tocado defender los intereses del Cabildo-.
Ahora, a la espera de que el nuevo gobierno del Cabildo tome decisiones -se encargará una auditoría al sospechar que las cuentas han sido maquilladas-, cada bando toma posiciones. Joaquín Costa, a diferencia de los presidentes anteriores, no ha puesto su cargo a disposición tras las elecciones, y Alberto Miranda, con un año más de contrato tras su reciente renovación, trabaja para que la entidad no se detenga por los vaivenes políticos.
