El exconsejero delegado del F. C. Barcelona, Óscar Grau, y el exresponsable del servicio jurídico, Román Gómez Ponti, declararon este lunes ante la jueza del 'caso Barçagate', donde comparecieron en calidad de imputados, que fue el entonces presidente de la entidad, Josep Maria Bartomeu, quien ordenó "directamente" la contratación del grupo empresarial Nicestream, donde figura I3Venture, para la motorización de los comentarios que pudieran salir sobre del Barça en las redes sociales, aunque recalcaron que desconocían que se habían creado perfiles falsos para difamar a opositores a su junta directiva y a futbolistas. El club llegó a pagar 2,3 millones de euros durante tres años por este servicio. Durante el interrogatorio de Gómez Ponti salió a relucir algo hasta ahora desconocido y es que el Barça desembolsó 600.000 euros por la auditoría exculpatoria encargada a PricewaterhouseCoopers (PwC).
Grau admitió ante la togada no solo que fue Bartomeu quien encargó la contratación, sino que precisó que una orden de presidencia no se discutía, según las fuentes jurídicas consultadas por este diario. El exmandatario azulgrana encargó que había que fichar a esas empresas después del referéndum del 1 de octubre del 2017, pero ambos dijeron que desconocían los motivos por los que tomó esa decisión y no la cuestionaron. Los contratos los ejecutó, según el exconsejero delegado, el segundo del club, Jaume Masferrer, que es quien mantuvo los contactos con Carlos Ibáñez, el administrador del grupo empresarial. Estos dos últimos están también imputados.
Niegan el fraccionamiento
Tanto el exconsejero delegado como Gómez Ponti, investigados por presunta corrupción en los negocios y administración desleal, negaron que se fraccionaran los contratos para escapar del control de otros organismos del club y subrayaron que cada una de las empresas del grupo al que se encargó la monotorización de las redes "tenía un ámbito de actuación", según las mismas fuentes jurídicas. Sin embargo, el exasesor jurídico del Barça, por el que pasó todos los contratos, si que admitió que la segunda temporada se dio cuenta que el 80% u 85% de los contratos tenían el mismo objetivo, aunque los siguió validando.
Ninguno de los dos imputados cuestionaron en su día la cuantía económica acordada por el servicio y este lunes aclararon que era "precio de mercado", sin sobrecostes. Ambos imputados rechazaron que tuvieran conocimiento que entre las labores que hacían estas sociedades era difundir mensajes difamatorios contra opositores a la junta directiva. Y sobre que algunas de estas firmas está radicada en el extranjero, como en Uruguay, y por lo tanto los contratos estaban sometidos a la legislación de esos países, el exasesor jurídico afirmó que "no les iba mal". Los Mossos sostienen que se utilizaron hasta ocho empresas para encubrir estos pagos.
Gómez Ponti, a preguntas de un abogado, desveló lo que hasta ahora había sido un casi un secreto y es lo que pagó el Barça a PwC por la auditoría que exculpaba al equipo de Bartomeu en las presuntas irregularidades en la contratación de esos servicios. 600.000 euros son los que desembolsó el club por ese informe cuestionado por los Mossos d'Esquadra durante su investigación. En opinión del exresponsable de los servicios jurídicos el precio no es desorbitado, sino que estaba "en la banda baja", detallaron las fuentes jurídicas. Gómez Ponti se refirió también ‘compliance officer’ (responsable de prevención de delitos) del club, Noelia Romero, que fue despedida por Bartomeu mientras estaba investigando las presuntas irregularidades en los contratos bajo sospecha. En sus opinión, este departamento era un desastre y concretó que los motivos del despido está en la carta que le envió el club.
